Usufructuando el legado de Madero, este martes el Presidente López Obrador lanzó un llamado a la y los gobernadores del país –incluida la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México-, para firmar un Acuerdo Nacional por la Democracia que los comprometa a no intervenir en el actual proceso electoral.
Al más puro estilo lopezobradorista –recrear la historia para reconocerse en ella-, propone un exhorto para que, entre otras cosas, no intervengan a favor de ningún partido o candidato, que no se utilice el presupuesto público con fines electorales, impedir la compra de lealtades o conciencias y a no traficar con la pobreza de la gente.
Propuso también denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas, no solapar a tramposos o ‘mapaches’ electorales, evitar el ‘acarreo’ y el relleno de urnas, la falsificación de actas y “todas esas abominables prácticas ilegales y antidemocráticas que deben quedar en el pasado de manera definitiva”.
En realidad, no es necesario hacer exhortos ni firmar acuerdos políticos. Basta con cumplir la ley y amarrar a sus propios bueyes. Tal vez no lo sepa, pero todas sus sugerencias forman parte del extenso catálogo de delitos que ya están previstos en la norma electoral.
A cambio, el Presidente ofreció actuar “como siempre”, con absoluta rectitud y en defensa de la soberanía popular. Es decir, seguirá haciendo lo que hasta ahora hace: descalificar desde Palacio Nacional a líderes y partidos políticos, coaliciones y candidatos, y al mismo tiempo, salir en defensa de personajes afines sin importar los oscuros calabozos de su pasado.
En el marco de este acuerdo, ¿los gobernadores tendrían el derecho de actuar igual que el Presidente? ¿Podrán descalificar a sus órganos electorales locales, partidos y actores políticos? ¿Gozarán de las mismas horas de exposición mediática?
Además, el inquilino de Palacio Nacional intenta llevar a los mandatarios a su corral: los convocó a que “juntos hagamos historia”, en abierta referencia al lema de su última campaña presidencial, el mismo que muchos candidatos de Morena han rescatado para competir en el actual proceso.
Asume que sólo este Acuerdo Nacional por la Democracia permitirá establecer en México la ansiada democracia de manera perdurable. Así, López Obrador desconoce dos décadas de avance democrático, la creación de instituciones autónomas como el Instituto Federal Electoral –actualmente el INE-, los tribunales electorales y hasta el proceso de normalidad democrática que permitió la alternancia presidencial, y en consecuencia, su ascenso al poder.
Ante el canibalismo al interior de Morena y tras los resultados de la elección de Coahuila e Hidalgo, el Presidente tomó el control de su partido y la campaña. En las próximas horas veremos a los gobernadores morenistas sumarse con frenesí al llamado presidencial, tratando de expulsar al limbo de los conservadores, hipócritas y bandidos a los mandatarios de oposición.
Una vez más, el Presidente decidirá quienes están con el pueblo y quienes contra él. La extensa carta puede resumirse en una expresión: hágase la democracia en los bueyes de los gobernadores…
Las del estribo…
1. ¿Qué es peor? ¿Un gobierno que acumula cientos de miles de millones de pesos en observaciones por irregularidades en la mayoría de sus dependencias, programas sociales y proyectos de infraestructura o una Auditoría Superior de la Federación (ASF) que se dobla al primer manotazo presidencial? El país está atrapado en lo peor de dos mundos
2. Al mismo tiempo convalecen por Covid-19 los secretarios de la Defensa, la Marina, el Director del Instituto de la Salud para el Bienestar (Insabi) y hasta el afamado doctor López-Gatell. Mientras, el Presidente apuesta a la divina inmunidad luego de su contagio.