¡Ni el Presidente se ha atrevido a tanto! Ayer durante su comparecencia ante el Congreso local, la Contralora General del Estado, Mercedes Santoyo, aceptó que en el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, el 99 por ciento de la asignación de obra pública y la adquisición de bienes y servicios se ha dado de manera directa, es decir, se contrató o compró sin licitación de por medio. Es el cinismo de una corrupción disfrazada de transparencia.

Durante los dos primeros años del gobierno de López Obrador, ocho de cada diez contratos por obras y servicios se asignaron de manera directa, es decir, a quien el gobierno quiso sin importar si era la mejor propuesta, la de más calidad o la empresa con mayor experiencia. Basta con ser afín al régimen cuatroteísta.

Estas cifras superan incluso al defenestrado gobierno de Enrique Peña, donde a través de procesos de adjudicación directa se entregaron miles de millones de pesos a amigos y familiares. En el caso del gobierno de López Obrador, esta práctica ha permitido que se asignen más de 30 mil contratos de manera discrecional, como sucedió con los más de 365 millones de pesos entregados a la prima del mandatario por la vía de Petróleos Mexicanos.

Pero resulta que Cuitláhuac fue mucho más allá. De los 19,591 contratos entregados por su gobierno durante el presente año, sólo 4 fueron por licitación pública estatal, 23 por licitación pública nacional y 164 mediante licitaciones públicas simplificadas, mientras que 19,400 (99.02%) fueron adjudicaciones directas, muchas de ellas a empresas formadas en los dos últimos años y en los que aparecen nombres de familiares, amigos y socios de funcionarios del gobierno estatal.

Lo que supondría un acto de transparencia, puso en evidencia que el gasto del gobierno tiene destinarios específicos, que no hay competencia en la adquisición de bienes y servicios y que los procesos carecen de condiciones mínimas de equidad y libre mercado.

Mercedes Santoyo mencionó además que como parte del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), en el periodo de enero a noviembre del ejercicio en curso se han realizado 434 evaluaciones financieras a 17 dependencias y 52 entidades, resultando 216 inconsistencias –es decir, la mitad de lo que se revisó-, de las cuales 70 ya se han sido atendido por los Entes y el resto continúan en proceso de solventarse.

En el mismo sentido, se dio seguimiento a 132 contratos de obra pública activos en el Sistema de Bitácora Electrónica de Seguimiento a la Obra Pública (BESOP), celebrados por las dependencias y entidades, de los cuales 97 tienen incidencias u observaciones. Es decir, se encontraron irregularidades en ¡siete de cada diez contratos!, lo que vendría a confirmar el desaseo y corrupción con que el gobierno estatal está ejerciendo su presupuesto.

Dentro del rubro de obra pública se dio seguimiento a 850 procedimientos de contratación de obra pública; de los cuales 85 corresponden a la modalidad de Licitación Pública Nacional; 175 corresponden a la modalidad de Invitación a Cuando Menos Tres Personas; 25 bajo la modalidad de Adjudicaciones Directas por Excepción de Ley; y por último 565 bajo la modalidad de Adjudicación Directa.

Acaso lo rescatable –datos que deberán ser corroborados- es que 17,475 operaciones se realizaron con empresas veracruzanas y 2,116 con empresas con residencia fiscal en otras entidades federativas, representando el 89% para las empresas locales. Sin embargo, nada se ha dicho de los contratos que se entregaron al ex delegado del gobierno federal en Jalisco, por lo que la Secretaría de la Función Pública abrió un expediente. Aquí simplemente dieron carpetazo al caso.

Las grandes fortunas del duartismo fiel se formaron al amparo de adjudicaciones directas con empresas afines o de prestanombres. Hoy todos los contratos de entregan a los amigos, socios y cómplices, con el propósito de que estos se devuelvan en dinero y votos.

Cuitláhuac a Petróleos Mexicanos

Nadie sabe de dónde surgió, pero ayer corrió como pólvora la versión de que en las próximas semanas el gobernador Cuitláhuac García Jiménez dejaría el cargo de gobernador para ocupar la dirección general de Pemex, en sustitución de Octavio Romero Oropeza.

La especie cobró sentido por varias razones: a pesar de registrar las pérdidas más altas en la historia de la paraestatal, Romero Oropeza siempre contó con el aval del Presidente hasta que estalló el escándalo de los contratos asignados a la prima Felipa. La supuesta desobediencia el funcionario -a quien se le habría ordenado no entregar esos contratos- sería el motivo de su renuncia.

Por su parte, Cuitláhuac García es ingeniero de profesión. Estaría –como lo ha estado en diferentes formas- bajo las órdenes de la zacatecana Rocío Nahle. Y si bien no tiene ninguna experiencia en el sector petrolero, sería el emblema de honestidad –que no de capacidad y experiencia- que necesita la empresa.

Sin embargo, la decisión tendría un carácter netamente electoral, luego de que ya se demostró que sus operadores no son capaces de ganar una elección de notarios.

Las del estribo…

1. ¿De quién fue la penosa idea del outfit de Lara Croft (Tomb Raider) que usó ayer la Fiscal del Estado, Verónica Hernández, durante la entrega de vehículos y equipo al personal de la policía ministerial? En lugar de un arma de cargo, mejor le hubieran pasado una tarjeta con la inversión de lo que estaba entregando; sin querer, el gobernador y el secretario de gobierno la exhibieron al preguntarle cuánto costaba una de las unidades. No supo.

2. En medio de la insensatez de declarar a Veracruz en semáforo verde, hay cordura en el gobierno estatal respecto del regreso a clases. Ayer el Gobernador anunció que no habrá regreso hasta que todos los municipios estén en verde durante al menos 4 semanas, algo que no sucederá en los próximos cuatro meses.