La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio un plazo de cinco días para que el Congreso local llame al alcalde suplente de Actopan, José Alfredo López Carreto, y determinó incorporar a la presidenta de la Mesa Directiva, Adriana Linares Capitanachi, al catálogo de personas sancionadas por el órgano jurisdiccional.
Desde julio del 2020, al revisar el juicio 53/2020 se ordenó la reinstalación del alcalde José Paulino Domínguez o en todo caso llamar al suplente José Alfredo López Carreto para asumir la administración municipal. Y se ordenó al Congreso para que a través de la presidencia se cumpliera con ese trámite legal y se vinculara a la diputación permanente.
En ese momento se desempeñaba como presidente Rubén Ríos Uribe, sin embargo, la sentencia de este 11 de febrero recaerá en la actual representante legal Adriana Linares Capitanachi, quien podría ser inhabilitada de la función pública.
Rubén Ríos solicitó licencia este 11 de febrero con la intención de contender por la candidatura a la alcaldía de Córdoba y en todo momento se manifestó contra la posibilidad de acatar la sentencia de órganos jurisdiccionales, al anunciar que sería controvertida por el área jurídica de la 65 Legislatura.
En la sesión nocturna los magistrados federales resolvieron los juicios 79, 80, presentados por el alcalde suplente López Carreto; así como el 70 y 73 que presentaron las diputadas María Josefina Gamboa Torales y Brianda Kristel Topete, que fueron desechadas porque no tenían la personalidad jurídica para impugnar la sanción.
Se observó que como la presidencia no cumplió con el llamado del titular ni el suplente, era pertinente incluir a los legisladores en el catálogo de sujetos sancionados por la autoridad jurisdiccional. La medida incluyó a los diputados locales de la 65 legislatura.
Es por ello, que los magistrados determinaron limitar la sanción únicamente a la persona que ostenta la presidencia de la Mesa Directiva, representante legal del Congreso, y que recae en la persona de Adriana Linares, al ser la autoridad a la que se le dirigió la instrucción de la reinstalación de la autoridad municipal.
“Se propone (…) ordenar al Tribunal Local a que la medida de apremio impuesta al Congreso del Estado únicamente se imponga a quien detente la presidencia del órgano legislativo o de la diputación permanente”.
En la misma revisión también se apercibió a los magistrados locales por dilatar por meses la revisión y resolución del juicio de protección de ciudadanos de Alfredo López Carreto, quien pidió ser llamado para rendir protesta como alcalde suplente.
La historia
En marzo del 2020 la mayoría del Congreso local revocó el mandato del alcalde José Paulino Domínguez y a la síndica Yazmín Palmeros, el exfiscal anticorrupción, Alfredo Lizárraga Corona, los acusó de supuestos actos de corrupción.
La salida de los panistas generó un vacío de poder en la administración municipal, pues se anunció que José Alfredo López Carreto había renunciado a la presidencia municipal, en calidad de suplente.
Correspondía llamar a la síndica suplente, Nayeli Toral. para asumir la representación por un periodo de 60 días, sin embargo, el Cabildo determinó nombrar al regidor 5, Eduardo Carranza Barradas como alcalde interino.
López Carreto inició un juicio ante el tribunal electoral con la intención de que se ordenara su toma de protesta; por su parte la síndica Yazmín Palmeros, quien fue detenida minutos después de que se revocó su mandato, presentó una acción de inconstitucionalidad y la Suprema Corte ordenó dejar sin efectos la decisión del Congreso y restituirlos en el cargo, pero no se atendió la sentencia.
Por su parte el TEEV calificó como ilegal la sesión de Cabildo en la que se nombró al alcalde interino y también instruyó llamar a López Carreto, pero el Congreso tampoco atendió la sentencia.
Es por lo anterior, que se determinó sancionar a los legisladores locales por no atender el mandato de una autoridad jurisdiccional.
AVC
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