El logro de Sofia Martínez de ser la primera mujer presidenta del Poder Judicial en la historia de Veracruz duró apenas 10 meses. El 2 de diciembre del 2019 tomó protesta y el 23 de octubre del siguiente año fue destituida por los mismos magistrados.

Sofía Martínez, pasará a la historia también por ser la primera magistrada de Veracruz en ser destituida e inhabilitada 5 años por el Congreso Local, quien logró este viernes 34 votos en favor del dictamen de juicio político, que será llevado al Poder Judicial.

Su ascenso y debacle fueron en espiral. El 2 de diciembre del 2019 aseguraba en su toma de protesta que nunca evitaría vigilar, investigar y sancionar los casos de corrupción “ajustaremos nuestros actos a la legalidad, sin permitir jamás, la actuación arbitraria de quienes formamos parte del Poder Judicial del Estado”.

Pero desde el inicio, hubo tropiezos. Su entonces contrincante la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda le reclamó durante su toma de protesta: “La nombraron hace tres semanas por dedazo, y por dedazo llega a la presidencia del Tribunal. Yo no le reconozco ningún mérito, más que el de haber encontrado una persona que es su asesor y que la ha llevado por este éxito”

Sofía tuvo que salir a responder: «Mi nombramiento es legítimo».

Las primeras críticas las recibió desde su nominación, por su escasa experiencia. Tenía 51 días de nombrada como magistrada – como parte de la llegada de 13 nuevos miembros-, cuando fue elegida presidenta.

Pero entonces, contaba con la aprobación del gobernador Cuitláhuac García, “Me da gusto y quiero felicitar al poder judicial, por haber nombrado a la primera mujer, eso es de mucho gusto y creo que con ese simple hecho se hace historia, Bienvenida la magistrada” dijo en una reunión pública.

¿Cómo se llegó a su destitución? AVC Noticias, realizó un recuento de los tropiezos y los escándalos de Sofía Martínez a su paso por el Poder Judicial.

Incrusta en la nómina a sus familiares y desconoce al consejo de la judicatura

A unos meses de su llegada a la presidencia del TSJE, sus nombramientos fueron polémicos. Incorporó a laborar a las oficinas judiciales a su hijo y nuera Mayra Angélica Martínez Juárez, como Secretaria General del Consejo de la Judicatura, -quien fue despedida el 15 de junio, junto a la Subdirectora de Recursos Humanos, Rosa María Jiménez-.

Ya se hablaba de diferencias con algunos actores políticos pues no aceptaba la imposición de decisiones, ni la inclusión de recomendados en puestos claves en la administración del poder judicial.

Para marzo del 2019, el Congreso local nombró a Oliverio Hernández Reducindo, como representante del Poder Legislativo en el Judicial. Fue el abogado, responsable de la destitución de Jorge Winckler Ortiz, quien llegó a impulsar un golpe que llevó a la destitución de Martínez Huerta.

El abogado convocó en varias ocasiones a sesiones de trabajo, sin la presencia de Martínez Huerta, por lo que ella “rompió” con el Consejo de la Judicatura y asumió el control del manejo de los recursos, así como de las remociones y nombramientos en tribunales.

Incluso, durante la pandemia emitió varios acuerdos en los que determinó ampliar de manera unilateral los recesos laborales y la asistencia de grupos de guardia para reducir el contagio de Covid.

En julio del 2020, la presidenta determinó no reconocer los más recientes nombramientos al interior del Consejo de la Judicatura, que se dieron en medio de una reunión a la que no fue convocada.

El día 15 representantes del Consejo de la Judicatura se reunieron para remover del cargo a la Secretaria General de Acuerdos, Mayra Angélica Martínez Juárez, familiar de Sofía Martínez; y a la Subdirectora de Recursos Humanos, Rosa María Jiménez Abud.

La magistrada determinó desconocer la integración del colegiado, que es uno de los dos órganos más importantes para la operación del TSJE, en el que tiene representación el Ejecutivo y el Legislativo.

Entonces, el grupo Legislativo de Morena presentó una iniciativa de ley para restarle atribuciones a la Presidencia, al crear la figura de la Vicepresidencia, con lo que no era necesaria la presencia del Presidente, en las reuniones del Consejo de la Judicatura; si dos consejeros lo solicitan.

Nombramientos de magistrados, otro tropiezo

Martínez Huerta se ganó el rechazo de la mayoría cuando el Congreso Local nombró seis nuevos magistrados. En julio del 2020 se dieron nominaciones, a pesar de que tres togados tenían amparos que suspendían cualquier acto para removerlos, pero no se atendieron desde el Congreso local.

Marco Antonio Lezama Moo y Roberto Dorantes Romero, que fueron destituidos por haber cumplido 70 años, contaban con amparos federales en los que se establecía que debían ser restituidos en el cargo. Mientras que la magistrada Gladys Pérez Maldonado presentó un recurso ante un juez federal que ordenó suspender cualquier acto para removerla.

Sofía Martínez no se sumó a la decisión de los magistrados de ir en un recurso de inconstitucionalidad por los nuevos nombramientos ante la Suprema Corte de justicia de la nación.

En septiembre, se filtró un audio donde la magistrada reclamó a su homóloga Concepción Flores Saviaga, por no aceptar la adscripción de los nuevos togados.

En agosto del 2020, las magistradas Yolanda Cecilia Castañeda y Concepción Flores Saviaga denunciaron que la magistrada presidenta se negaba a reinstalar al magistrado Marco Antonio Lezama Moo – quien había ganado un amparo-.

Esa fue la primera vez que las palabras de juicio político sonaron. Las magistradas amenazaron con esta posibilidad ante las omisiones en su desempeño.

Un mes más tarde, magistrados y magistradas del Tribunal Superior de Justicia del Estado, reunieron las pruebas para exigir la renuncia de la presidenta Sofía Martínez Huerta, la acusaron de incumplir la ley, al incurrir en omisiones y no defender a la institución.

“La señora presidenta no ha cumplido con los compromisos legales que tiene conforme a la constitución de Veracruz”.

La reunión clave para su destitución y las denuncias

Los magistrados denunciaron que desde el 21 de septiembre del 2020 la magistrada se había negado a participar o había suspendido sesiones de trabajo del Consejo de la Judicatura.

En octubre se realizó una reunión donde la magistrada no acudió aunque fue convocada. Esta fue la segunda vez que la palabra juicio político apareció.

El 26 de octubre, un grupo de magistrados entre ellos Concepción Flores Saviaga, citaron a una reunión extraordinaria en la que determinaron remover a Martínez Huerta de la presidencia. Se le acusó de malversar los recursos del Fondo Auxiliar y de varias omisiones.

En su lugar, se nombró a Isabel Inés Romero como presidenta interina y en la primera sesión del Consejo de la Judicatura se anunció la presentación de denuncias penales contra tres excolaboradores de Sofía Martínez Huerta, entre ellos Hernán García Sobrevilla, Elisa Rodríguez Cruz, y Rosa María Jiménez Abud.

La remoción de Sofía Martínez Huerta como representante del Tribunal Superior de Justicia, se justificó por su ausencia del ejercicio de sus funciones, lo que trae como consecuencia el incumplimiento de un deber legal.

Lo anterior, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado el viernes 23 de octubre, fue cuando cobró validez el nombramiento de Isabel Inés Romero Cruz, aunque se mencionaba que se trataba de una suplencia, la postulación tiene vigencia hasta el 02 de diciembre del 2022.

Martínez Huerta fue adscrita a la Visitaduría Judicial

En la reunión del 26 de octubre, ya con Isabel Inés Romero, como presidenta sustituta, se ordenó una investigación al manejo de los recursos reportados en el Fondo Auxiliar que hasta el primer semestre del año reportaba, según el informe trimestral del TSJE, un saldo en cuentas bancarias de 55 millones 646 mil pesos.

También se dijo que el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), integraría un expediente para presentar denuncias penales contra la magistrada Sofía Martínez Huerta. Y fue adscrita a la visitaduría judicial.

Sofía acusa y denuncia Eric Cisneros por amenazas

Horas después de que fue destituida, Sofía Martínez Huerta denunció hostigamiento de parte del secretario de gobierno, Eric Cisneros Burgos, quien le pidió su renuncia a la Presidencia. Incluso, aseguró, la amenazó de muerte, por lo que lo responsabilizó de lo que le pudiera pasar a ella y su familia.

“En una plática entre él (Cisneros) y yo únicamente me refirió que han acontecido diversas situaciones problemáticas y que era momento de que yo me hiciera a un lado; al cuestionar qué significaba, me dijo que era presentar la renuncia, pero le contesté que de ninguna manera lo haría”, dijo en entrevista a un medio nacional.

El juicio

El 05 de noviembre del 2020, el juez José Clemente Zorrilla solicitó un juicio político contra la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Sofía Martínez Huerta, por usurpar funciones.

Aseguró que la magistrada ordenó su remoción del juzgado de Veracruz y lo envió a Ozuluama, sin el aval del consejo de la judicatura, lo que le dio elementos para pedir su destitución.

Este día en el Congreso Local, se aprobó el dictamen de la comisión Instructora que fue avalado por 34 diputados locales, mientras nueve diputados del PAN votaron en contra.

Ahora el dictamen pasará a la Secretaría General de la Legislatura, desde donde se remitirá al Tribunal Superior de Justicia del Estado, a fin de que los magistrados integrantes de la Sala Constitucional notifiquen a la denunciada para que formule alegatos a su favor y a la Comisión Instructora para que ratifique la acusación.

La Sala Constitucional realizará un proyecto de resolución, mismo que puede confirmar o no la decisión de la Comisión Instructora. El documento se enviará al pleno del Poder Judicial, que fungirá como jurado de sentencia y en sesión solemne los magistrados votarán a favor o en contra.

En caso de que se apruebe la responsabilidad de la magistrada, la sanción puede ser su destitución e inhabilitación por cinco años.

AVC/Isabel Ortega

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La represión en Veracruz | Samuel Aguirre Ochoa