Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a solicitar que se reabra la investigación del asesinato de la periodista Regina Martínez, a la que el tabasqueño conoció como dirigente nacional del PRD desde la década de los noventas, primero cuando la reportera era corresponsal en Veracruz del diario La Jornada y luego de la revista Proceso.

La reapertura del caso sobre este atroz crimen ocurrido en abril de 2012, seguramente les va a quitar el sueño a algunos políticos veracruzanos y altos ex funcionarios policiacos y de procuración de justicia, a los que el semanario fundado por el periodista Julio Scherer García –padre del abogado Julio Scherer Ibarra, actual Consejero Jurídico de la Presidencia de la República– en su momento vinculó con grupos criminales.

Por la estimación y respeto que públicamente le siguen expresando a Regina tanto el presidente López Obrador como el gobernador Cuitláhuac García –quien inclusive ha querido instituir un premio estatal de periodismo con el nombre de la desaparecida reportera–, se presume que las nuevas pesquisas irán a fondo y retomarán otras líneas de investigación que no fueron consideradas en la primera y concluyente indagatoria ministerial, principalmente la de la narcopolítica en Veracruz.

“Yo no sabía que se hubiese cerrado el caso, pero si es así lo reabrimos y se hace la investigación a fondo. Tenemos ahora condiciones distintas porque no hay contubernio, entonces podemos conocer toda la verdad”, prometió el Jefe del Ejecutivo federal, aunque después de más de ocho años no será fácil reconstruirlo y sustentarlo con evidencias sólidas.
Y es que por esa misma época ocurrieron también otros crímenes que pese a los testimonios y pruebas periciales, aún siguen impunes. Uno de los más sonados, por ejemplo, fue el caso de Gibrán David Martíz Díaz, un joven cantante de “La Voz México” secuestrado, torturado y ejecutado en enero de 2014, dos años después del homicidio de Regina.

Efraín Martiz Aguirre, padre del cantante, reveló que el agente del Ministerio Público, Guillermo Bencomo, se negó a entregarle una copia de la averiguación previa (AP-045E-2014*13-06-2014-049547-Z), pero que logró fotografiar varias de las páginas en las que se encuentra una relación de llamadas desde el celular de Gibrán (2291065252).

Según los documentos, el teléfono estuvo siendo “encendido” y “apagado” desde el día de la sustracción de su hijo y de su amigo Luis Eduardo Caballero, un joven originario del puerto de Alvarado que había discutido en una discoteca de Xalapa con Alan Román Mendoza, (a) “Alan Romahn” o “Pin Pon”, hijastro de Arturo Bermúdez Zurita, a la sazón secretario de Seguridad Pública.
De acuerdo con Efraín Martiz, el localizador GPS del celular de su hijo registró las coordenadas de tres distintas direcciones entre el 7 y el 12 de enero, antes de que aparecieron los cadáveres en un paraje del municipio de Puente Nacional, a un costado de la carretera Conejos-Huatusco,: uno fue el lugar donde fueron secuestrados, cerca del Congreso local, en la avenida Ferrocarril Interoceánico; otro en el conjunto residencial “Las Ánimas”, donde, dijo, “sé que ahí vive el titular de la SSP, Arturo Bermúdez”, y uno más en la Academia de Policía de El Lencero.

Sin embargo, el ex jefe policiaco, quien en complicidad con su hijastro se volvió millonario en el duartismo con jugosos contratos y concesiones de la SSP, se da ahora la gran vida, luciéndose en el programa “Al Extremo”, de TV Azteca, en el que hace ostentación de su habilidad para hacer piruetas con la moto acuática sobre las crestas de las olas del mar.