Prefacio.

En atención a las recomendaciones que le hicieron llegar desde Palacio Nacional, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, guardó prudente silencio. Quienes lo conocemos sabemos el gigantesco esfuerzo que eso le debió representar, pero cumplió a cabalidad la instrucción… hasta que se agotó su paciencia. *** El mensaje enviado vía Twitter al gobierno de Andrés Manuel López Obrador no es otra cosa que un grito pidiendo auxilio, un mensaje para recordarles (“capaz que ya se les olvidó mi tema”). Javier Duarte les dice que no tienen que estar negociando criterios de oportunidad, que si necesitan que alguien declare en contra de Enrique Peña Nieto, ahí está él, que algo debe conocer en el tema de Odebrecht. *** El mensaje en Twitter fue el siguiente: “Desconozco las razones por las cuales Luis Meneses Weyll, exdirector de Odebrecht México, está declarando falsedades en relación a los apoyos económicos que hicieron en favor de la campaña presidencial de @EPN en el 2012”. *** “Para prueba un botón: En 2012 siendo ya @EPN Presidente electo de México realizó una gira por Sudamérica y uno de los puntos que visitó fue Sao Paulo en Brasil. Estando en esa ciudad estuvo en casa de Marcelo Odebrecht. Ahí me llamó vía telefónica para solicitarme (instruirme) que acelerara todos los trámites y obras que el gobierno del estado de Veracruz tuviera pendiente para que Etileno XXI pudiera arrancar lo antes posible ya que él tenía un compromiso muy grande con estas personas por el apoyo que había recibido para su campaña presidencial”. *** “Tengo la disposición de declarar todo lo que me consta en este caso ante la autoridad correspondiente sin la necesidad de solicitar ningún criterio de oportunidad o beneficio alguno, lo hago simplemente con la intención de aclarar y apoyar en la investigación de este caso y sobre todo que se sepa la verdad”. *** Su asunto ya regresó a un escritorio de Palacio Nacional. Pronto podría haber noticias.

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Este jueves, ante el Pleno del Congreso de Veracruz, fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales, la solicitud de juicio político, promovida por José Clemente Zorrilla Rostro, en contra de la magistrada Sofía Martínez Huerta.

Al margen de la dudosa calidad moral de quien promueve este juicio político (Clemente Zorrilla Rostro fue impuesto como juez durante el período de Edel Álvarez Peña, sin mérito alguno y está en proceso una sanción administrativa por no presentarse a laborar -durante casi un mes- a su adscripción en Ozuluama), lo cierto es que este recurso encontró tierra fértil en el Congreso local y una víctima propicia, que poco ha hecho por defenderse.

Luego de ser removida del cargo de Presidenta del Tribunal Superior de Justicia mediante un procedimiento plagado de irregularidades, Sofía Martínez Huerta salió a los medios de comunicación a denunciar directamente al secretario de Gobierno, Éric Cisneros Burgos, de haberla amenazado y llegó a señalar que temía por su seguridad y la de su familia.

Sin embargo, cuando han pasado ya dos semanas desde que fue retirada de su cargo, es la fecha en que no ha presentado la denuncia correspondiente por las supuestas amenazas por parte del funcionario estatal. No es eso lo que esperan los ciudadanos de una magistrada que estuvo al frente del órgano encargado -¡justamente!- de impartir justicia.

Hoy por hoy se percibe un mayor dinamismo por parte del grupo de magistrados que se movilizó para desplazar a Sofía Martínez, pues han estado documentando cada una de sus acciones al frente de la Presidencia y señalando aquellas que ellos consideran fueron irregulares.

Mientras tanto, ella se limitó a presentar su demanda de amparo (la que aún no se resuelve) y se mantiene callada, distante, como si se le hubieran agotado los argumentos, las estrategias.

Pero mientras los magistrados se lanzan en una guerra sin cuartel por el control del Poder Judicial, en los próximos días se estará presentando la denuncia penal en contra de los involucrados en el millonario fraude de las Ciudades Judiciales.

Ya varios de ellos se han acercado al grupo de abogados que lleva la demanda, para negociar su colaboración a cambio de un trato especial.

Precisamente la aportación de más elementos de prueba y más detalles sobre estas operaciones, es lo que ha retrasado la presentación formal de la denuncia, que se ha ido enriqueciendo.

Muy pronto habrá más noticias.

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Epílogo.

Es lo que se conoce como “un buen manejo de la ironía”, o el arte de dar “una bofetada con guante blanco”. Este jueves, el dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín, felicitó desde sus redes sociales a la diputada Adriana Linares Capitanachi (de Morena) por su designación como presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local. *** Llamó la atención, sin embargo, el “detalle” que destacó de ella el dirigente partidista: “Reconozco en la presidenta de la Mesa Directiva de @Legisver, Dip. Adriana Paola Linares Capitanachi, su inteligencia y formación académica, que exaltan, ante la limitación de sus antecesores. ¡Felicidades! Que la razón del Estado no se siga anteponiendo al estado de la razón”. *** El perfil que de ella se publica en el portal de la Legislatura menciona que es licenciada en Derecho por la Universidad Cristóbal Colón, y que “se ha desempeñado en diversos cargos como servidora pública en el ámbito federal, en Petróleos Mexicanos, en el área de licitaciones, como asesora para el Congreso de Veracruz, y como abogada litigante, tanto en materia civil como laboral”. Se nota la diferencia. *** Los casos confirmados de Covid-19 en el país se incrementaron en 5 mil 567 pacientes, para llegar a un acumulado de 949 mil 197, de acuerdo con el reporte que elabora la Secretaría de Salud. *** José Luis Alomía, director de Epidemiología, detalló que los decesos confirmados por laboratorios también aumentaron en 544, con un registro acumulado de 93 mil 772. Las personas recuperadas suman 701 mil 837, mientras que la tasa de positividad se mantiene en 39 por ciento para la semana epidemiológica 43.

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