En los meses pasados se ha abierto un debate nacional muy necesario en relación al acuerdo fiscal federal y a la coordinación fiscal. Este es un aspecto de la mayor trascendencia en un sistema federal como el nuestro y, sobre todo, fundamental para funcionamiento de todas las instituciones nacionales, federales y locales.

Seguramente habrá muchos temas y ajustes que se deberán abordar para tener un nuevo y mejor consenso nacional con respecto a los impuestos, a su cobro y a la distribución de los mismos reflejada en los presupuestos de egresos, en las participaciones federales y en las asignaciones a los estados y municipios en diversos rubros. Sin embargo, también es la oportunidad de acordar nacionalmente un aspecto fundamental para el funcionamiento de los gobiernos locales y los servicios públicos municipales, me refiero al fortalecimiento de los impuestos que cobran las entidades federativas y los municipios.

El hecho de que tradicionalmente la mayoría de la recaudación fiscal la cobra la federación, ha provocado que los estados y municipios no tengan incentivos o motivaciones para cobrar impuestos locales, lo que además no es popular. Pero me parece que es un error ver el problema desde esa óptica. Independientemente de que la federación cobre impuestos tan importantes como el de la renta (ISR) o al valor agregado (IVA), entre otros, no debe ser motivo para que los estados o municipios puedan hacer un mayor esfuerzo en aumentar impuestos o su recaudación, argumentando que serán impopulares o que la población no podría pagarlos. Al contrario, las y los ciudadanos estamos dispuestos a pagar más impuestos locales si ello se refleja en mejores servicios o mejores programas en beneficio de los habitantes.

México es un país que recauda poco y mal. De los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la cual México es integrante, somos el que menos recauda impuestos. Los gobiernos federal, estatales y municipales del país sólo recaudan en su conjunto el equivalente al 16% del Producto Interno Bruto (PIB). Muy lejos de los demás países de la OCDE, que, como Francia, por ejemplo, recauda 46% de su PIB.

Pero más grave aún es la constatación de que, en la lógica de mi argumento, del total de impuestos que se recaban en México, los gobiernos de los estados sólo recaudan el 4% del total y los municipios el 1.6% del total. Mientras que, por ejemplo, en Canadá esa proporción es de 39.8% y 10.3%, en España de 15% y 10%, y en Estados Unidos de 18.3% y 14.2%.

De los impuestos municipales, el predial es el impuesto por excelencia en casi todos los países del mundo, pero en México ese cobro por parte de las autoridades locales y su pago por parte de las y los ciudadanos ha sido minimizado, mal recaudado y no se ha aprovechado su potencial como fuente de financiamiento de programas y proyectos municipales. En general en México, del total de impuestos, el predial equivale al 2%, lo cual resulta ridículo frente a lo que representa en otros países: Estados Unidos 16%, Reino Unido 12%, España 8%, como porcentaje del total de impuestos recaudados.

Me parece que en el debate actual sobre un nuevo pacto fiscal, habrá que discutir también cómo le hacemos para incentivar a los estados y municipios para que cobren mejor y más impuestos locales que sirvan para contar con mejores policías municipales, mejores actividades culturales y artísticas, mejores obras urbanas y viales, etc.

No me refiero a que, con ese pretexto, la federación nos devuelve menos a los estados y municipios, o que disminuyan o desaparezcan programas, subsidios, participaciones o aportaciones federales. Hablo principalmente de que, en un nuevo pacto fiscal, se considere la decisión y el acuerdo de apoyar e incentivar a los gobiernos locales a que usen esa atribución.

Desde luego se trataría de un compromiso igualmente por parte de la sociedad y la ciudadanía, así como de los gobiernos locales, para hacer conciencia de que es en ese primer nivel de gobierno donde tenemos que trabajar más para contar con ciudades, colonias, barrios, pueblos, etc., mejor equipados y en los que podamos constatar de manera directa una mejoría en la calidad de vida de todos y todas.

Una sociedad democrática tiene varias dimensiones, una de ellas es la meramente local, municipal. Si queremos fortalecer nuestra democracia en ese nivel básico y directo, debemos de empezar, por un lado, siendo ciudadanos y ciudadanas responsables que pagamos nuestros impuestos locales, y que por esa misma razón exigimos mejores servicios y gobiernos, y, por el otro lado, la existencia de gobiernos y servicios públicos profesionales, de calidad, eficientes y en beneficio de todos y todas.