Ciudad de México – En mayo de 2018 una jueza penal ordenó la detención del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por su presunta responsabilidad en decenas de desapariciones forzadas perpetradas por elementos de la policía estatal durante su administración. Pero a casi tres años de que se girara dicha orden de captura el caso está totalmente detenido y sin fecha o periodo para que avance.
Esto ya que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha conseguido el permiso diplomático que se requiere de Guatemala para ejecutar dicha orden de captura. Esto es necesario ya que dicha nación extraditó originalmente a Duarte por delitos distintos y, de acuerdo con los tratados de extradición, para presentar nuevos cargos se necesita el aval del país que lo entregó.
El retraso en el procedimiento, según la última versión oficial que proporcionó a Animal Político la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la tiene la pandemia sanitaria que ha complicado la gestión de este tipo de trámites. Es el mismo argumento que también expuso la FGR sobre el retraso en la extradición de la que fuera su esposa Karime Macías.
Si México no consigue dicho permiso diplomático Javier Duarte podría quedar en libertad este mismo año. Ello debido a un beneficio de libertad condicional que contempla la ley para las personas sentencias que han cumplido la mitad de su condena, que han mostrado buen comportamiento y que han reparado el daño causado.
La defensa del exgobernador confirmó a este medio que comenzarán las gestiones para tramitar dicha libertad a partir de septiembre.
En contra del exgobernador de Veracruz existen otros dos procesos penales abiertos por presuntos delitos de corrupción, pero ninguno de ellos amerita como medida cautelar la prisión preventiva. Hay además indagatorias federales abiertas en su contra, pero están inconclusas.
Mientras tanto sigue sin esclarecerse el destino de más de 60 mil millones de pesos de recursos públicos desviados y desaparecidos durante la gestión de Duarte en Veracruz. Es el mayor desfalco registrado al erario en la historia moderna del país, pero el exgobernador no está procesado por ello.
Las desapariciones…
De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Gobernación, Veracruz se encuentra entre los diez estados del país con más personas desaparecidas. Hasta 2018 se contabilizaban más de 200 víctimas de casos de posible desaparición forzada en la entidad ocurridas en el periodo de Duarte en el gobierno (2010-2016).
En ese mismo año la Fiscalía estatal concluyó una investigación en la que probó inicialmente que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública local habían participado sistemáticamente en el secuestro y desaparición forzada de al menos 13 jóvenes. Las víctimas, presuntamente, fueron asesinadas y enterradas en fosas clandestinas.
Como parte de dicha indagatoria la fiscalía determinó que el exgobernador era corresponsable de estos hechos pues, pese a tener presunto conocimiento de las desapariciones, no hizo nada para que se detuvieran o se indagaran a fondo. Incluso la Fiscalía estatal presume que los hechos fueron ocultados de forma dolosa
A finales de mayo de 2018 una jueza penal del estado encontró que había elementos suficientes en la carpeta de investigación para girar una orden de aprehensión en contra de Duarte por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada. Se trata de un ilícito considerado de lesa humanidad y el más grave que se le haya pretendido imputar a un exmandatario estatal en México.
Animal Político