Legisladores federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentaron ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
Los legisladores señalaron que la solicitud se presentó contra García Jiménez, “debido a que el mandatario veracruzano ha creado un clima de persecución política contra los perredistas”. Pero también contra la fiscal Verónica Hernández Giadáns, y la juez de control, Alejandra Castañeda Priego.
En conferencia de prensa, los diputados federales señalaron que el gobierno de García Jiménez fomenta un clima de amenazas e intimidación contra militantes del PRD. Como ejemplo mencionaron la reciente detención de Rogelio Franco Castán en Veracruz, a quienes policías ministeriales llevaron preso por ultrajes a la autoridad.
“Lo que estamos viendo es una persecución política, nuestro compañero Franco va en el segundo lugar de la lista plurinominal, y al ser un personaje y político activo de Veracruz; lo que le queda a este gobierno represor en lugar de ganarnos en las urnas, elimina a cualquier personaje que resulte para ellos peligroso”.
A este caso, dijeron, le anteceden otras agresiones a perredistas, como los homicidios de Rafael Pacheco Molina, ex alcalde de Paso del Macho y Florisel Ríos Delfín, alcaldesa de Jamapa, esta última que tuvo un altercado verbal con el Secretario de Gobierno, Eric Cisneros.
“Se han documentado amenazas a alcaldes perredistas, y eventos de violencia, como aquel donde balearon la casa del alcalde de Acayucan, que también es perredista”.
El diputado Camerino Eleazar Márquez Madrid dijo que en Veracruz hay la pretensión de someter a una valoración penal lo que debería ser una discusión política electoral, vemos un retroceso en la utilización de amenaza, injusticia y persecución política contra un actor político”.
Pidió que se dé celeridad al juicio político como se ha hecho con otros casos, “y demandamos al gobierno federal y estatal cumpla con el derecho y respeten los derechos humanos de Rogelio Franco”.
“No es posible que en pleno proceso electoral, exista la intromisión del gobernador para obstruir la representación política, democrática y plural de Veracruz”.
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