El asesinato de dos menores de edad en la comunidad de La Patrona en el municipio de Amatlán, provocó la indignación de la sociedad, pues mientras la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) afirma que su muerte ocurrió como parte del “fuego cruzado” en un enfrentamiento entre delincuentes y policías, su familia asegura que fueron “las balas del Estado” las que acabaron con la vida de Jonathan Herrera Aguilar y Eduardo Jiménez Aguilar, de 14 y 15 años de edad.
Este no es el primer caso en que la actuación de los policías estatales ha generado denuncias por uso excesivo de la fuerza, y a estas se suman detenciones arbitrarias, actos de tortura, entre otros que han sido documentadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en las recomendaciones emitidas a este cuerpo policiaco a cargo del secretario Hugo Gutiérrez Maldonado.
Tras los hechos de este fin de semana y las protestas que derivaron en la toma de carreteras para exigir justicia y una investigación contra los policías estatales, abogados, académicos y la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) advierten que más que revisar los protocolos, lo que se requiere es que se cumplan pues las leyes y reglamentos marcan en qué momentos y en qué proporción se debe hacer uso de la fuerza.
Quejas por abusos van en aumento
La CEDH señala que las quejas contra la SSP van en aumento, pues mientras en 2020 recibieron 182, en los primeros seis meses de este año suman 142 quejas.
De seguir a este ritmo al finalizar, el año la SSP duplicaría las quejas.
Del total de quejas presentadas en 2020: Fueron 27 las que generaron recomendaciones y otras más están en integración. En este año, van siete recomendaciones hechas a esta dependencia. La SSP ha cumplido entre el 50 y 70 % de las recomendaciones.
La presidenta de la CEDH en Veracruz, Namiko Matzumoto Benítez, indicó que el mayor número de quejas tiene que ver con vulneración del derecho a la seguridad jurídica, el derecho a la integridad personal así como a la inviolabilidad del domicilio.
A los hechos de Amatlán, se suma la agresión que elementos de la SSP realizaron en contra de periodistas que cubrían el desalojo de un bloqueo en la autopista Coatzacoalcos-Villahermosa, en el sur del estado. Los reporteros señalaron durante el operativo realizado este fin de semana para desbloquear la vía, fueron golpeados por policías a pesar de haberse identificado.
La respuesta del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, fue que en el caso de Amatlán los menores murieron como resultado de fuego cruzado y que por tanto se deben revisar los protocolos de actuación de los elementos policiacos para que puedan decidir “en qué momento retirarse” para preservar la vida de los ciudadanos, especialmente en enfrentamientos que ocurran en zonas urbanas.
Sobre el sur del estado, el mandatario dijo que en este caso los ciudadanos que bloquearon la carretera como protesta por la detención de varias personas fueron “azuzados por malandros” luego de la detención de al menos cuatro personas a las que les hallaron bombas molotov con las que pretendían prender fuego a comercios.
Abusos policiacos son sistemáticos y se desconocen sanciones: Víctor Andrade
El académico del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la Universidad Veracruzana, Víctor Manuel Andrade, advirtió que en Veracruz se está viviendo una situación delicada desde el inicio de este gobierno por los abusos policiales, que se ha convertido en un ejercicio abusivo de las fuerzas del orden avalado por sus mandos superiores.
“No se da una investigación ni tenemos presuntos responsables de estos acontecimientos, de estos homicidios. Pareciera ser que estos abusos, ya no son circunstanciales o casuales, sino que es sistemático, pareciera ser que la policía tiene la autorización de los mandos superiores para que actúen así porque no hay control, no hay sanción, una medida disciplinaria para frenar esto. No hay investigación”.
Advierte que resulta una “desfachatez” del secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, por dementar casos como el de Amatlán, “como si fueran casos menores” y en cambio responsabiliza a la delincuencia organizada para evitar responsabilidades, lo mismo que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, por lo cual dijo Veracruz vive en una situación de alarma.
“No da importancia a los acontecimientos, no da una respuesta política satisfactoria porque evidentemente dado cómo ocurrieron las cosas, pareciera que hay un respaldo de la máxima autoridad a esta violación sistemática de derechos humanos y el Estado de Derecho, de una actuación al margen de la ley de los cuerpos policiales que debiera ser motivo de preocupación no solo del Gobernador. Llama la atención el silencio de los partidos de oposición, de los diputados del Congreso, cuya comisión del ramo pudiera llamar a comparecer al secretario de Seguridad Pública”.
Hay protocolos de actuación policiaca que deben seguirse: CEDH
La presidenta de la CEDH en Veracruz, Namiko Matzumoto, consideró que existen los protocolos y reglamentos que marcan cómo deben actuar estos cuerpos policiacos y que por ello si lo que se busca es disminuir la violación a los derechos humanos de los ciudadanos, los integrantes de la dependencia deben apegarse a estos.
“Tienen una tarea específica, están facultados para hacer uso de la fuerza, inclusive bajo ciertos parámetros, de la fuerza letal, pero tiene que ser en estricta proporción, con razonabilidad y absoluto respeto a los derechos humanos; de esto hablan los protocolos de actuación, las normas que rigen la función de las fuerzas de seguridad, así que en la medida en que la actuación de las fuerzas de seguridad se apeguen estrictamente a derecho, en esa medida disminuirán las quejas ante este organismo”.
Necesario investigar a profundidad actuación de la policía en Amatlán : Celestino Espinoza
Para el abogado, Celestino Espinoza Rivera, que llevó el caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, estos hechos en los que elementos policiacos son señalados por el uso excesivo de la fuerza están relacionados con la presunción de la violación de derechos humanos, de uso excesivo de la fuerza, y la violación de los os protocolos que existen para el uso de la fuerza.
Dijo que el ejemplo está en lo que ocurrió en Amatlán, pues dijo que primero debió hacerse una investigación para determinar por qué murieron los menores de edad, así como quiénes son los responsables y luego salir a dar la versión, lo cual en este caso no ocurrió porque lo que se hizo fue asegurar que su muerte se debió a un fuego cruzado sin tener más elementos que las afirmaciones de la SSP.
“Hay dictámenes forenses, de balística, que pueden determinar la trayectoria de las balas y una vez con eso podrían dar un posicionamiento; sin embargo, el hecho de que comunicación social de Seguridad Pública de inicio habla que fue un fuego cruzado, habla de la intención de justificar la actuación de sus elementos. No podemos decir que son totalmente responsables, pero debían ser mesurados e instruir las investigaciones y posteriormente dar los resultados”.
Por ello también coincidió en que no es necesario que los protocolos se revisen, sino que se cumplan para garantizar que la actuación de los policías está en el marco de derecho. Y advirtió que el problema es que las policías se conforman con elementos que no están certificados a pesar de que la Ley de Seguridad señala que no se pueden dar nombramientos si los policías no han sido certificados.
“Tendrían que cumplirse y derivado de ello ver si se justifica el uso de la fuerza, pero culpar a la norma y no determinar la responsabilidad de los elementos yo creo que es más como una forma de decir que se está actuando pero sin hacer mucho”.
La historia de los abusos policiacos
La lista de casos en los que ciudadanos han denunciado a elementos policiacos con actuaciones fuera de la ley es larga. Los casos van desde señalamientos de privación ilegal de la libertad, hasta violaciones por parte de policías.
El 15 de marzo de 2019, una profesora del puerto de Veracruz denunció que fue detenida por elementos de la SSP cuando viajaba de su lugar de trabajo en el municipio de Tlalixcoyan; fue sometida por policías que llegaron en cinco patrullas, la privaron de su libertad y fue violada sexualmente en varias ocasiones. Tras estos hechos presentó una denuncia contra elementos de la Fuerza Civil, pero se desconoce los avances de la investigación.
El 25 de marzo de 2019, el albañil Isaac Alejandro Pérez Rivera fue abatido en la localidad de El Dorado, en el municipio de Úrsulo Galván; las autoridades afirmaron que murió en un enfrentamiento entre policías y presuntos delincuentes. Su esposa señaló que la policía lo detuvo con vida y luego le informó que había sido “abatido durante el enfrentamiento”, por esta razón presentó una queja ante la CEDH.
El 9 de enero de 2020, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) entraron en una vivienda de la localidad de Tepetzintla en el municipio de Atzalan. Ahí fueron asesinados María Magdelena, una niña de 11 años de edad y su abuelo Berllamino Cardeña de 63 años. Los policías encañonaron a su esposa a quien le pidieron entregar armas y dinero, que no tenían. La ataron a un pilar mientras Berllamino intentó defenderse, sin éxito. En el intercambio de disparos María recibió una bala en la cabeza. Las autoridades señalaron a la familia de haber resguardado a un grupo de delincuentes. Por estos hechos se presentó una queja ante la CEDH que aún está en integración.
El 11 de febrero de 2020 periodistas de Isla fueron agredidos por elementos de Fuerza Civil que usando sus armas amenazaron de muerte a Julia Santín, Brígida López y Edna López, y golpearon a Alberto Carmona, mientras que Sergio Herrera y César Estrada fueron privados ilegalmente de su libertad. Los hechos ocurrieron cuando los reporteros cubrían una protesta frente a la instalaciones de la Policía Federal tras la detención de un pescador. En la manifestación los inconformes lanzaron piedras y palos a las instalaciones de la PF y en respuesta los policías dispararon al aire y en la gresca agredieron a reporteros a pesar de haberse acreditado como prensa.
El 9 de octubre de 2020 en Álamo una estudiante de la Facultad de Pedagogía murió en “un fuego cruzado” durante un enfrentamiento entre policías y presuntos delincuentes, de acuerdo con la versión de las autoridades de la SSP. La SSP informó que los policías repelieron una agresión y “neutralizaron a dos sujetos”, entre ellas Ximena, de 20 años, que se dijo había sido secuestrada momentos antes.
El sábado 2 de mayo de 2020 se reportó el fallecimiento de Andrés Navarro de 33 años al interior del Cuartel San José tras ser detenido por elementos de la SSP; sus familiares señalaron que el cuerpo del rapero y diseñador presentaba signos de violencia, por lo que acusaron que la causa de su muerte fueron los golpes propinados al interior de este lugar. Las autoridades señalaron que murió de un infarto fulminante. El 24 de octubre de 2020 Gustavo Ortiz Hernández fue llevado detenido al Cuartel San José, horas más tarde les informaron a sus familiares que había muerto, su familia advierte de posibles actos de tortura y que habría sido asfixiado hasta la muerte.
El 26 de junio pasado, José Antonio May González, quien se identificó como empresario de comercializadora de Río Blanco, denunció que el pasado 19 de junio elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de la Policía Ministerial y de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado (UECS) irrumpieron de manera ilegal en una bodega de su propiedad, con la justificación de que ahí había una persona secuestrada. Los señaló de entrar sin orden de cateo, de manera violenta, golpearon y someter a por lo menos 40 empleados que se encontraban en el sitio, además de robar 1.5 millones de pesos destinados al pago de nómina. La postura del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, es que una de las bodegas del empresario estará relacionada con una banda de delincuentes de la zona.
AVC
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