La titular del Órgano de Fiscalización Superior, Delia González Cobos podría incurrir en incumplimiento de un deber legal y tráfico de influencias al informar a un medio de comunicación del Puerto de Veracruz, del posible daño patrimonial de la Cuenta Pública 2019.
La funcionaria del Orfis informó que el daño patrimonial de los municipios podría superar los dos mil 500 millones de pesos, información que debía mantener en resguardo hasta entregar el informe a los diputados locales.
La ley de Fiscalización establece en su artículo 58 que los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo se entregarán al Congreso, por conducto de la Comisión, a más tardar el primer día del mes de octubre del año de presentación de las Cuentas Públicas correspondientes.
En este caso, el Congreso otorgó una ampliación en el plazo de entrega hasta el mes de julio de este año, con motivo de la contingencia sanitaria por el virus Sars CoV-2.
La misma ley determina que los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo, tendrán el carácter de públicos, y se mantendrán en el portal de internet del Órgano, en formatos abiertos conforme a lo establecido en la legislación aplicable en materia de transparencia y acceso a la información pública.
Eso ocurrirá sólo cuando el informe haya sido presentado ante la Comisión de Vigilancia del Congreso local, antes del día 31 de julio.
En el tercer párrafo el artículo 58 detalla que “el Órgano deberá guardar reserva de las actuaciones, observaciones y recomendaciones contenidas en los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo, hasta en tanto se entreguen a la Comisión”.
González Cobos fue omisa de esa obligación de la legislación local al dar a conocer el monto de posible daño en los 212 municipios del estado.
Sumado a lo anterior, acudió a una casa editorial vinculada a la secretaría de la Comisión de Vigilancia, Mónica Robles Barajas; la entrevista la dio en el medio de comunicación Imagen del Golfo.
En el directorio del medio de comunicación aparece Mónica Robles de Hillman, es decir, la diputada local con su nombre de casada.
AVC/Isabel Ortega
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