Víctima de los prejuicios y la discriminación del gobierno de la 4T, el personal médico del sistema hospitalario de salud privada sigue desafiando a la muerte todos los días, dando atención médica a pacientes que el sector salud no ha sido capaz de atender o que no cuentan con seguridad social. Los médicos privados reciben el “reconocimiento” del gobierno pero no la vacuna contra el Covid-19.

Las consecuencias son funestas. México es el país con el mayor número de muertes del personal de salud en el mundo a causa de la pandemia, con al menos tres mil 534 decesos registrados desde enero de 2020 al 10 de marzo de 2021, según el último informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) “Actualización Epidemiológica Enfermedad por coronavirus (Covid-19)”.

Esta cifra representa el doble de los decesos en Estados Unidos –a pesar de que ese país se han registrado más de 31.2 millones de contagios, mientras que en México son, al menos reconocidos por el gobierno de la 4T, 2.2 millones en población abierta–, y representa la mitad de todas las muertes de médicos registradas en 18 países de América Latina. Nuestro país es el lugar más peligroso del mundo para los médicos que atienden la pandemia del Covid-19.

Sin embargo, la respuesta del presidente López Obrador ha sido verdaderamente criminal: “que nos esperen”, ha dicho, a pesar de que muchos de ellos se encuentran en la primera línea de atención médica a pacientes positivos.

El desprecio por el sistema de salud privada ha arrebatado la vida a cientos de médicos. La 4T trata a los médicos privados como si fueran los empresarios dueños de hospitales y farmacias a quienes el gobierno asume como sus adversarios. Dejarlos morir es el castigo de haber optado por la práctica médica en el sector privado y no en el público.

Cifras de la Unión Interdisciplinaria de Farmacias, Clínicas y Consultorios (Unifacc) de México confirman que tan sólo en lo que va de este año 2021, al menos 136 médicos y 28 trabajadores de farmacias agremiados al organismo han muerto por causa del coronavirus y se estiman que la cifra de fallecidos en lo que va de la pandemia alcanza al menos unas 326 personas.

Miles de médicos del sector privado no han tenido la posibilidad de acceder a la vacuna porque para el gobierno morenista no son una población en riesgo; sin embargo, las empresas, hospitales, clínicas y farmacias para las que trabajan tampoco puedes garantizarles la inmunización porque la autoridad federal mantiene el monopolio de las vacunas. Es decir, la 4T ni vacuna ni deja que se vacune a miles de médicos que todos los días atienden a pacientes con Covid-19.

La discriminación del gobierno federal contra los médicos del sector privado es tal que ha dado prioridad a los promotores de la Secretaría del Bienestar que participan en las jornadas de vacunación, cuya exposición al contagio es mucho menor que el que sufren los médicos de instituciones privadas.

El Plan Nacional de Vacunación se quedó corto y ninguno de los pronósticos que hizo el gobierno se cumplió: ni los plazos, ni las dosis recibidas, ni las personas inmunizadas. Hasta la semana pasada, México había administrado apenas nueve millones de vacunas; de ellas, sólo 661 mil trabajadores de la salud pública han recibido ya las dos dosis de la inmunización, y unos 213 mil aún esperan la segunda dosis. También han sido vacunados sólo 17.626 docentes y unos más de 5 mil todavía esperan la segunda aplicación.

Hoy el gobierno pretende vacunar a profesores para tratar de forzar un regreso a clases justo en lo que podría ser una tercera ola de contagios, sin más propósito que simular irresponsablemente una vuelta a la normalidad a unas semanas de que se realice la jornada electoral. El gobierno de la 4T sigue pensando en votos y no en la vida de las personas.

Tras un año de luchar contra el coronavirus y ante la discriminación e indiferencia del gobierno, los médicos del sector privado han salido a las calles a demandar que sean considerados en el plan de vacunación. En respuesta a estas manifestaciones, las secretarías de Gobernación y de Salud se negaron a dar una fecha para vacunar al personal médico privado en contra del Covid-19.

El problema no sólo radica en el prejuicio del gobierno sino también en su ignorancia ante los efectos de la pandemia en la comunidad médica. Los estudios confirman que las y los trabajadores que más fallecen por la enfermedad no son los de la ‘primera línea’ sino los del primer contacto, que son básicamente médicos generales familiares y médicos de farmacias, debido a que muchos pacientes suelen ser asintomáticos y no tienen un proceso de aislamiento.

La exclusión de médicos privados del Plan Nacional de Vacunación exhibe una vez más la polarización social que promueve el gobierno morenista. Los médicos privados también son héroes que deben ser vacunados.

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