En el noveno aniversario luctuoso de la periodista Regina Martínez, fue realizada una manifestación para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador que cumpla su palabra de dar con los responsables del crimen ocurrido en la colonia Felipe Carrillo Puerto en esta ciudad capital.

De la misma manera, solicitaron que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez atienda el llamado del presidente de que habrá justicia en el asesinato de Regina Martínez ocurrido el viernes 28 de abril del 2012 en la administración del exgobernador Javier Duarte de Ochoa y del exfiscal general del estado Amadeo Flores Espinoza.

El integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativa y Defensa Ambiental ( LAVIDA) Emilio Rodríguez Almazán expresó: “Que se cumpla la palabra que Andrés Manuel dijo en Las Mañaneras, que haga caso acá el señor que está en frente (gobernador Cuitláhuac García Jiménez).

Rodríguez Almazán refirió que en el año 2012 se desarrollaba un movimiento ciudadano contra la minería tóxica en Veracruz y Regina Martínez documentó los hechos para los medios de comunicación en los que laboraba como la revista Proceso.

“Es un privilegio para nosotros haber convivido con ella, haber estado hombro con hombro, ella en las plumas y nosotros en las calles. Es importante que se sepa que la situación no cesa ni para la prensa, ni para la sociedad civil”, expuso.

El integrante de Lavida responsabilizó al gobierno del estado de la indefensión a la prensa y los activistas defensores de derechos humanos y medio ambiente, que han sido víctimas de amenazas, atentados y asesinatos.

Es importante que se sepa de las miles de personas desaparecidas, los cientos de fosas que se han encontrado en este estado, es una marca de esta generación que necesitamos eliminar, radicar y sanar” expresó.

En palabra de la comunicadora Norma Trujillo expresó que “estamos pidiendo justicia porque sigue la impunidad, la complicidad y la omisión siguen presentes, que si el gobierno estatal tiene interés y voluntad política que se pueda avanzar en esta investigación y esclarecimiento del crimen”.

La manifestación se realizó en las escalinatas de la catedral Metropolitana con una lona que tenía la fotografía de Regina Martínez y la leyenda de “exigimos la reapertura de la investigación del crimen. 9 años de impunidad y 5 meses de silencio”.

Norma Trujillo expresó que la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión podría atraer el caso e investigar el asesinato de Regina Martínez por el trabajo que desarrollaba como periodista y corresponsal de la revista Proceso, porque desde el año 2012 cuando se inició la Carpeta de Investigación a la fecha, el crimen se atribuye a un hecho pasional y por robo.

“Para la Fiscalía General del Estado la investigación se cerrará cuando se detenga al Jarocho, una vez deteniéndolo se cierra todo, porque ellos siempre investigaron la línea de robo y luego robo pasional, pero lo más importante era analizar lo que ella escribía y que tal vez fue un asesinato contra la libertad de expresión”.

Hay que recordar que en octubre del 2012 el titular de la procuraduría de Veracruz, Amadeo Flores Espinoza, informó el nombre de uno de los presuntos responsables “es Jorge Antonio Hernández Silva, alías El Silva, quien ya se encuentra detenido y confeso”; y el otro supuesto responsable es José Adrián Hernández Domínguez, El Jarocho, quien aún se encuentra prófugo.

A 9 años del asesinato de la periodista, ninguno de los Fiscales anteriores, Luis Ángel Bravo, Jorge Winckler y ni la actual Verónica Hernández Giadáns han aceptado investigar el crimen por delitos en contra de la libertad de expresión, y su respuesta ha sido que “el crimen fue resuelto”, dijo Norma Trujillo.

Cuando ocurrió el crimen de Regina había publicado un reportaje de corrupción en Veracruz que señalaba a dos funcionarios del gobierno estatal en el año 2012; y también escribió el caso de campesinos de La Huasteca Veracruzana que se disputaban tierras y hasta hubo personas mutiladas que ameritó una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para el gobierno del estado expuso.

“El gobierno señalaba a los campesinos como paramilitares, los etiquetaba con otras funciones, y cubrirlos a ellos prácticamente el gobierno te relacionaba y eso era grave. Ninguna Fiscalía ha investigado el crimen por su labor periodística” finalizó.

AVC

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