Veracruz descendió cuatro posiciones en el Índice de Estado de Derecho elaborado por World Justice Project, y se posicionó en el lugar 26 de 32 a nivel nacional.
Este índice mide entre otros factores los límites al poder gubernamental, la ausencia de corrupción, la garantía a los derechos fundamentales, la justicia civil y penal, así como el orden y seguridad, el cumplimiento regulatorio y el gobierno abierto; advierte que Veracruz se ubica en el último lugar nacional en cuanto a límites al poder gubernamental, respeto a los derechos fundamentales y justicia penal.
Además, está en el lugar 30 en cuanto a justicia civil; 24 en ausencia de corrupción y en el 12 en cuanto a Gobierno abierto, lo que muestra un retroceso en las prácticas de los tres poderes del Estado.
Veracruz, último en cuanto a límites del poder gubernamental
En cuanto a los límites al poder gubernamental el estado sigue en el último lugar a nivel nacional, con una calificación de 0.34; este factor mide si en la práctica, los pesos y contrapesos institucionales limitan el accionar de quienes gobiernan, en particular de gobernadores, alcaldes y demás autoridades del poder ejecutivo estatal, y los responsabilizan de sus actos. Además, mide la capacidad del poder legislativo local para ejercer contrapesos efectivos y supervisar la actuación del gobierno estatal en la práctica. También mide si los legisladores de los partidos políticos de oposición pueden expresar sus opiniones en contra de las políticas del gobierno sin temor a represalias.
Así como la independencia y la capacidad de los organismos de fiscalización y auditoría superiores, comisiones de derechos humanos y demás organismos autónomos, para funcionar como contrapesos eficaces, capaces de fiscalizar la gestión del gobierno estatal y aplicar sanciones en la práctica; si los periodistas, organizaciones de la sociedad civil, miembros de partidos políticos, activistas e individuos pueden reportar y comentar libremente acerca de las políticas gubernamentales sin temor a represalias; si las personas pueden manifestarse libremente y protestar pacíficamente cuando están en desacuerdo con las acciones del gobierno o presentar peticiones al gobierno.
Así como la independencia de los jueces, la capacidad del poder judicial para ejercer contrapesos efectivos sobre el gobierno estatal en la práctica y si las autoridades acatan las decisiones de los tribunales y si los funcionarios que abusan de sus funciones o que no cumplen con la normatividad son sancionados en la práctica. El sub-factor considera a funcionarios del poder ejecutivo, legislativo, y judicial, y la policía.
Empeora corrupción en Veracruz
En el informe de 2021 señala que el estado obtuvo 0.37 puntos de 1.0 posibles, y descendió posiciones en factores como ausencia de corrupción al pasar del lugar 19 en 2020 al 24 en 2021; este factor mide tres formas de corrupción: sobornos, influencias indebidas, y la apropiación indebida de recursos públicos, y se divide en cuatro sub-factores, así como la integridad de los funcionarios del poder ejecutivo estatal, mediante la ausencia de sobornos, pagos informales, e influencias indebidas en la provisión de servicios públicos y en la ejecución de regulaciones.
También mide la transparencia en las licitaciones, y si los funcionarios del gobierno se abstienen de malversar fondos públicos
La calificación da muestra de dónde está Veracruz en cuanto a si los jueces y los funcionarios del poder judicial se abstienen de solicitar y aceptar sobornos para cumplir con sus deberes o acelerar procesos, y si el poder judicial está libre de influencias indebidas por parte del gobierno, de intereses privados o de organizaciones delictivas para favorecer a alguna de las partes. También mide si los funcionarios del sistema de seguridad y procuración de justicia se abstienen de solicitar y aceptar sobornos, y si están libres de influencias indebidas por parte de intereses privados o de organizaciones delictivas; y si los funcionarios del poder legislativo se abstienen de solicitar y aceptar sobornos u otros incentivos a cambio de favores políticos, iniciativas legislativas o el sentido de su voto en otras decisiones.
Sin garantía a derechos fundamentales
En la garantía del respeto a derechos fundamentales de sus ciudadanos Veracruz bajó una posición y “tocó fondo” al llegar al último lugar entre las 32 entidades.
Este factor mide si, en la práctica, las personas no sufren de discriminación en su accionar cotidiano o al interactuar con servidores públicos; el respeto a las reglas de investigación y conducción del debido proceso penal.
Incluye el respeto a los derechos de las personas acusadas de cometer un delito, como la presunción de inocencia, el derecho a no ser arrestado arbitrariamente y a no ser detenido en prisión preventiva de forma injustificada, el derecho a no ser torturado, el derecho a tener un juicio justo y público ante un tribunal independiente, competente e imparcial, y el derecho a una defensa adecuada y de calidad. Mide la ausencia de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y que los disidentes políticos y activistas no sean sometidos a detenciones injustificadas, amenazas, maltratos o violencia
Y si los periodistas, organizaciones de la sociedad civil, miembros de partidos políticos, activistas e individuos pueden reportar y comentar libremente acerca de las políticas gubernamentales sin temor a represalias; además, si los derechos laborales fundamentales se garantizan efectivamente, incluyendo el derecho a la seguridad social, condiciones de seguridad y salud en el trabajo, a la libertad de asociación, al derecho a la negociación colectiva, a la ausencia de discriminación laboral y a la ausencia de trabajo forzado y del trabajo infantil.
Desciende escaños por inseguridad, justicia civil y penal
En un año no mejoró y en cambio empeoró su calificación en cuanto a orden y seguridad, ya que con 0.51 puntos se ubicó en el noveno lugar a nivel nacional; es decir, que bajó un escaño con respecto al 2020.
Este factor mide si el Estado es efectivo en garantizar la seguridad de las personas y la de sus propiedades, así como la percepción de seguridad de las personas en su estado, y en espacios como su casa, trabajo, calle, escuela, mercado, parque, centro comercial, banco, cajero automático, transporte público, automóvil, y carretera. También mide la percepción de seguridad de las empresas en su estado
En cuanto a justicia civil, el estado pasó del lugar 29 al 30 en cuestión de un año con 0.32 puntos, mientras que el promedio nacional es de 0.37; este factor mide si las personas pueden acceder a mecanismos pacíficos y efectivos para resolver sus controversias a través del sistema de justicia civil, para lo cual se requiere que exista disponibilidad de asesoría legal adecuada y asequible y que no haya barreras por costos ni por procesos burocráticos; que el sistema sea imparcial, independiente y libre de corrupción e influencias indebidas; que los procedimientos se lleven a cabo con respeto al debido proceso, de manera oportuna y sin demoras irrazonables y que las resoluciones judiciales se apliquen de forma efectiva
Sobre la justicia penal, Veracruz se ubica como último lugar a nivel nacional con 0.27 puntos, mientras que el promedio nacional es de 0.37; este factor evalúa la efectividad y la calidad del sistema de justicia penal, el respeto a los derechos de las víctimas y de las personas acusadas.
Este factor mide si el sistema procuración de justicia es efectivo para resolver delitos, respetando el debido proceso; si los sistemas de procuración y de impartición de justicia son expeditos y eficaces; es decir, si son capaces de resolver los casos de manera eficiente y sin retrasos injustificados.
AVC/Perla Sandoval