Tiene razón el gobernador de Veracruz Cuitláhuac García cuando presume que nunca antes tantas mujeres habían ocupado, al mismo tiempo, la titularidad de los Poderes del Estado, organismos autónomos y un buen número de carteras del Gabinete. Sin embargo, como nunca antes, estas instituciones se han convertido en un apéndice burocrático del Poder Ejecutivo.

Sofía Martínez Huerta fue la primera mujer en la historia en Presidir el Tribunal Superior de Justicia (TSJE); Verónica Hernández Giadáns es la primera mujer en ser Fiscal General del Estado (FGE) –la extinta Procuraduría de Justicia del Estado fue encabezada sólo por hombres-; Delia González Cobos también es la primera mujer que dirige el Órgano de Fiscalización del Estado (ORFIS); la diputada Ana Paola Linares Capitanachi no es la primera mujer en presidir el Congreso –ahí sí son muchas quienes han ocupado el cargo-, pero coincide con lo que se supondría una revolución púrpura de la administración pública.

En el Poder Ejecutivo son mujeres quienes encabezan las carteras de la Secretaría del Trabajo, del Medio Ambiente, Turismo, Protección Civil, la Contraloría General del Estado y hasta la Oficina del Programa de Gobierno. En la mayoría de los casos de trata de perfiles con muy escasa experiencia en las tareas que les toca desempeñar, lo que demerita seriamente el propósito de un gobierno con perspectiva de género.

La presunción del gobernador en realidad es una confesión involuntaria. Adjudicarse el mérito sólo confirma el intervencionismo de su gobierno por imponer a las titulares de los otros poderes y organismos autónomos, como una extensión de su autoridad. Todas ellas –con excepción de la diputada Capitanachi- surgieron del gobierno estatal y en consecuencia, de él emanan todas sus decisiones.

Su nombramiento no obedece a su capacidad y trayectoria sino a la perversa intención de imponer un empoderamiento sumiso. Los Poderes y los organismos autónomos, encabezados hoy por mujeres que fueron funcionarias en posiciones bastante modestas de la administración, han sido avasallados en su autonomía y capacidad de autogobierno.

En el caso del Tribunal Superior de Justicia, a quien alardearon como la primera titular del Poder Judicial, hoy enfrenta juicio político por orden superior. Quien la sustituyó en el cargo, Isabel Romero Cruz, ha reconocido que su antecesora no “entendió el papel” de un poder bajo el yugo de los operadores políticos del gobernador. Como en todos los casos, se convirtió en una agencia de colocaciones de quienes hoy se reparten el botín.

El Poder Judicial ha perdido su autonomía. Desde palacio de gobierno y el Congreso del estado se ha impulsado una renovación rapaz de sus órganos de gobierno y administración, en la que su Presidenta sólo intenta mantener el equilibrio interior, roto por el conflicto con la anterior magistrada que derivó en su destitución a menos de un año de tomar posesión.

La Fiscal General del Estado, literalmente, baila al son que le toquen. Se ha convertido en una funcionaria más del gabinete, entregada por completo a los intereses políticos del gobierno y sus principales operadores. Surgida desde la Secretaría de Gobierno, ahí se siguen ejecutando las decisiones que han costado serios conflictos a la autonomía de la institución. El ministerio público se ha convertido en el brazo ejecutor de la persecución y las revanchas políticas, hoy justificadas bajo el aberrante criterio de ultrajes a la autoridad.

No hay respuesta a los colectivos de desaparecidos; no hay comunicación con los familiares de las víctimas; la promesa de castigo y justicia a los responsables de secuestros, feminicidios y delitos de alto impacto –en los que Veracruz sigue en los primeros lugares- es un desgastado cliché del gobierno estatal que hace las veces de vocero de la dependencia. La fuerza de la Fiscal, paradójicamente, radica en su sumisión ante el gobierno.

Hoy el avasallamiento alcanzó al Órgano de Fiscalización Superior, sometido a los intereses políticos, económicos y electorales del gobierno estatal. Impedido a cumplir su función, el ORFIS se ha contaminado del tráfico de influencias y el poder desbordado del círculo más cercano al gobernador, lo que él mismo que tolera y promueve. La transparencia sólo es el pretexto para el ajuste de cuentas.

Nadie en su sano juicio pensaría en confrontar al gobierno estatal –aunque Sofía Martínez sí lo hizo-, sino ejercer el cargo para el que fueron electas, supuestamente como un asunto de igualdad y perspectiva de género. Si en verdad el gobernador quería empoderar a la mujer, el camino correcto era respetar su autonomía y capacidad de autogestión, sin imposiciones, injerencias ni castigos al ejercicio de su independencia, entendida como un acto de rebeldía.

El riesgo que hoy corren la mayor parte de ellas –como ya sucedió con la diputada Capitanachi- es que la injerencia del poder ejecutivo y el cumplimiento de los afanes de palacio de gobierno, podrían representarles en el futuro responsabilidades administrativas y penales, que confirmaría que su paso por las instituciones más importantes del gobierno fue una trampa.

Lo que hoy sucede en Veracruz no es un empoderamiento, es la violencia política más artera que las mujeres en la función pública hayan vivido.

Las del estribo…

1. La ineptitud y la desidia provocó el lamentable accidente de una persona en la cascada de Texolo. Como sucede en estos casos, hay un carnaval de culpas pero ninguna autoridad responsable que dé la cara a la familia de la víctima. Eso fue, al menos, un homicidio culposo evidente

2. Félix Salgado Macedonio amenazó con dar a conocer el domicilio particular del Presidente del INE como medio para promover una agresión. En respuesta, la Secretaria de Gobernación salió a reprender el INE y al frustrado aspirante. El proceso electoral más grande de la historia también será el más violento.