Prefacio.
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó este martes que los casos confirmados de Covid-19 en México suman ya 860 mil 714, con 5 mil 788 casos nuevos en las últimas 24 horas. *** Los decesos confirmados por laboratorio por el nuevo coronavirus también se incrementaron, con 555 fallecimientos y un registro acumulado desde el inicio de la pandemia de 86 mil 893. *** López-Gatell explicó que de la semana epidemiológica 40 a la 41 inició con una reducción, pero ahora “en lugar de tener menos casos, tenemos más. Hay un aumento de 4 por ciento (en los casos estimados), es una diferencia que va a aumentar a lo largo de la semana, es seguro que habrá más mañana y hasta el sábado, tendremos seguramente más casos”. *** Apenas el pasado domingo Ruy López Ridaura, director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) de la Secretaría de Salud, dio a conocer que “al menos” ocho estados del país mostraban datos claros de rebrote de Covid-19. Esas entidades son Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.
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La noche del pasado lunes, el gobernador Cuitláhuac García subió un par de fotografías a su cuenta de Facebook, acompañándolas con el siguiente texto:
“Hoy por la noche recibí al diputado Juan Javier (Gómez) Cazarín, quien ha dirigido acertadamente la Jucopo del Poder Legislativo, y con el secretario de Gobierno. Los tres coincidimos sobre la importancia de la coordinación entre los poderes a fin de afianzar la gobernabilidad en el Estado. También le pedí respetuosamente al diputado que les transmita a las diputadas y legisladores locales una gran felicitación y mi reconocimiento porque aprobaron la reducción al presupuesto del Congreso en 50 millones de pesos para el 2021. Se predica con el ejemplo. Enhorabuena”.
A los más observadores les llamó la atención que, a pesar de hacer referencia a “la importancia de la coordinación entre los poderes a fin de afianzar la gobernabilidad”, en el encuentro sólo estuvieron presentes dos de los titulares de los tres poderes. Fue evidente la ausencia de la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia.
¿Acaso la magistrada presidenta, Sofía Martínez Huerta habría decidido, de manera unilateral, no acudir?
No, en realidad no fue convocada a esa reunión que, por lo visto, tenía algunos otros fines -de carácter político- para los que no requerían la presencia de la jurista.
Sin embargo, está claro que para el gobernador está muy presente el tema del Poder Judicial de Veracruz, pues al día siguiente hizo referencia a ello.
Cuestionado sobre los conflictos que se viven actualmente en el seno del tribunal Superior de Justicia, el gobernador concluyó que “toda transformación convulsiona” y exhortó a quienes integran el Poder Judicial de Veracruz a “lograr los acuerdos que permitan la continuidad a su trabajo, por el bien de los veracruzanos”.
Desde su óptica, los cambios que se han llevado a cabo en el Tribunal Superior de Justicia reflejan “una trasformación positiva” con la llegada de los nuevos magistrados: “Yo soy respetuoso, la gente sabe que hay tres poderes (…) y tengo que ser respetuoso pero sí podría ayudar en este exhorto al Poder Judicial que -también hay que decirlo- se está transformando, a partir de la llegada de nuevas magistradas, se está transformando y toda transformación convulsiona en
ciertos momentos”.
Admitió, sin embargo, que las restricciones provocadas por la pandemia del coronavirus Covid-19 haya retrasado el proceso de ajustes en el Poder Judicial, pero se dijo convencido de que “existe la voluntad de todos los actores, para poder retomar el trabajo”.
Sin embargo, a pesar del optimismo que se puede percibir en las palabras del gobernador, lo cierto es que el Poder Judicial del Estado pasa por una de las crisis más severa de su historia.
Hay una confrontación abierta, sin medida, entre magistrados y miembros del Consejo de la Judicatura; las arcas del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia fueron saqueadas, y de más de mil 500 millones que tenía, para finales del año pasado apenas si superaba los 20 millones de pesos.
Está en proceso una investigación sobre el manejo fraudulento de los recursos del Tribunal Superior de Justicia y muchos de los que tienen las manchadas las manos han buscado desestabilizar a la institución, tomar por asalto las oficinas administrativas y borrar toda huella de sus latrocinios.
En contraparte, el grupo que se ha manifestado en contra de la gestión de Sofía Martínez la señala de haber desviado 60 millones de pesos del mismo Fondo Auxiliar, pues argumentan que la Presidenta dispuso de esos recursos sin informar al Consejo de la Judicatura sobre su destino.
Magistrados y consejeros señalaron que ese recurso fue destinado a “obras y adquisición de servicios no autorizados, e incluso para una auditoría a la gestión del ex presidente del Tribunal, Edel Álvarez, y no –como originalmente se había informado- para enfrentar la pandemia.
Surge, pues, la versión de que en realidad lo que ha provocado la división en el Poder Judicial es la investigación a la pasada gestión y que será sometida a los tribunales en los próximos días, cuando se presente la denuncia.
Recién designada como magistrada –a propuesta del gobernador Cuitláhuac García- Sofía Martínez Huerta pagó su noviciado y se dejó avasallar; perdió el control del Consejo de la Judicatura y hasta el momento se ha mostrado incapaz de meter en cintura a quienes, aprovechándose de su inexperiencia, la arrinconaron y pretendieron someterla a sus intereses.
Si a todo eso se le suma que las restricciones obligadas por la emergencia sanitaria redujeron dramáticamente las actividades (lo que ha provocado que abogados litigantes denuncien la parálisis del Tribunal y de los juzgados) y que actores políticos ajenos al Poder Judicial han contribuido a polarizar las posturas de quienes integran ese organismo, el ambiente laboral es ya insostenible.
De seguir la confrontación, se pone en riesgo el fin último del Tribunal, que es impartir justicia en forma transparente, inmediata, gratuita, imparcial y con apego a la ley.
Se requieren medidas radicales, que hagan prevalecer el estado de derecho, para que el Poder Judicial recupere su prestigio.
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Epílogo.
Algo que ha caracterizado a la nueva dirigencia del PRI en Veracruz, es la captación de jóvenes con vocación política y con capacidad para expresarse de manera nítida, accesible. Este martes Alan Arroyo Díaz, estudiante de Ingeniería en Biotecnología, e integrante de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del comité estatal priista, levantó la voz para protestar por las medidas que ha tomado el gobierno de Morena. *** “Empecé a estudiar la Ingeniería en Biotecnología, y a poco más de dos meses de haber ingresado, gran parte de mi futuro laboral es pisoteado por una persecución incansable de la 4T a la investigación científica en México”, dijo lamentó la aprobación en la Cámara de Diputados y en Comisiones de la Cámara de Senadores, de la desaparición de 109 fideicomisos, que, en su mayoría, eran destinados al progreso y desarrollo tecnológico que tanto necesita este país. “El ‘cuatrote’, nos ha dejado sin apoyo para defender nuestro ambiente, la ciencia y nuestra salud, en plena pandemia, gente sin conocimiento está decidiendo sobre temas complejos”, expresó.
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