Aunque negó actos de tortura, la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, confirmó verbalmente que se realiza una investigación interna en contra de cuatro elementos ministeriales, acusados de abusar sexualmente de una mujer detenida, en la ciudad de México, tras ser relacionada con el crimen de la ex rectora de la Universidad Valladolid. Cabe mencionar que July Raquel Flores denunció ser violentada y torturada por elementos. De acuerdo con la implicada, así como sus familiares, fue agredida para que confesara su supuesta participación en el homicidio. En la acusación a los elementos, se señala que, durante siete horas la violaron sexualmente, dieron toques  eléctricos en los genitales, aplicaron métodos de ahogamiento, entre otros, para confesar su participación en el asesinato de María Guadalupe Martínez. La mujer, quien es madre de dos menores de edad, insistió en que ella se encontraba trabajando en la Ciudad de México, y que es usada como “chivo expiatorio”. July «N» denunció que al momento de su detención, los elementos no mostraron una orden de aprehensión, tampoco se identificaron como policías y la bajaron con lujo de violencia durante su detención, frente a sus hijos.

La propia fiscal general señaló que se hará una investigación por la vía administrativa y de ser el caso, se procederá. Ello a pesar que la dependencia cuenta con una fiscalía especializada en este delito, además de la propia Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Sin embargo, de acuerdo con datos recabados la FGE ha conocido de 14 casos por detención y retención ilegal, así como cuatro por violentar la integridad física de algunas personas, es decir, tortura o violación a derechos humanos. Pero por increíble que parezca los elementos siguen activos y desempeñando las mismas funciones de cuando fueron acusados.