El gobierno británico se asegurará de que “ninguna empresa que se beneficie de los trabajos forzados” de la minoría musulmana uigur en China “pueda hacer negocios en el Reino Unido”, afirmó el martes el ministro de Relaciones Exteriores, Dominic Raab.
Denunciando la “barbarie” de Beijing, Raab aseguró ante el parlamento que existen “pruebas de la escala y la gravedad de las violaciones de los derechos humanos que se están perpetrando en (la provincia china de) Xinjiang contra los musulmanes uigures”.
Y anunció “una serie de nuevas medidas para enviar un claro mensaje de que estas violaciones de los derechos humanos son inaceptables, y para proteger a las empresas y organismos públicos del Reino Unido de cualquier implicación o vinculación con ellos”.
Estas “ayudarán a asegurar que ninguna organización británica, gobierno o sector privado, deliberada o inadvertidamente, se beneficie o contribuya a las violaciones de los derechos humanos contra los uigures u otras minorías en Xinjiang”, agregó.
Así, el ejecutivo “llevará a cabo una revisión urgente de los controles de exportaciones” procedentes de Xinjiang y de “cualquier empresa que se beneficie de los trabajos forzados se verá excluida de las adquisiciones”, afirmó.
La decisión británica llega unas semanas después que Estados Unidos vetara las importaciones de un importante fabricante chino de productos de algodón por utilizar trabajadores uigures detenidos, una medida que se sumó a otras similares tomada en julio y septiembre.
Los uigures, de mayoría musulmana sunita, son el principal grupo étnico de Xinjiang, una enorme región de China que limita con Afganistán y Pakistán. La provincia está en el corazón de la industria algodonera, de hilados y textiles de China, la más grande del mundo.
Allí se encuentran factorías de hilados pertenecientes a algunos de los fabricantes de camisas más avanzados de China, que tienen contratos con marcas occidentales.
Las Naciones Unidas ha dicho que cuenta con informes creíbles que confirman que un millón de musulmanes han sido detenidos -y forzados a trabajar- en campos de reeducación política. También se les obliga a denunciar su religión y su idioma y se les maltrata físicamente, al punto de que ha habido reportes sobre esterilizaciones forzadas. Además, los miembros que son liberados son sometidos a una vigilancia sofisticada y constante.
El gobierno comunista negó en un principio la existencia de los campos de internamiento en Xinjiang, pero ante la evidencia dijo que son instalaciones de formación profesional destinadas a contrarrestar el radicalismo musulmán y las tendencias separatistas.
INFORMACIÓN/AFP
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