Este domingo 15 de noviembre, el Ing. Cuitláhuac García Jiménez, gobernador de Veracruz, presentó ante el Congreso del Estado su Segundo Informe de Resultados, en medio de una serie de acusaciones en su contra y en particular contra su secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, en las que se les señala por diversos actores políticos de estar utilizando la represión y las amenazas para alinear por la fuerza a sus adversarios políticos o simplemente aquellos que no pertenecen a su partido, Morena.

Los han acusado algunos presidentes municipales, organizaciones campesinas, organizaciones magisteriales (el viernes pasado los dirigentes del Movimiento Magisterial Veracruzano, acusaron al secretario de Educación de atentar contra su vida), periodistas, funcionarios como la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, colectivos de búsqueda de desaparecidos. También se les ha acusado de que se ha incrementado la delincuencia, que no hay obra pública en el estado y que varios de los funcionarios de primer nivel de su gobierno están corrompidos. El gobernador ha organizado ruedas de prensa para defenderse, en las que niega dichas acusaciones y asegura que las cosas marchan bien en el estado.

El escándalo ha llegado a niveles tan altos que en días pasados los periódicos nacionales y estatales publicaron que el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, debería renunciar al cargo ante tantos señalamientos de ser el operador de las amenazas y la represión y de que incluso es él quien realmente manda en el estado y de que se ha apoderado de los principales puestos en el gabinete. Sin embargo, el gobernador cándidamente ha defendido a su secretario de Gobierno y ha dicho que éste obedece órdenes que él le instruye.

Sin embargo, esto último no convence a la opinión pública nacional y a los veracruzanos, en quienes queda la impresión de que efectivamente el Ing. Cuitláhuac García está subordinado a Eric Cisneros. Deducen lo anterior de que este último funcionario se ha encargado de decir que él fue asignado desde el centro del poder y obedece a los intereses de la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, a quien Morena está proyectando para suceder en la gubernatura de Veracruz a Cuitláhuac García. Se ha hablado incluso de que Eric Cisneros puede sustituirlo al terminar los primeros dos años de su mandato.

Cuitláhuac García ha resultado de los gobernadores peor calificados en las encuestas en las que se mide la aprobación de los mandatarios estatales y es cuestión de ver las redes sociales para darse cuenta del repudio que tiene de los veracruzanos. Es decir, está muy desprestigiado y así llega a su Segundo Informe: sin resultados y en un clima enrarecido. Por lo que se ha visto en la necesidad de gastarse millones de pesos del dinero de los veracruzanos contratando publicidad para intentar lavarse la cara.

Son muchos los analistas que han hablado de cambios debido a esto último. Pero yo me inclino a pensar que no habrá tales, porque en realidad se trata de imponer, al costo que sea, como gobernadora a Rocío Nahle, funcionaria muy cercana al presidente de la República, para lo cual ya modificaron la Constitución para abrirle paso y en algunos eventos a los que ha asistido el presidente López Obrador la han ventaneado.

Debido a esto, la situación se torna peligrosa para los veracruzanos pues se trata de intereses económicos y políticos bien definidos, de personajes con fama de ambiciosos de poder y dinero, que utilizarán todos los medios a su alcance para imponerse.

Con lo que se pone de manifiesto que los integrantes del partido Morena no tienen ninguna filosofía medianamente científica que guíe su actuar; se dicen de izquierda, hablan de defender a los pobres, pero actúan como dictadores desalmados que anteponen sus intereses personales y de grupo antes que las necesidades de los veracruzanos.

Un ejemplo de ello es que ni el gobernador ni los diputados morenistas protestaron ante el recorte de más mil 600 millones de pesos que sufrió el estado de Veracruz, en el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado la semana pasada por el Congreso de la Unión, recorte que afectará a los campesinos, colonos, estudiantes y maestros. No habrá obra pública, apoyos para el campo, construcción de hospitales y carreteras, programas de vivienda y lotes de interés social, habrá desabasto de medicamentos, construcción de espacios educativos, apoyo a los damnificados por los desastres naturales y, algo inaudito, no hay presupuesto para adquirir las vacunas contra el covid-19, etc. Dicho recorte también afectará de manera grave a los ayuntamientos que verán disminuidas sus participaciones.

Hay que ver si la estrategia para imponerse mediante la violencia, el terror y la mentira les sirve a los representantes de Rocío Nahle. Mi opinión es que los veracruzanos no lo permitirán.

Samuel Aguirre Ochoa

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DE RAZONES Y PASIONES | El 2° Informe de Resultados no nos lleva a ningún lado