Un juez federal emplazó a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Isabel Inés Romero para que en un periodo de tres días hábiles se diera las reinstalación del magistrado Roberto Dorantes Romero. El plazo legal se vencería el lunes 29 de marzo.
El 24 de marzo se publicó el ultimátum a la nueva presidenta del Poder Judicial ante el incumplimiento de una sentencia en la que se ampara al magistrado Dorantes Romero para permanecer en el cargo hasta el año 2025, y así cumplir con el nombramiento de 10 años que le dio el Congreso local en 2015.
Al togado se le obligó al retiro forzoso por tener más de 70 años, sin cumplir con el periodo de nombramiento, contaba tenía un amparo que limitaba su remoción, no obstante, la mayoría de Morena nombró a Lizbeth Aurelia Jiménez, quien lo relevó en el cargo en julio del 2020.
Por lo anterior, se emitió un requerimiento de cumplimiento en el que se pide se deje insubsistente el acto de remoción del magistrado; en caso de haber sido removido materialmente, se provea lo conducente para que se reinstale al quejoso en el cargo de magistrado del Poder Judicial del Estado, con el pago de las percepciones inherentes que dejaron de cubrirse desde que fue separado.
Se reiteró que debe desempeñar el cargo por el periodo comprendido en el nombramiento otorgado el veintisiete de noviembre de dos mil quince, y a partir de haberlo asumido.
Para garantizar el trabajo hecho por quien lo suplió, el juez federal determinó considerar válido todo lo actuado por la persona que, con el carácter de magistrado, hubiere fungido en lugar del quejoso en la adscripción en que se encontraba.
Por lo anterior, se pidió a la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado para que, en el plazo de tres días legalmente computados, acredite haber dado cumplimiento al fallo protector.
“Para lo cual deberá llevar a cabo todas las acciones necesarias -dentro del ámbito de sus atribuciones- para que el magistrado sea reinstalado en el cargo que ocupaba, le sean pagadas las percepciones que hubieran dejado de cubrirse y permita cumplir con por el periodo comprendido en el nombramiento que se le otorgó el veintisiete de noviembre de dos mil quince.
De no atender el requerimiento del Juez federal, se le impondrá una multa de ocho mil 992 pesos a la magistrada.
Dorantes Romero es uno de tres magistrados que logró un amparo para evitar ser removido de su cargo en el Poder Judicial; pese a ello el Congreso nombró a seis nuevos togados en julio del 2020.
Rindieron protesta Itzel Castro Castillo, Alma Rosa Flores Ceballos, Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre, María Lilia Viveros Ramírez, Antonio Sobrevilla Castillo y Aileth García Cayetano, hermana de la diputada federal Dorheny García.
AVC/Isabel Ortega
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