El derecho convencional y el derecho humano a ser votado, se debe interponer a la interpretación de un órgano colegiado que desecha una candidatura al no reunir el requisito de vecindad, opinó el senador Ricardo Monreal.

El 18 de mayo el tribunal local determinó invalidar la candidatura de Miguel Ángel Yunes Márquez, como candidato a la alcaldía de Veracruz, que fue impugnado por al menos cinco partidos políticos.

El morenista, quien visitó la capital del estado, puso en duda las acciones del partido Morena, al considerar que deben ser los ciudadanos los que decidan y se deben dejar de lado las impugnaciones que obliga a que un candidato se “baje” de la contienda.

Acompañado de senadores, magistrados del tribunal electoral y académicos de una universidad privada, invitó a los ciudadanos a acudir a las urnas con la intención de elegir de manera libre a sus representantes a nivel municipal y en el Congreso local.

“Ayer me enteré del puerto, yo espero que se resuelva, porque estoy convencido que la gente decida, no hay que eliminar a nadie. El derecho humano de votar y ser votado está elevado a rango constitucional y convencional, y yo prefiero que participen a eliminarlos de otra manera”.

Confió que una vez que llegue el tema a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), “se tendrá que revisar el derecho convencional, el derecho humano a ser votado, por encima de criterios menos importantes como es el domicilio y otras cosas”.

Pidió a los partidos políticos dejar de lado la descalificación, que no se genere un clima de inseguridad, no comprar y coaccionar el voto, y dejar que los ciudadanos participen de la fiesta cívica.

También pidió a los gobernadores a dejar de lado la persecución política, pues no se deben usar las instituciones con fines electorales, pues eso tarde o temprano se va a revertir.

Pidió a no polarizar más a la sociedad, “No estoy de acuerdo en cortar cabezas (…) respeto la decisión del Tribunal. No conviene polarizar más Veracruz”.

El senador dijo que, si bien ya no hay la presencia tan descarada de usos de programas sociales, por ser un delito grave, los delitos electorales no han pasado desapercibido en el Congreso federal, pero no hay personas sentenciadas por ese efecto.

Al referirse al trabajo del Congreso, reconoció que se podría caer en desacato, y en ese caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que actuar en consecuencia por el incumplimiento de los mandatos.

AVC/Isabel Ortega

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