Mañana 22 de junio vence el plazo para que el Congreso de Veracruz armonice la Constitución local con nuestra Carta Magna y garantice el derecho ciudadano a solicitar la revocación de mandato del Gobernador del Estado. A pesar de que se trata de una iniciativa promovida por el presidente López Obrador, el morenismo veracruzano ha decidido ignorarlo para poner a resguardo al mandatario estatal.

En diciembre de 2019, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el Decreto presidencial por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato.

El decreto incluye un sexto transitorio que señala que las constituciones de las entidades federativas, dentro de los dieciocho meses siguientes a su entrada en vigor, deberán garantizar el derecho ciudadano a solicitar la revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo local.

El término vence mañana, en lo que será una nueva y flagrante violación a la Constitución federal por parte de un Congreso veracruzano arrogante, ignorante y omiso.

El artículo 116 constitucional, en su fracción I, también señala: “Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de seis años y su mandato podrá ser revocado. Las Constituciones de los Estados establecerán las normas relativas a los procesos de revocación de mandato del gobernador de la entidad”.

Por esta razón, el 28 de mayo del año pasado, luego de que el Congreso de Veracruz aprobara una reforma electoral tramposa con la que se pretendía salvar al mandatario estatal de la hoguera de la revocación de mandato –la SCJN la desechó por inconstitucional-, presenté una iniciativa de reforma a la Constitución de Veracruz en esta materia que contenía los cuatros requisitos sustanciales de la consulta prevista en el decreto presidencial.

  1. Que la solicitud de revocación de mandato deberá plantearse durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional, por un número equivalente, al menos, al dos por ciento de la lista nominal de electores de la entidad federativa, en la mitad más uno de los municipios o alcaldías de la entidad. Es decir, la solicitud deberá ser presentada entre los meses de diciembre y febrero próximos.
  2. Podrá llevarse a cabo en una sola ocasión durante el periodo constitucional, mediante votación libre, directa y secreta;
  3. Será vinculante cuando la participación corresponda como mínimo al cuarenta por ciento de la lista nominal y la votación sea por mayoría absoluta.
  4. La jornada de votación se efectuará en fecha posterior y no coincidente con procesos electorales o de participación ciudadana local o federal y quien asuma el mandato del ejecutivo revocado concluirá el periodo constitucional.

Sin embargo, la iniciativa –que coincide con la que en el mismo sentido presentó mi amigo el senador Julen Rementería, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara Alta-, fue arrojada a la congeladora con el propósito de transgredir la Constitución y hacer que la revocación de mandato aplique sólo al siguiente Gobernador. ¡Con gusto me someteré a ella!

La revocación de mandato no es otra cosa que realizar una consulta para decidir sobre la permanencia del Gobernador del estado en función de su desempeño y resultados. No se trata de destituir al mandatario como una disputa entre partidos políticos, sino garantizar la potestad ciudadana de que, si un gobernante no cumple, tiene que ser relevado del cargo para que se vaya a su casa.

Quien robe, quien no cumpla, quien abuse del ejercicio del poder público o quien, simplemente, como en Veracruz, el Gobernador no tenga idea de lo que le corresponde hacer como titular del Poder Ejecutivo, concluirá su administración de manera anticipada por la voluntad de los ciudadanos.

En ello radica la preocupación del actual gobierno, que tendría que hacer otra operación electoral onerosa y rapaz para conseguir mantenerse en el cargo.

Hace unos días, el Gobernador de Veracruz anunció que ya prepara otra reforma electoral. Seguramente, como sucedió con la que fue anulada por la Suprema Corte, será una nueva retahíla de agravios para seguir debilitando el sistema de partidos y desmantelar al organismo electoral.

La desaparición de los diputados plurinominales y poner candados a la revocación de mandato más allá de los que exige la Constitución, son ahora los propósitos de un gobierno autoritario y pendenciero.

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