La Sala Constitucional del Poder Judicial solo emplazó a la magistrada Sofía Martínez Huerta, como parte del juicio político que se inició en su contra y que busca destituir e inhabilitar por cinco años de la función pública.
El juicio se va a desarrollar este viernes a las 11 de la mañana y los diputados de la Comisión Instructora no fueron llamados a la reunión del pleno que integran nueve magistrados, confirmó el abogado Víctor Alfonso Loyo Olivares.
“Lo interesante es que en el acuerdo no se manda a citar a la comisión instructora. Tal pareciera que el diputado Víctor Vargas no quería presentarse a defender su dictamen”, dijo.
El abogado reconoció que el proceso es irregular, sin embargo, no se puede recurrir a un amparo, pues el tema es meramente político, y la propia Suprema Corte ya sentó precedentes que a quien se somete a ese proceso se queda en la indefensión a nivel local.
Loyo Olivares reiteró que en el Congreso local no se les permitió presentar todas las pruebas que validan el cambio del juez Clemente Zorrilla, pues estaba incurriendo en una conducta reprochable, y aunque se pidió presentarlos ante los magistrados no se les dio la oportunidad.
El litigante mencionó que también se pidió que los magistrados que participaron en la destitución de Sofía Martínez como presidenta del Tribunal se excusaran de participar en la sesión de este viernes, sin embargo, no atendieron su planteamiento.
Aclaró que para que se pueda remover a Martínez Huerta se requiere de seis votos a favor de los ochos integrantes de las Salas, pues en el caso de la Presidenta ella tiene voto de calidad en caso de un empate, por lo que confió que no alcanzará la votación para destituirla.
En noviembre del 2020 el abogado José Clemente Zorrilla denunció a la magistrada por extralimitarse en sus funciones al removerlo de Veracruz a un juzgado en Ozuluama, sin el aval del Consejo de la Judicatura.
Por lo anterior se le inició un juicio político que busca destituirla del nombramiento que le otorgó el Congreso en octubre del 2019 e inhabilitarla de la función pública por cinco años.
AVC/Isabel Ortega
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