A 30 años de la explosión de la planta de plaguicidas Anaversa, en Río Blanco, no hay justicia para quienes resultaron con afectaciones en su vida y salud, pues el estado ha incumplido con las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y un juez desechó la solicitud de amparo de nueve ciudadanos que advirtieron violaciones a sus derechos humanos en este caso.
Del incidente que ocurrió el 3 de mayo de 1991 las autoridades no reconocieron afectaciones más allá de las intoxicaciones producidas por la lluvia ácida y nube tóxica que cubrió la tercera parte de la ciudad, a pesar de que especialistas han advertido que las sustancias que ahí se producían como pentaclorofenol, ácido 2,4-D, parathion metílico, malatión y paraquat, con la explosión generaron dioxinas y furanos, altamente tóxicos que aún persisten en la zona.
El abogado Hugo Méndez Rivera señaló que en 2017 nueve personas promovieron la solicitud de amparo indirecto en el juzgado décimo sexto distrito de, bajo el expediente 1134/2017 por la vulneración de sus derechos a la protección de la salud, al ambiente sano, al acceso a la información, la libertad de tránsito y el acceso a la justicia, derivado de la actuación omisa del Gobierno para atener el accidente químico.
Pese a ello, el juzgado desechó la solicitud y fue a través de un recurso de revocación que lograron que aceptara la demanda; sin embargo dos años después, en 2019 el juzgado décimo sexto de distrito determinó sobreseer el juicio bajo el argumento de los quejosos no tenia interés jurídico, ni legítimo para poder intervenir en la demanda de amparo y no podían alegar la violación de sus derechos humanos.
Previo a la determinación del juez, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Secretaría de Salud y el Ayuntamiento de Córdoba negaron tener responsabilidad por los daños y violaciones a los derechos humanos como resultado de la explosión.
El abogado advierte que el juzgado a pesar de tener la tarea de proteger los derechos humanos “no quiso aventarse el paquete de determinar si hubo vulneración o no de derechos humanos por parte del Gobierno, tomando en cuenta las diversas omisiones de las entidades administrativas frente al caso de Anaversa”.
A 30 años de distancia, especialistas advierten que lo ocurrido en el barrio La Estación no fue un accidente pues antes de la explosión había quejas de la población por los olores que se desprendían de la fábrica y exigieron a las autoridades mover la planta a otro lugar.
La integrante del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana, Beatriz Torres Beristain, señaló que la explosión se dijo fue causado por un problema de sistema eléctrico en selladora que inició un incendio, creó una nube tóxica que se dispersó por un tercio de la ciudad; los primeros expuestos fueron los bomberos y voluntarios que acudieron a prestar ayuda; sin embargo, sin un plan de contención el agua corrió por los ríos y se contaminaron aguas subterráneas y superficiales, el agua potable y hasta de los cultivos.
Pese a que las dioxinas y furanos que se generaran provocan afectaciones el sistema endocrino, incidencia en cáncer de piel, testicular, cerebro ,estómago, colon, recto, próstata, páncreas y riñón, así como efectos en el sistema inmunológico, incremento en diabetes, reducción de capacidad reproductiva, enfermedades neoplásticas, oficialmente no se reconoció ninguna víctima mortal.
“Solo reconocieron los casos de intoxicación agudas tras el evento; se hizo un desplazamiento de quienes vivían ahí pero a los pocos días regresaron. Los efectos más graves no son los que ocurren en el momento sino a largo plazo no solo por los plaguicidas y la exposición a dioxinas y furanos”.
A días de cumplirse el 25 aniversario de la explosión se reabrió el lugar, se derribó lo que quedaba el edifico y se movilizaron los restos al predio de la colonia Paraíso y se tiró todo el cascajo contaminado con dioxinas y furanos sin mayor manejo; actualmente el sitio es considerado como uno de los 73 sitios contaminados que tiene Veracruz y un pasivo ambiental del que nadie quiere hacerse responsable.
En 1991 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 99/1991 en el que demandó al entonces secretario de Salud, Jesús Kumate Rodríguez y Desarrollo Urbano y Ecología, Patricio Chirinos Calero, repararan los daños causados, proporcionaran atención médica especializada a los afectados y establecieran una vigilancia epidemiológica de larga duración. La recomendación de la CNDH nunca se cumplió.
La Asociación de Afectados por Anaversa estima que más de mil 500 personas han fallecido a consecuencia del accidente. No hubo responsables por el accidente y hasta ahora no se sabe quiénes eran los dueños de la empresa, que según información otorgada sigue operando en el municipio Izúcar de Matamoros en Puebla con el nombre de “Dragón”.
Por ello, Beatriz Torres Beristain dijo que aunque han pasado tres décadas, es necesario que el Estado reconozca a las víctimas, revise el incumplimiento de las recomendaciones de la CNDH, realizar un monumento por las víctimas y hacer campaña para honrar su memoria con acciones de prevención, así como la revisión de las emergencias químicas ocurridas e instalar una placa en el sitio en el que actualmente hay un letrero de “Se Vende”.
AVC/Perla Sandoval
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