Vivimos tiempos donde se está poniendo a prueba, en un sinnúmero de ámbitos, la razón de ser o el fin del Estado, o por decir lo menos, la eficacia de su actuación. Me refiero al Estado como principal institución política, legal, social y constitucional, ya sea que se le vea en su dimensión de garantizar la legalidad y seguridad, es decir, el Estado de Derecho, o la de garantizar derechos y libertades para todos por igual, o bien la de ser un factor de distribución de oportunidades, ingresos, riquezas, y de ser el responsable de funciones esenciales como la salud y la educación.

Estos últimos meses hemos presenciado a nivel global retos inimaginables que han implicado una reflexión sobre la función del Estado, o, mejor dicho, sobre la calidad de la función del Estado.

El ejemplo más dramático ha sido la forma y resultados en la que los diferentes países han combatido la epidemia de SARSCoV2 y de Covid19. Los países asiáticos en general se prepararon durante muchos años para una pandemia de estas dimensiones, dados los antecedentes que tuvieron con las epidemias de gripe aviar y de gripe porcina, las MERS y SARS.

Así, países como Japón, Corea, Taiwán, China, invirtieron enormes cantidades de recursos materiales y humanos porque sabían que era posible una pandemia como la de Covid19. La gran ventaja que han tenido estos países y gracias a la cual el impacto ha sido menor en sus poblaciones, es la de haber diseñado y actuado desde el principio de la epidemia con protocolos y estrategias de salud principalmente orientadas a la contención del virus, con un ejército de trabajadores de la salud, protocolos, material médico, pruebas virales, medidas sanitarias desde las propias instituciones de salud pública, infraestructura hospitalaria y médica, etc.

A diferencia de los países europeos, en Asia no se concentraron en medidas drásticas de confinamiento y limitación de libertades de circulación o de paro total de la vida económica y social. Los países asiáticos hicieron dos cosas, un despliegue impresionante de recursos públicos y de salud para atender y contener, y una disciplina individual y social inigualable.

La estrategia europea y americana, es decir “occidental”, fue en primer lugar errática desde un inicio. Los países no tenían nada preparado para una contingencia como la de Covid19, y actuaron tarde. Pero, sobre todo, la estrategia se orientó principalmente a las medidas de restricción individual y social, es decir, a frenar coercitivamente el movimiento de las personas y de la sociedad, en lugar de poner en marcha desde un principio y de manera estratégica y proactiva todos los recursos del Estado para contender y atender.

En síntesis, los países asiáticos pusieron en marcha y evidenciaron la gran capacidad del Estado, de un Estado y sus instituciones que funcionan eficaz y efectivamente, además de contar con el respaldo de la conciencia y disciplina social y comunitaria. Por el otro lado, los países europeos y americanos, evidenciaron el caos social -que desde luego hay que reconocer que también viene de una concepción distinta sobre la democracia y las libertades y, por lo tanto, de un contexto cultural donde se privilegia lo individual más que lo comunitario- al implementar medidas reactivas en un Estado y sociedades menos renuentes a la restricción de libertades y donde los contrapesos democráticos y sociales se encuentran imbricados en una red de factores desde burocráticos-institucionales hasta sociales y económicos, que hacen menos eficaz y eficiente el actual del Estado en momentos de crisis.

Por otro lado, estamos siendo testigos, más allá de la pandemia, de fenómenos sociales que van exacerbando la capacidad de respuesta del Estado, y que están poniendo en evidencia las disyuntivas de las sociedades modernas entre, por un lado, el respeto a las libertades y derechos, y, por el otro, la eficacia o posibilidad de hacer respetar el Estado de Derecho.

Lo vemos en el caso dramático en el que se encuentra Francia, frente a un sector musulmán radical, y al que el Estado francés ya dijo que no tolerará más la violación a los principios, derechos y libertades de un Estado laico. Lo vemos frente a las manifestaciones sociales de todo tipo y color en las que se pone en evidencia un hartazgo frente a la ineficiencia de las instituciones pública, es decir, el Estado.

Y lo vemos también en México, frente a un desdibujamiento del Estado de Derecho y del Estado social (Estado Benefactor), por la presencia de poderes facticos como los carteles delincuenciales, que amenazan el control y legitimidad del Estado, y sobre todo, su función esencial que es la de proteger y garantizar la seguridad de los y las ciudadanas, y en segundo lugar, la de procurar servicios básicos como la salud y la educación de calidad.

La lección que nos dejan países como Corea o Japón es la de reflexionar en que el Estado, además de garantizar desde luego a todas las personas derechos y libertades, tiene una función de ser el principal rector y factor de cohesión política y social a través de su presencia por medio de instituciones fuertes, eficientes, eficaces y, por lo tanto, respetadas y legitimadas. Ya sea para fines de seguridad, combate al crimen, salud, educación, infraestructura, etc., el Estado tiene que estar presente y no desdibujarse, tiene que ser el actor principal en la escena pública, sobre todo en momentos de crisis.

Esa presencia del Estado, de sus instituciones, programas y personal, es la que hace la diferencia entre un Estado vigoroso, necesario y vigente, o un Estado desdibujado, caótico, no necesario y no respetado.