Para los primos Jonathan y Eduardo era una tarde de viernes cualquiera. Juntos lavaban una camioneta, vestidos como se acostumbra en tierra de calor: shorts, bermudas y sólo Jonathan de playera amarilla. Su plática se interrumpía por el murmullo y los gritos de decenas de personas que habían bloqueado la carretera estatal Amatlán-Cuichapa.

Los manifestantes de la comunidad de La Patrona –famosa porque ahí nació la historia de Las Patronas, mujeres que arrojan comida cada día a cientos de migrantes que viajan sobre el lomo de la bestia-, denunciaban el ingreso esa mañana de al menos una decena de unidades de la Fuerza Civil estatal para atracar a la población.

En un video grabado esa tarde y difundido en redes sociales, uno de los pobladores denuncia la agresión. “Estamos hasta la madre. Va a pasar lo mismo que pasó en Michoacán: nos vamos a armar en el pueblo”, dice a la cámara un hombre joven cuyo rostro sólo se oculta detrás de un cubrebocas azul.

Detrás de él, algunas personas con cartulinas y palos deambulan entre los policías y camionetas; los uniformados no persiguen a nadie. Todo parece ser una manifestación cualquiera. La tragedia estaba por llegar.

De repente, lo que pareciera una entrevista, se interrumpe por la primera detonación de un arma de fuego. Se hace un breve silencio y se escucha el rugir de la primera ráfaga de armas largas. Muchos de los manifestantes corren a protegerse, otros se quedan inmóviles, sin temor, tal vez sin entender qué es lo que está pasando metros adelante. No se logra observar quienes disparan.

Los policías parecen no inmutarse, no parece ser un enfrentamiento porque la gente sigue ahí, expectante. Suponen que se trata de disparos al aire. Todo es confusión, pero no se observa por ningún lado el fuego cruzado. Se escucha una segunda refriega y a lo lejos se observa como las patrullas hacen maniobras para salir del lugar, en sentido contrario al sitio de los disparos.

La cámara alcanza a registrar el SP-3389 de la camioneta balizada, mientras los elementos suben apresuradamente para iniciar la estampida. No hay persecución, sólo ellos toman la carretera, mientras los pobladores les lanzan piedras y palos. Todo parece volver a la calma pero la tragedia se ha consumado.

Los cuerpos de Jonathan y Eduardo, de 13 y 15 años de edad, yacen tendidos sobre el patio lodoso de lo que las autoridades dijeron se trataba de un autolavado. Pero no se ven las marcas de las llantas de ningún vehículo, tampoco tambos con agua o herramientas de trabajo. Sólo el cuerpo de los jóvenes en medio de un charco de sangre y lodo, mientras delgados hilos de sangre corren de sus heridas mortales.

Como en Cruz de Navajas, otra miente en el noticiero: dos niños de 13 y 15 años murieron a tiros en medio de un enfrentamiento armado entre elementos de la Fuerza Civil de Veracruz y un grupo de presuntos integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). No murieron, los mataron.

De acuerdo con versiones policiales, hubo un reporte de dos vehículos con gente armada que circulaban en la comunidad, por lo que se implementó un operativo especial. Elementos de la Fuerza Civil, el grupo élite de la SSP, fueron recibidos a tiros, lo que generó un enfrentamiento que dejó dos muertos: los niños que limpiaban una camioneta en el patio de su vivienda. Los delincuentes huyeron del lugar sin que las autoridades lograran detenerlos. (sic).

La narrativa oficial está llena de contradicciones. Unas horas después del fallido operativo, difundieron la fotografía de Gregorio Arenas, alias el Wester”, señalándolo como el responsable del enfrentamiento donde murieron los dos menores. Ni siquiera pudieron sostener la teoría de que murieron por balas de los delincuentes y no de la policía. El gobierno del estado no volvió a emitir opinión.

Tres días después, el gobernador Cuitláhuac García tendió un manto de impunidad: “la Fiscalía ya investiga, el Secretario ya tomó cartas en el asunto; hay que afinar la actuación de la policía y considerar la “retirada” en casos así.” Investido nuevamente como vocero de la Fiscalía, confirmó con su silencio que no hay ninguna investigación en contra de los policías, sólo de los delincuentes a quienes ya se les declaró culpables.

Ante la violencia que vive el estado, la Fiscal Verónica Hernández Giadans ha desaparecido. Enfrascada en perseguir a adversarios políticos durante la campaña electora, ha guardado un ominoso silencio ante las acusaciones de tortura en el caso de Río Blanco y de la violencia criminal de la policía estatal en Amatlán y Coatzacoalcos. Sólo dice y hace lo que le ordenan desde palacio de gobierno.

Pero los pobladores saben perfectamente quien mató a Jonathan y Eduardo: la policía del estado.

La del estribo

1. Aunque se burlen de la política de “abrazos y no balazos”, el presidente pide que lo ayuden a conseguir la paz. Lo dijo desde un amurallado palacio nacional. ¡De Aguililla a Amatlán, la burla presidencial es excelsa!

2. A través de distintos medios de comunicación, el diputado local Gómez Cazarín ha lanzado la advertencia de que no se irá, que es mucho lo que el gobernador le debe, así que aunque la ley diga lo contrario, el permanecerá en el cargo legislador y coordinador de la Jucopo. El mensaje ya lo recibieron en el OPLE, ¿por eso la demora en sacar el acuerdo para la asignación de las diputaciones plurinominales?