A nueve años del asesinato de la periodista, Regina Martínez, un informe internacional de Safer World of the Truth, confirma que hay graves errores y omisiones en expediente y la investigación del crimen se vio comprometida a nivel estatal , pues hubo claros indicios de obstrucción a la justicia por parte de los inspectores de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.
Tras el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de a reactivar el caso, el informe “An Opportunity for Justice” recomendó a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) atraer la investigación del caso, pues constituye un grave crimen que ha tenido un impacto en el derecho a la información, a la libertad de expresión y a la libertad de prensa.
Además le pide revisar exhaustivamente todos los errores encontrados en el proceso de investigación y explorar cualquier complicidad entre los autores del asesinato y los inspectores estatales; la probable obstrucción a la justicia de los inspectores estatales y las acusaciones de tortura que ponen de relieve la urgencia de la protección de los testigos.
El 28 de abril de 2012, la periodista corresponsal de Proceso, Regina Martínez Pérez fue asesinada en su casa de Xalapa, el informe demanda a la federación investigar el trabajo periodístico de Regina como motivación de su asesinato.
Un mes antes de su asesinato, la periodista publicó un reportaje donde denunció la presunta colusión entre funcionarios públicos y el crimen organizado. La historia apareció en la edición impresa dominical de Proceso el 8 de abril del 2012 , bajo el título «Dos Regresos Peligrosos».
En la nota se mencionaba al entonces procurador de justicia, Reynaldo Escobar y el secretario de Seguridad Pública, Alejandro Montano.
Además, a la Fiscalía General de la República (FGR) se le recomienda investigar la posibilidad de la desaparición forzada del segundo sospechoso: se trata de José Adrián Hernández Domínguez, alias “El Jarocho”, que sigue prófugo y es probable que posea información fundamental sobre el asesinato. “Teniendo en cuenta que la investigación a nivel estatal se vio comprometida, hay motivos para cuestionar su estatus oficial como fugitivo”.
También recomienda al Gobierno mexicano proporcionar los recursos económicos y humanos necesarios para poder llevar a cabo su misión. Y a la comunidad internacional supervisar los avances en la investigación del asesinato de Regina Martínez e incluir el caso en los ciclos de seguimiento de los derechos humanos en México
¿ Cuáles son las fallas de investigación del asesinato de Regina?
1.- La poca credibilidad en la confesión de Jorge Antonio Hernández Silva, alias “El Silva”, hasta ahora el único sentenciado por el asesinato, y que se alega estuvo basada en una confesión obtenida mediante tortura en la que recibió instrucciones específicas para declarar luego de que los policías lo llevaron a la casa de Regina tras su asesinato; además, el señalamiento de que fue detenido un mes antes de que fuera presentado a los medios de comunicación.
2.- La investigación advierte que el presunto coautor del crimen, José Adrián Hernández Domínguez, alias el “Jarocho”, le comentó a “El Silva” que un grupo del crimen organizado le había pedido que asesinara a Regina Martínez por “un asunto político”, pero que este se negó a hacerlo; posteriormente, desapareció; sin embargo, esto no fue investigado con diligencia por parte de la Fiscalía General.
3.- Dudas sobre la versión oficial, donde se señala que Regina conocía a El “Jarocho” y el día de su asesinato le permitió entrar a su casa, junto con “El Silva”; que Jarocho había planeado robarle y que la misma Regina los había dejado solos en su casa mientras fue comprar cerveza a una tienda cercana.
Sin embargo, en una entrevista a la dueña del local de cervezas, negó rotundamente que Regina comprara cerveza en su tienda la noche del asesinato, pues tomaba de una marca que ella no tenía, y a pesar de haberlo dicho en varias ocasiones a las autoridades, esto tampoco fue investigado.
4.- En los resultados de la investigación que realizaron las organizaciones Reporteros Sin Fronteras, Free Press Unlimited, entre otras, se advierte que la historia oficial del asesinato no concuerda con el carácter que describieron los colegas de Regina, que afirma que Regina conocía a su asesino Jarocho, un trabajador sexual del Parque Juárez, y se emborrachó con él y Silva antes de que la asesinaran.
5.- Poca confiabilidad en el “testigo ocular” que reportó la presencia de “El Silva” y el “Jarocho” en la calle de la casa de Regina la noche en que fue asesinada, pues sus vecinos se refieren a este testigo o como “un borracho” poco confiable.
6.- Errores por parte de elementos periciales en el procesamiento de la escena del crimen en la casa de Regina, pues se usó una cantidad excesiva de polvo de huellas dactilares, que causó la destrucción de huellas en la escena e hicieron imposible recoger ADN de los objetos alrededor del cuerpo de Regina.
Tampoco detallaron la presencia de una pila de revistas, botellas de cerveza y comida en la casa, que eran cruciales para sostener o refutar la teoría oficial del asesinato, que sostiene que los perpetradores estaban de fiesta en la casa antes del asesinato.
7.- Aunque la sentencia contra “El Silva” por este asesinato, fue revocada por el Tribunal Superior de Veracruz debido a la violación del debido proceso, fue encarcelado nuevamente por el juez federal Sebastián Martínez García, porque el hermano de Regina interpuso una orden judicial contra su liberación de Silva. Sin embargo, hay versiones que señalan que los fiscales estatales convencieron al hermano de Regina de presentar la orden judicial que ellos mismos redactaron y que solo tuvo que firmar, por lo cual plantea la cuestión de si pudo haber sido presentada bajo coacción.
8.- En la revisión del expediente, se señala que no hubo una intención seria por parte de las autoridades de investigar un posible vínculo entre el asesinato de Regina y su labor como periodista, a pesar de que sus últimos trabajos estaban relacionados con actos de corrupción de funcionarios públicos y su presunto vínculo con grupos de la delincuencia organizada.
9.- El informe concluye que la investigación del asesinato de Regina Martínez Pérez se vio comprometida a nivel estatal y que hay claros indicios de obstrucción a la justicia por parte de los inspectores de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.
AVC/Perla Sandoval
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