Qué nos seas eterna má. Felicidades
Alejandra Garnica Sánchez, una ácida crítica del Presidente López Obrador y su Cuarta Transformación, logró su ratificación como Gerente Regional Zona Sureste de Telecomm-Telégrafos, tras aceptar imponer a los trabajadores telegrafistas a su cargo la eliminación de algunas de sus prestaciones laborales.
Lo que parecía un caso aislado, empieza a convertirse en un modus operandi de algunos titulares de dependencias del gobierno federal para amedrentar a los burócratas y ordeñarles sus nóminas, so pena de despido para quien se niegue a realizar la ‘aportación voluntaria’ o denunciarlo ante las autoridades.
Apenas el lunes pasado, Animal Político publicó desde marzo de 2019 –es decir, cuatro meses después de iniciado el gobierno-, la directora del Sistema Nacional DIF, María del Rocío García Pérez, y dos de sus colaboradores, obligaron a mil funcionarios de la institución a entregarles entre 2 y hasta 4% de su salario mensual a condición de mantener el empleo. Por esta denuncia, la Secretaría de la Función Pública (SFP) abrió un expediente de investigación apenas este 23 de abril.
En el caso de Telecomm-Telégrafos -un organismo público descentralizado del gobierno mexicano, que forma parte de la Secretaría de las Comunicaciones y Transportes- se ha empezado a realizar la misma práctica, sólo que en este caso no como una ‘aportación’ para un programa social, sino con el retiro obligado de prestaciones establecidas al amparo de la Ley Federal del Trabajo.
En realidad se trata de un entramado a nivel nacional orquestado por María del Rocío Mejía Flores, Directora General de Telecomm, impuesta por el nuevo gobierno a partir de septiembre pasado. Desde su llegada, inició una persecución de los trabajadores encargados de las oficinas del organismo en todo el país, suspendiendo unilateralmente y sin notificación alguna, el pago que se hacía cada tres meses como bono de productividad, el pago de puntualidad, además de suspender los permisos económicos.
En Veracruz, esa fue la tarea encomendada a Alejandra Garnica, quien para cumplirla ha proferido amenazas de denunciar sin fundamento –o fabricando delitos- al personal administrativo o llevarlos a largos juicios laborales en caso de que se nieguen a aceptar los descuentos.
El argumento de las funcionarias –quienes exhiben una vez más el falso empoderamiento de la mujer, hoy convertidas en ejecutoras de violaciones flagrantes a la ley laboral-, es que se trata de personal de confianza que no tiene derecho a esos incentivos, cuando en realidad se trata de personal de base que han sido habilitados como responsables de las oficinas, sin que esto afecte sus derechos y percepciones.
Con ello, el gobierno morenista pretende desconocer logros laborales reconocidos desde hace más de 20 años; sólo la desesperación de un gobierno que se desfonda financieramente explicaría la razón por la que el gobierno ha decidido hacer lo que ningún otro: llevar la falsa ‘austeridad republicana’ hasta el bolsillo de los trabajadores. Al menos en Veracruz, ni Javier Duarte se atrevió a tanto.
Algunos de los trabajadores de Telecomm en el estado también han denunciado que la institución está al borde de la extinción. Desde el inicio del gobierno de Morena, dejaron de fluir los insumos de oficina y las carencias se han cubierto precisamente con recursos de los propios trabajadores promovidos a jefes de oficina.
Por desgracia, la institución agoniza. En Veracruz ya solo hay entrega con moto en ciudades como Xalapa, Veracruz, Coatza, Poza Rica y Córdoba; en cada sucursal ya sólo trabaja una sola persona que es el Jefe de Oficina y en algunas otras con un solo auxiliar. Son ellos quienes al terminar su turno tienen que hacer entrega caminando del servicio de telegramas oficiales que son de los juzgados y administraciones municipales.
Ante las amenazas directas de Garnica Sánchez, los jefes de oficina han manifestado su temor a realizar la denuncia ante las autoridades, aunque han empezado a gestar un movimiento nacional. En un escrito dirigido a este columnista, los trabadores acusan que “acciones como estas nos hacen pensar que esto sólo es la punta del iceberg de la tendencia a un cambio radical hacia la destrucción de las instituciones”.
En el caso del DIF Nacional, las denuncias y las entrevistas confirman que los funcionarios, cuyos sueldos oscilan entre los 12 mil y los 100 mil pesos, debían entregar el dinero en efectivo para el supuesto “Programa Ahijado”, del que no hay registro oficial en la estructura del DIF. Es decir, el programa no existe y el dinero va a parar al bolsillo de la gran amiga de la esposa del Presidente.
Sin duda, la reciprocidad de la burocracia federal también habrá de manifestarse el 6 de junio.
La del estribo…
1. ¿La movilización ‘voluntaria’ de la burocracia estatal y municipal de este domingo a favor de la candidatura de Ricardo Ahued fue con su consentimiento? ¿Tan desesperados están? Podría sentarse a charlar con Rosario Piña para conocer la respuesta de los trabajadores cuando son obligados a hacer campaña.
2. Pregunta al OPLE: ¿Cuántos siervos de la nación, pagados con dinero público, trabajan como activistas de las campañas de Morena en el estado. Ricardo Ahued y Ana Miriam Ferráez suman al menos medio centenar. ¿Acaso dirán, como Dolores Padierna, que “no son parte de su equipo”?
es decepcionante la tan mentada 4ta transformación, sacrificar a la base trabajadora para seguir regalando dinero
a los q no trabajan. ganan mas los q no hacen nada, que los que día a día, gastamos en gasolina para llegar a nuestros trabajos. el dinero ya no alcanza y recortando prestaciones mucho menos .
Hoy despacha como Secretario de Información en el Comité Directivo Estatal del PRI.
Escribe con dolo manipulando la problemática del organismo
Telecomm está en quiebra gracias a las administraciones pasadas, esa administración que el columnista orgulloso presume pertenecer.
Invito al RI de la máxima casa que recuerde la historia política del país y recapitule quien se encargó de hundir este barco
Que pena ver que sus diferencias por ideas polìticas no le hagan aceptar que este gobierno nos ha afectado como compañeros, como empleados en nuestras percepciones, en todos lados hubo malas administraciones pero no habían afectado el sueldo del trabajador, primero que vean que nuestro sueldo no es como deben creer al ser de confianza, y si están de honestos que lo nivelen a un sueldo de confianza, había crencias y así se nos respetaba, abusivos es lo que son.
Soy empleado de Telecom en Yucatán desde hace ya 30 años. Y se que desde hace más de 15 años estamos en franca decadencia. Sin embargo a partir de esta nueva administración nuestras prestaciones se han eliminado de la noche a la mañana.
Se nos trata diferente a empleados de confianza y sindicalizados con el mismo nivel. Y pasamos a ser personal de última categoría. Todo esto sin ninguna explicación oficial alguna.
No entiendo cómo es que está administración quiere quitar prestaciones que están sustentadas en la ley, como comenta el compañero, nosotros que nos toca liquidar los apoyos que el gobierno reparte, nos damos perfecta cuenta que hay gente que recibe diversos apoyos y como muchas veces llegan exigiendo «su pago», desde ahí está mal este tipo de políticas clientelistas
No entiendo como compañeros se ponen justificar a esta administración cuando efectivamente, a pesar de todas las carencias no se nos había afectado en las percepciones, esto es una burla un abuso, esto nos daña y no hay quien nos defienda, muy honestos quieren poner en regla las cosas, deben ver que un sueldo de confianza no tiene nada que ver con el que percibimos, y el del entretenimiento matutino diciendo que rescataría a TELECOMM, lo que buscan es afianzar al BANCO DE BIENESTAR.
También en Fonacot están sin previo aviso quitando prestaciones y reduciendo salarios