El 29 de junio, especialistas de Argentina, México y Chile reflexionaron sobre género, familia y derechos humanos en el Coloquio Internacional “Derechos Humanos, a 10 años de la Reforma Constitucional Mexicana de 2011”.

El evento fue organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UV y la Universidad de Xalapa.

29/06/2021, Xalapa, Ver.-Especialistas de Argentina, México y Chile formaron parte de la Mesa 1 “Género, familia y derechos humanos” del Coloquio Internacional “Derechos Humanos, a 10 años de la Reforma Constitucional Mexicana de 2011”, organizado por la Universidad Veracruzana (UV) y la Universidad de Xalapa (UX). 

Este evento virtual tuvo lugar el martes 29 de junio y continúa el miércoles 30; fue presidido por Petra Armenta Ramírez, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UV, y Carlos García Méndez, rector de la UX. Contó con la participación de Jacqueline Quijada Cárdenas, consejera técnica del Juzgado de Familia del Centro de Justicia Antofagasta, en Chile. 

Asimismo, de José Manuel de Alba de Alba, magistrado federal del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito; Agustina Pérez, oficial de Derechos Humanos, Empresa y Derechos Humanos de la Unidad de Empresas y Derechos Humanos, en Ginebra, Suiza; y Ubaldo Márquez Roa, catedrático e investigador de la UX. 

Desde Argentina, Agustina Pérez, especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Género por la Universidad de Buenos Aires, destacó que con base en el Foro Económico Mundial (FEM) con sede en Ginebra, se requieren 99 años para alcanzar la igualdad de género, y 257 años para lograr la igualdad económica. 

En este sentido, expuso tres argumentos para involucrar a los distintos actores en este compromiso y responsabilidad de respeto hacia los derechos humanos por parte de las empresas y estados. 

El primero, se refiere al poder económico y político, pues hay estudios que demuestran que los ingresos de tres corporaciones internacionales, entre ellas Walmart, fueron superiores al producto interno bruto (PIB) de 110 países. 

Por ello, las empresas también deben comprometerse a otorgar recursos para garantizar los derechos humanos, estabilidad e impacto positivo en la sociedad. 

El segundo, es el caso de negocios, ya que está documentado que la igualdad de género tiene un gran potencial sobre las economías y si las sociedades prosperan o no. 

Mientras que otro estudio indica que tener más mujeres en puestos de liderazgo puede llegar a generar hasta un 44 por ciento de aumento del PIB. 

Además, este sector tiende a cubrir mejor las necesidades básicas de las familias, lo cual contribuye al desarrollo sostenible y a la reducción de la pobreza. 

En la mesa de análisis, moderada por Carlos Antonio Vázquez Azuara, doctor en Derecho Público, planteó que los estados tienen la obligación de proteger, garantizar los derechos de las mujeres y la igualdad; y las empresas la responsabilidad de reconocer que hay una situación de desigualdad y discriminación. 

La pregunta, dijo, es si el Estado mexicano puede regular a las empresas y exigirles un comportamiento acorde y de respeto hacia la igualdad de género, lo cual se ve materializado en la cantidad de mujeres en puestos de liderazgo. 

No obstante, según la consultora McKinsey, ocho de cada 100 directores generales de empresas son mujeres; mientras que los hombres tienen 82 por ciento más de posibilidad de ser ascendidos. 

Con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de México (ENOE), las mujeres están más capacitadas que los hombres, tienen un mayor nivel educativo, pero sólo tienen entre el ocho y 10 por ciento de los cargos ejecutivos. 

Desde la experiencia de su país, Jacqueline Quijada habló sobre la efectividad del derecho de niños y adolescentes a ser escuchados. 

Como consejera técnica del Tribunal de Familia se refirió a las acciones implementadas en procedimientos especiales como: violencia intrafamiliar, medidas de protección de niñas, niños y adolescentes, cuyo objetivo es resguardar el bienestar físico y psíquico de este sector vulnerado en salud, educación y clima armonioso. 

También, mencionó el aumento de casos de abuso sexual durante esta pandemia; las medidas de protección hacia los infantes vulnerados; y los procesos de atención en maltrato grave, y otros programas para conductas abusivas y prácticas sexuales de niños menores de edad. 

En su intervención proyectó un video para generar conciencia sobre el proceso judicial por el que atraviesan los niños en estos casos. 

José Manuel de Alba de Alba resaltó que a partir de la Reforma Constitucional Mexicana de 2011 empezó a haber una obligación del Estado por defender el desarrollo y organización de la familia en términos de equidad, igualdad e interés superior en el menor de edad. 

La fuerza normativa de dicha Constitución debe reflejarse en todo el ámbito legal, sin embargo, es un paso lento y complicado porque no concuerdan los principios señalados en ese documento con las cuestiones del derecho civil. 

 “Encontramos un desfase y empieza a haber una tensión que se da en este tipo de circunstancias, lo que debe solucionarse de la forma más apegada a la Constitución.” 

Por tanto, es el juzgador el que debe resolver esa tensión entre la ley y la Constitución, agregó.  

Por su parte, Ubaldo Márquez, experto en temas de género y familia y con diversas obras publicadas en estos rubros, desarrolló el tema “El silencio de las masculinidades”, pues son pocos los trabajos enfocados en estudios relativos a las masculinidades, es decir, dejan de lado este tipo de género. 

“En pleno siglo XXI vivimos en sociedades sumamente sexualizadas, a pesar de la reforma de derechos humanos, donde los conceptos de equidad e igualdad son propiamente estados conforme a las democracias liberales, los estudios de género desde el ámbito doctrinal y práctico, se basan en escrutinios intermedios.”