Empresarios constructores criticaron que el Gobierno de Veracruz haya asignado el 99 por ciento de contratos por obras y servicios vía adjudicación directa, según información otorgada por la contralora general del estado Mercedes Santoyo Domínguez durante su comparecencia ante los diputados locales.

Líderes de cámara señalaron que esto es muestra de la falta de transparencia en el tema, además de una violación a la ley que se debe investigar ya que no está permitido que la mayor parte de los recursos de la administración pública se asigne de manera directa.

Cabe destacar que de enero a octubre de este año se registraron 19 mil 591 contratos, de los cuales 19 mil 400 fueron adjudicaciones directas,23 licitaciones públicas nacionales, 4 licitaciones públicas estatales y 164 licitaciones públicas simplificadas.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Diego López Méndez, detalló que los agremiados a su organismo han participado únicamente en licitaciones públicas y solo algunas por licitación, por lo cual dijo el que entreguen de manera directa afecta al sector que vive una crisis por la falta de obra pública

“No hemos tenido esa participación en ese tipo de adjudicaciones directas, hemos estados participando en las públicas y en algunas muy pocas por invitación; tampoco hemos sido favorecidos al 100 por ciento, nos han tomado en cuenta pero en muy poco porcentaje. Debemos entender que no se está respetando la ley porque hay un porcentaje establecido para adjudicarlo de manera directa, pero el porcentaje que están manejando es excesivo”.

Señaló que en el caso de la obra pública uno de los vicios a los que se enfrentan es que se declaran desiertas las convocatorias para licitaciones públicas, y luego habiendo cubierto ese requisito se hacen las adjudicaciones directas.

“Lo que ha pasado es que muchos procedimientos fueron públicos, los declararon desiertos, y luego los asignan de manera directa, tanto en licitaciones de a tres como en licitaciones públicas y se han asignado a empresas que no les han cumplido, hay muchas obras que las tienen sin concluir o de muy mala calidad”.

Esto ha provocado una disminución en el trabajo de lo que consideró son las empresas serias, que son las que cumplen con las obras y el pago de sus impuestos ya que la obra pública está reducida a cierto grupo de personas físicas.

“Son las que ahorita están sufriendo la escasez de trabajo, mientras que llegaron muchas empresas nuevas, personas físicas que nadie las conocía y de repente ganan contratos importantes, esa es la señal que está dando el Gobierno”.

López Méndez insistió en que la Contraloría General del Estado está obligada a vigilar todos los procesos licitatorios, pero hasta ahora no hay algún proceso sancionador en contra de quienes se han excedido en la entrega de adjudicaciones directas.

“Hasta ahorita no es ir en contra de la contralora pero no hemos visto ninguna sanción a ningún funcionaria de las áreas de licitaciones por estar haciendo esto. Si la misma autoridad no pone orden en casa, nosotros como ciudadanos lo podemos denunciar pero hasta donde llega nuestra denuncia y hasta dónde estamos siendo escuchados”.

Por su parte, el vicepresidente nacional de Servicios de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, Rafael Fentanes Hernández, señaló que si bien la ley de Adquisiciones del estado “es más consentidora” a la hora de otorgar contratos.

Dijo que existen casos en los que convocan a participar en algo que denominan “investigación de mercado”, que no es más que una licitación por invitación disfrazada porque invitan de tres a cinco empresas para que coticen y hagan una propuesta para alguna adquisición.

“Las evalúan pero les piden toda la información como si fuera una invitación restringida simplificada y se la dan al más barata, pero me preocuparía mucho que esto fuera en obra pública porque no hay ninguna manera de defenderse, aunque lo están haciendo en algunas obras públicas. Anteriormente te daban una adjudicación directa porque habías cumplido con todos los requisitos y estabas en un padrón de contratistas, llegabas y tenían el contrato listo, nada más para que dijeras acepto y a darle”.

Actualmente dijo que se trata de una invitación restringida, a la que le llaman investigación de mercado, lo cual señaló es la muestra de que se está “atomizando” o pulverizando la inversión pública en Veracruz porque no hay obras de gran calado.

“Esto te habla de una atomización de la inversión, no hay inversión que requiera licitaciones públicas nacional o estatales para obras medianas o grandes, se habla de una atomización. Hay que verificar qué porcentaje de estas empresas son veracruzanas”.

A ello se suma que puede haber una inequidad en el reparto de las obras a cierto grupo de empresarios que en el peor de los casos pudieran no ser ni siquiera empresas radicadas en el estado de Veracruz.

“Me gustaría pensar que le van dando de manera equitativa y por especialidad a las empresas, hay que checar qué tanta dispersión hay entre las empresas. Si hay 10 mil empresas y los contratos sólo se los dieron a 15 empresas, entonces es preocupante, habría que checar que no más del 20 ó 30 por ciento de los contratos se lo lleven empresas foráneas”.

Fentanes Hernández consideró que si bien ha habido trabajo para algunas empresas, no es en la cantidad deseable porque todavía hay muchas empresas sin trabajo dado que los criterios con los que califican o evalúan a las empresas para otorgarles los contratos no son adecuados ni 100 por ciento transparentes.

AVC/Perla Sandoval

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