Si quieren un Poder Judicial verdaderamente autónomo, la única posibilidad que hay es que los magistrados lo sean por la vía de un proceso de selección en el que coincidan su conocimiento, su experiencia, honorabilidad y un proyecto para el desarrollo del sistema de impartición de justicia.
Mientras los magistrados le deban la silla al Gobernador, a los diputados o a otros magistrados como sugieren los abogados, seguirán siendo simples representantes de los intereses que los llevaron al cargo; aunque como en todo, hay notables y muy honrosas excepciones. Llegar a una magistratura por la vía de un examen de oposición, no sólo cerraría la puerta al influyentismo, sino que garantizaría a los mejores perfiles para impartir justicia.
Sin un verdadero servicio civil de carrera, muchos jueces prefieren crear zonas de interés y de confort, a sabiendas de que sin una relación política de peso, nunca llegarán al palacio de justicia. Un proceso abierto y transparente donde resulten los más capacitados, sacudiría a un Poder Judicial anquilosado y abriría una franca competencia de desempeño para alcanzar una magistratura.
Esta reforma sería posible si existiera la voluntad política del Gobernador del Estado. Toda vez que Cuitláhuac García ha cumplido todos sus compromisos para imponerle su sello al Poder Judicial, estaría en condiciones de impulsar una reforma para que se implante el examen de oposición como mecanismo para nombrar a los magistrados en el futuro. Así, pasaría a la historia como el gran reformador del Poder Judicial, algo que no lograron si nos más avezados juristas que han gobernado Veracruz.
Tras haber generado un vacío de poder que dio lugar a la peor crisis en la historia del Poder Judicial –remoción de la Presidenta del TSJE, amenazas, desacatos, desvíos millonarios, nepotismo y corrupción en juzgados-, el gobernador Cuitláhuac García tiene la oportunidad de cambiar de fondo un Poder anquilosado, burocrático e ineficiente.
Si por acción o por omisión fue el responsable del nombramiento de Sofía Martínez Huerta, de su escandalosa y cuestionable administración, así como de la guerra intestina que intentan sofocar con la designación de Isabel Romero Cruz, el mandatario estatal podría otorgar finalmente la necesaria autonomía a través de un nuevo mecanismo para la designación de magistrados. No más un poder rehén de los intereses políticos del grupo gobernante.
El martes pasado, el presidente del Foro Liberal de Abogados del Estado de Veracruz, Roberto Rodríguez Cruz, pidió al Gobernador y al Congreso a impulsar una reforma a la Constitución local para quitarle al Ejecutivo estatal la facultad de proponer Magistrados y transferir esa potestad a los propios togados, con lo que se buscaría evitar el bochornoso espectáculo que estamos presenciando y la parálisis en la actividad jurisdiccional.
En efecto, por décadas el Poder Judicial ha sido –aunque nunca como hoy- una apetecible agencia de colocaciones, un recinto para el pago de favores políticos y el refugio de políticos que preparan su retiro.
La propuesta establece que para darle la verdadera autonomía al Poder Judicial, es necesario reformar el primer párrafo del artículo 59 de la Constitución Política de Veracruz que hoy en día señala, que “los Magistrados serán nombrados por el Congreso, a propuesta del Gobernador del Estado. En los recesos del Congreso la Diputación Permanente hará el nombramiento, con carácter provisional, en tanto aquel se reúne y da la aprobación definitiva”.
Rodríguez Cruz propuso que la modificación sea quitar “a propuesta del Gobernador del Estado” para anexar “a propuesta del Pleno de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia”, con lo que se lograría que sus operadores, jueces y magistrados puedan actuar de manera ética y digna, desvinculados de simpatías y antipatías políticas. Así, los servidores judiciales serían distinguidos por su honorabilidad, capacidad profesional y académica y que actúen con honestidad y rectitud, con pleno conocimiento de la ciencia jurídica y una sólida carrera judicial.
Sin embargo, lo que propone el presidente del Foro Liberal de Abogados del Estado no es más que cultivar el huevo de la serpiente. Con una aparente autonomía, los magistrados se convertirían en un feudo aparte, donde el reparto de favores, posiciones, privilegios y beneficios los convertiría –como ya sucede en la actualidad- en servidores públicos intocables, incluso para la ley. En la mesa redonda se decidiría de manera arbitraria la suerte de unos y otros.
Con los magistrados empoderados para nombrar a sus propios sucesores, seguiría siendo la agencia de colocaciones que es hoy, los nuevos magistrados actuarían en función de los intereses de los personajes que les garantizaron el ascenso –vinculados por simpatías y antipatías-, y se abriría una puerta oculta para la negociación de los nombramientos.
Si los titulares de los poderes Ejecutivo y Legislativo deben pasar por la difícil aduana de las urnas, los magistrados tendrían que hacerlo por la vía de un examen de oposición. ¿Está el Gobernador preparado para pasar a la historia?
Las del estribo…
- Al presumir el pago generoso y puntual de los programas sociales del gobierno federal, Cuitláhuac García concedió la razón a la insurgencia de los gobernadores de la alianza federalista: hay un trato desigual entre los gobiernos de Morena y los de oposición. Cualquiera hubiera pensado que lo sensato era reconocer que reciben el mismo trato y no uno de privilegio. Lo siguen mal aconsejando.
- Lo que sucede en el sur del estado es una muestra de los días de furia que vive el estado. A pesar de la pandemia, los homicidios múltiples siguen, continúa la desaparición de personas y hasta los delitos patrimoniales ban al alza. Con el Secretario de Seguridad Pública rumbo a Sonora y el Ejército sorprendido con la detención del general Cienfuegos, la violencia crece en todo el país.
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