El pasado 6 de enero, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de la nutrióloga veracruzana y trabajadora del IMSS del Puerto de Veracruz, Samara Arroyo Lemarroy desaparecida dos semanas antes, el gobernador Cuitláhuac García se ufanó que “aquel que agreda o atente contra la vida de una mujer, será una mujer quien lo investigue y ponga ante la justicia y también lo va a sentenciar un Poder Judicial que está dirigido por una mujer. Basta de agredir a las mujeres, no habrá impunidad».

Pues resulta que una de esas dos mujeres, la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns ayer reconoció ante diputados locales que ni la mitad de las denuncias por feminicidios son judicializados y que de 182 carpetas sólo en 73 hay datos firmes que puedan esclarecer el caso y dar con los responsables. Es decir, para muchos feminicidas la impunidad está garantizada.

En menos de diez días, en Veracruz han muerto al menos 11 mujeres de manera violenta. A los siete homicidios de la semana pasada se suman otros cuatro en dos días: la cobarde ejecución de la doctora Gladys Merlín Alor y su hija Carla, así como dos mujeres que acompañaban a sus respectivas parejas en los municipios de Agua Dulce y San Andrés Tuxtla.

Ante la incompetencia, el mandatario estatal sigue buscando excusas en las administraciones pasadas acusando de cacicazgos y acuerdos entre autoridades y delincuentes nunca comprobadas, se sigue criminalizando a las víctimas –lo mismo filtrando fotografías de la escena del crimen que acusando vínculos sentimentales o con delincuentes-, y se politizan los casos como alternativa a la indignación.

El problema radica en que el Gobernador del Estado y la Fiscal General no tienen el menor interés en establecer una estrategia urgente y específica para detener la ola de feminicidios que han vuelto a poner a Veracruz como un infierno para las mujeres, sin importar su condición social y económica, actividad profesional o lugar de residencia. Todas están expuestas a la violencia feminicida.

En enero de 2019, a un mes del inicio de su administración, el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, presentó la estrategia integral “Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres y las Niñas” en Veracruz junto con la representante del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Nira Cárdenas Oliva; y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Alejandro Encinas Rodríguez.

Un año después de la implementación de la estrategia, la coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, Estela Casados González, lamentó que no existía una articulación de instancias que permita prevenir la violencia, y aplicar un castigo ejemplar a quienes ejercen violencia contra las mujeres, además de que Veracruz se mantenía en el primer lugar nacional por el número de feminicidios. “Hay un sentimiento de que se ha defraudado la confianza de las organizaciones de la sociedad civil que hemos manejado estos temas”.

A inicios de 2020 se publicó la reforma a la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia en la que se establecía la creación de estas fiscalías en los 212 municipios para atender el tema del feminicidio a más tardar en diciembre del año pasado. La fecha llegó y la Fiscalía General del Estado no cumplió, argumentando falta de presupuesto. Es decir, los diputados morenistas impulsaron una ley que nació muerta porque a nadie se le ocurrió que se le tenían que asignar recursos.

Desde mayo de 2019 el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) no cuenta con Directora. En vez de iniciar el proceso señalado por la ley para la elección de una nueva titular, han pasado veintiún meses en que no se ha cumplido con esta urgente formalidad, por lo que prevalece la actuación de una encargada de despacho.

El gobierno de Veracruz se ha dado el lujo de desmantelar el IVM en el peor escenario posible: siendo el único estado del país con dos alertas de género –y la amenaza de una tercera por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM)- además de ser el segundo a nivel nacional con el mayor número de feminicidios y otros delitos de violencia en contra de las mujeres.

En respuesta, en septiembre del año pasado, mujeres de la sociedad civil iniciaron un proceso judicial para obligar a la Secretaría de Gobierno a emitir una convocatoria para la elección de titular del Instituto. Tampoco han tenido respuesta.

Veracruz es una de las dos entidades en el país que mantiene dos alertas de género.

A la fecha, la actual administración estatal no ha emitido informe alguno sobre el Grupo de Trabajo encargado de darles cumplimiento; la última información sobre la alerta de género en Veracruz publicada en el portal del gobierno estatal corresponde a la administración que concluyó hace dos años con dos meses.

Esas son las verdaderas razones –y no las que en su ignorante incapacidad atribuye el Gobernador del Estado- por las que Veracruz sigue siendo un estado feminicida.

La del estribo…

1. Lo que nos faltaba. Ahora nos van a “tandear” la luz. El gobierno canceló todos los proyectos de energías limpias y ahora ante el desastre energético, acusa que gobiernos pasados no invirtieron en el sector eléctrico. Ahora los simpatizantes morenistas tendrán que utilizar las velas con las que iluminan cada noche la imagen de su mesías.

2. Este miércoles el Secretario de Gobierno explicó con claridad lo que sucedió en Orizaba. Pretendieron inculpar a los policías municipales de haber puesto –o incluso ser responsables de la agresión- a los policías estatales muertos el jueves pasado. La revisión de armamento “fue para descartar que un arma pudiera haber sido utilizada en algún crimen”. Y de paso, cobrar facturas políticas al alcalde.