Suponiendo sin conceder que en la bodega de Río Blanco había indicios sobre una posible actividad delictiva –algo que hasta ahora no ha probado la Fiscalía del Estado-, la irrupción de policías estatales y agentes ministeriales, sin orden judicial de por medio, representó una acción ilegal por parte de la autoridad. ¿Por qué si tenían los pelos de la burra en la mano, decidieron actuar a la antigüita?

El fin de semana, el comerciante José Antonio May difundió un video en el que se observa a presuntos elementos de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) sometiendo y pateando a trabajadores de una bodega de su propiedad. Acusó también del robo de computadoras y más de un millón de pesos.

La irrupción de los elementos vestidos de uniforme y de civil fue desestimada por el Gobernador bajo dos argumentos falaces: que el empresario afectado no presentó una denuncia ante la Fiscalía, es decir, ante la misma institución que violentó su propiedad; y porque el video que exhibe el atraco pudo ser manipulado, algo de lo que el mandatario tampoco tenía prueba alguna, sino el afán de proteger a los elementos policiacos.

Si los policías tenían pruebas de la actividad delictiva, por qué entonces no pedir al juez la orden de cateo, dejar que las cámaras del inmueble grabaran libremente el ingreso al inmueble y la detención de los sospechosos; y finalmente, llevar a los responsables ante el fiscal investigador. Por una sencilla razón: todo estaba fuera de la ley. Y lo que es peor, contó con el aval al más alto nivel de la autoridad.

El encubrimiento hecho por Cuitláhuac García no tendrá, al menos por el momento, ninguna consecuencia jurídica porque no hay delito que perseguir ante la ausencia de la denuncia penal. El mandatario veracruzano supone que un video puede ser editado pero descarta por completo la posibilidad de que los policías pudieran violar la ley e incluso sembrar evidencia para justificar su actuación. Nada de eso se sabe porque la Fiscalía está al servicio del Poder Ejecutivo.

En su conferencia de prensa de ayer, Cuitláhuac dijo que se investigará el presunto acto de tortura por parte del director de la Unidad Antisecuestros, Rodolfo Astudillo Medina, en contra del empleado de una bodega en Río Blanco, aunque reclamó que los “malandros” utilizan a supuestos medios de comunicación para inferir en la opinión pública.

Esta misma acusación la hizo el ex gobernador Javier Duarte cuando en un encuentro con periodistas en la ciudad de Poza Rica, les pidió “portarse bien”, al señalar que tenía información de que algunos medios o periodistas servían de voceros a los delincuentes, casi de la misma forma en que ayer lo dijo Cuitláhuac García. ¿Y entonces por qué no actúan en consecuencia?

“Lo que se encontró después de las investigaciones es que pseudo empresarios pactaban con esta banda a fin de que les pasaran la mercancía robada y ellos la simulaban como una compra con otras facturas que compraban también el tipo de mercancía y entonces encubrían el robo”, dijo el Gobernador.

Por la información a la que tiene acceso, seguramente eso es cierto. La declaración la hizo justo después de participar en la mesa de Seguridad junto a los mandos de la Marina y el Ejército. Pero volver a los tiempos de la justicia de horca y cuchillo sólo allana el camino para que el juez los libere por violaciones graves a los derechos humanos y el debido proceso.

Lo que sucedió en Río Blanco es uno más de los muchísimos eventos de abuso de autoridad y hasta privación ilegal de la libertad en los que se han visto involucrados policías y agentes ministerales. ¿Los seguirá encubriendo?

El niño migrante

Por años, hemos visto escenas verdaderamente desgarradoras sobre lo que sufren los niños que forman parte de las caravanas de migrantes; muchos de ellos ni siquiera viajan con sus padres, sino que son enviados verdaderamente al matadero. No tienen idea del infierno que les tocará vivir.

Ayer el diario El Universal publicó una foto impactante de un pequeño de apenas dos años, semidesnudo, parado a un costado de la valla de protección de la autopista a Las Choapas, a tan sólo un par de metros del cadáver de una persona, quien murió por asfixia. Los migrantes, presumiblemente de origen guatemalteco, fueron abandonados dentro de la caja de un tráiler.

El pequeñito de dos años lloraba mientras se acercaban una paramédico y un elemento de la Guardia Nacional. Es una bestialidad inenarrable lo que sufren los niños, arrastrados por la desesperación de sus padres. Dios lo proteja siempre.

 La del estribo…

  1. Llamar «golpistas» a los padres de niños con cáncer por reclamar medicinas es esquizofrenia pura. La mente criminal de López-Gatell lo hace regodearse del dolor y la muerte de inocentes. Cuando la 4T lo deseche tendrá que pagar por su actuación criminal. Mientras, que se prepare porque mañana le demostrarán que son más de 20.