Durante 2019 y 2020 en México fueron asesinadas 45 personas defensoras de derechos humanos, tres de estos casos ocurrieron en el estado de Veracruz, en donde los crímenes no se han esclarecido, relata el informe “Semillas de dignidad y lucha”.
La Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) advierte que el contexto mexicano se caracteriza por la inacción del Estado frente a la situación de alerta en que viven las personas defensoras y que empeora con los años, lo cual genera condiciones que ponen en riesgo su vida e integridad física.
Agrega que aunque las agresiones contra las personas defensoras están diversificadas y pueden ser perpetradas por agentes del Estado o por particulares, empresas, crimen organizado, —muchas veces en colusión con las mismas autoridades—, toda forma de violencia es responsabilidad del Estado.
“México no es un país seguro para el ejercicio de la defensa de derechos humanos. A esto se suma que, transitar el camino para buscar justicia se torna gris frente a innumerables obstáculos, límites y deficiencias sistémicas en las instituciones de procuración y administración de justicia”, advierte el informe.
Lo anterior dado que durante los dos últimos años las personas defensoras han enfrentado múltiples obstáculos a su labor, desde el aumento de megaproyectos que ponen en riesgo la tierra y el territorio de los pueblos, sus formas de vida y el medio ambiente, hasta la criminalización del derecho a defender derechos humanos, hostigamiento, impunidad generalizada y violencia sistemática en su contra.
En Veracruz se registraron tres asesinatos de defensores de derechos humanos entres 2019 y 2020; se trata de los crímenes contra Adán Vez Lira ocurrido el 8 de abril del año pasado; el de Josué Bernardo Marcial Santos, el 16 de diciembre de 2019 y el asesinato de Abiram Hernández Fernández.
El pasado 8 de abril se cumplió un año del asesinato de Adán Vez Lira, defensor ambiental y miembro del grupo La Mancha en Movimiento, dedicado a la defensa y difusión de este sitio. Su homicidio ocurrió cuando viajaba por un camino de terracería que comunica a La Mancha con Palmas de Abajo; ahí fue sorprendido y recibió nueve disparos que acabaron con su vida. Hasta ahora las autoridades no han informado sobre avances en la investigación de este crimen.
En la comunidad hay un conflicto de tierras desde hace más de una década, que alcanzó su punto más álgido con el asesinato de Adán, pero continua con el hostigamiento y amenazas a otros miembros de la comunidad y defensores ambientales .
Tras el asesinato del activista los familiares denuncian que la Fiscalía General de Veracruz mantiene “congelada” la investigación y que la Secretaría de Gobernación federal y a la Guardia Nacional no cumplieron con las medidas de protección derivadas de la incorporación de los integrantes del Grupo de Defensores de Los Médanos de La Mancha al Mecanismo federal de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas el pasado 5 de febrero de 2021.
El informe elaborado por Red TDT advierte que el sistema de justicia penal ha demostrado un funcionamiento parcial, “pues funciona perfectamente cuando se trata de criminalizar la protesta y a las personas defensoras de derechos humanos, con el fin de desacreditar la lucha así como paralizar a las y los defensores, pero es lento y disfuncional cuando se trata de perseguir los delitos en su contra”.
Otro de los casos en Veracruz es el asesinato de Josué Bernardo Marcial Santos “Tío Bad”, ocurrido el 16 de diciembre de 2019; se trata de un activista que con música de jarana y rap promovía la cultura mire en el municipio de Sayula de Alemán.
Su familia tuvo que vender un terreno para el pago de un rescate que les fue exigido por sus plagiarios, pero su cuerpo fue hallado en la cajuela de un automóvil apenas 24 horas después de que se reportó su desaparición. Tenía 24 años y era delegado del pueblo popoluca al Congreso Nacional Indígena. Hasta ahora la Fiscalía General de Veracruz no ha reportado avances en este caso.
El informe también recoge el asesinato de Abiram Hernández Fernández, asesinada en Xalapa el 30 de marzo de 2019; Abiram daba acompañamiento a familiares de personas desaparecidas; era coordinador del Centro de Servicios Municipales “Heriberto Jara Corona”
Los reportes policiacos señalan que Abiram fue asesinado al interior de su hogar en la colonia Arboledas del Sumidero; su cuerpo presentaba golpes en la cabeza y rostro; tenía 37 años de edad.
En enero de este año la Fiscalía de Veracruz, a cargo de Verónica Hernández Giadans, informó sobre la detención de Alfredo “N” que enfrenta los cargos de homicidio doloso calificado, aunque no dio a conocer más datos sobre este caso, como el móvil o si hay más personas involucradas en estos hechos.
El informe “Semillas de dignidad y lucha” advierte que las personas defensoras de derechos humanos se enfrentan a la intimidación, estigmatización, amenazas, acoso, desacreditación y criminalización por su labor, especialmente cuando su trabajo apela o incomoda a actores estatales.
“Los principales actores que buscan desacreditar y/o menoscabar la defensa de los derechos son las autoridades en sus tres niveles de gobierno, quienes a través de declaraciones o notas periodísticas, señalan a personas y organizaciones de tener ‘intereses ilegítimos’ o ‘estar financiados’ por opositores. En México, desde hace dos años el gobierno federal, concretamente el presidente, ha sido un foco de grave preocupación pues constantemente recurre a este tipo de señalamientos durante sus conferencias matutinas, con lo que deslegitima la labor de las organizaciones y, esencialmente, demuestra un amplio desconocimiento y descrédito de la defensa de los derechos humanos y de las luchas históricas de pueblos y comunidades. Se ha establecido una narrativa maniquea que invisibiliza las acciones de defensa y protección a los derechos bajo una lógica de apoyo o no a la política federal”, advierte.
AVC/Perla Sandoval
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