La ocurrencia nos costará algo así como 890 millones de pesos. Además, seremos el único país en el mundo donde se hace una consulta para saber si el Presidente debe cumplir con la ley y enjuiciar a los ex presidentes en caso de contar con pruebas sobre delitos cometidos.

Este jueves se publicó en el Diario Oficial de la Federación la ley para realizar la consulta pública sobre el juicio a los expresidentes del “periodo neoliberal” que propuso el Presidente. La consulta popular el próximo primero de agosto y desde ahora ya se vaticina una verdadera pachanga.

No habrá boletas con papel seguridad, así que se podrán duplicar tantas sean necesarias para simular una alta participación; no habrá funcionarios de casilla porque no hay recursos para ello, así que el INE les correrá la invitación a quienes lo fueron en la elección de hace tres semanas. ¿Y si no quieren? ¿Serán los voluntarios siervos de la nación? Tampoco habrá Consejos distritales, ni capacitación, ni nada que asemeje a un proceso electoral convencional.

No hay que ser adivinos para saber el resultado. Una abrumadora mayoría apostará porque se lleve a la hoguera judicial a los ex presidentes, aunque muy pocos tengan la más peregrina idea del por qué. De hecho, la pregunta es tan pedorra, que ni siquiera queda claro que es lo que se quiere consultar.

La Suprema Corte de Justicia se prestó al juego del Presidente y ante lo inconstitucional del propósito de la consulta, intentó enmendar la plana dando el aval para no dejar en ridículo al mandatario, pero modificando el cuestionamiento original, cargado obcecación y delirio.

López Obrador mandó a la Corte la siguiente pregunta: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.

Y esta es la que aprobó la Corte: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”. ¿Qué quiso decir la Corte?, quien sabe.

Las acciones pertinentes no significan juicio; “emprender un proceso de esclarecimiento”, tampoco. “Esclarecer las decisiones políticas tomadas en los años pasados” es demencial. Cada día se toman cientos de decisiones políticas y todas tienen un impacto en la vida económica y social del país. ¿A cuáles años pasados se refiere? A los últimos cuarenta años, a los últimos tres. ¿Quién determina la temporalidad del “esclarecimiento”, y con base en qué se decide que sea un periodo de tiempo y no otro?

Y la cereza en el pastel es que las acciones pertinentes y el esclarecimiento de las decisiones políticas recaerán sobre los “actores políticos”. ¿Cuáles? Actores políticos son ex presidentes, gobernadores, legisladores, funcionarios públicos, dirigentes de partidos políticos. ¿Quién decidirá quienes son actores políticos? ¡Qué locura!

La gran mayoría de los mexicanos queremos que los ex Presidentes que haya cometidos delitos de cualquier índole –no sólo por corrupción y enriquecimiento- sean llevados a juicio, pero no a cualquier precio. De la forma en que pretende hacerlo el Presidente, delegando la responsabilidad a la población y no al sistema de justicia, nos costaría una flagrante violación a la Constitución, a los derechos humanos y al debido proceso.

Como todos lo saben, incluso el Presidente, el juicio en contra de los ex Presidentes no necesita de la consulta popular sino de las pruebas que confirmen su responsabilidad en actos constitutivos de delito. Si la autoridad tiene indicios o pruebas de que alguien cometió un delito, debe actuar como lo manda la Constitución. Si no lo hace teniendo evidencias se convierte en cómplice; si sólo lo usa para desacreditar, para hacer propaganda electoral, es un atrabiliario, alguien que utiliza su poder para hacer daño a otros, como le definió José Woldenberg.

En realidad, nadie será enjuiciado. El artículo 35 establece que “no podrá ser objeto de consulta popular la restricción a los derechos humanos”, de tal suerte que la ocurrencia presidencial sólo servirá al linchamiento de personajes cuyos nombres ni siquiera aparecerán en la boleta de la consulta.

Pero el engaño podría ser muy rentable para el Presidente. De acuerdo con una encuesta del diario El Universal, 9 de cada 10 mexicanos está a favor de que se juzgue a los ex funcionarios que hayan cometido algún tipo de delito y un 95.6% consideró que López Obrador debe llevarlos a juicio, como si ello estuviera en sus facultades.

Triste papel el de la Suprema Corte.

Las del estribo…

1. Sería bueno saber qué desató el escándalo y la disputa por la construcción del edificio en el puerto de Veracruz que tanto molesta al Presidente. De haberlo sabido antes, ese hubiera sido el eje de la campaña en contra de los Yunes por la presidencia municipal. ¡Lástima Margarito!

2. Ayer el gobernador visitó a la Secretaria de la Función Pública del gobierno federal para avanzar en las observaciones que se hicieron a las administraciones pasadas y que siguen propagando el hedor de la corrupción. Ojalá y haya aprovechado para resolver las suyas que huelen a lo mismo.