Las detenciones del general Salvador Cienfuegos Zepeda, ex Secretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y de Genaro García Luna, el poderoso Secretario de Seguridad Pública durante el calderonismo, han dejado al Presidente López Obrador varias y preocupantes lecturas, además de una lección contundente: la impartición de justicia no requiere encuestas.

La lectura más superficial señala que ambas detenciones fueron hechas por las autoridades de los Estados Unidos y no por el gobierno de México. Esto no es un agravio para el Presidente López Obrador, sino que por el contrario, refuerza su discurso de la corrupción delincuencial del pasado sin tener que enfrentarse al Ejército y tener que iniciar juicios en los que no tiene las pruebas suficientes. Además, es una carta bajo la manga en materia electoral y tratar de recuperar la aprobación de su administración.

El inicio de los gobiernos civiles no representó una derrota para los generales de la revolución, sino que por el contrario, les representó una condición de privilegio donde el Ejército se convirtió en una institución intocable para el Presidente y la sociedad civil. Por décadas han gozado de la impunidad que sólo se ha disimulado con casos aislados en que algunos miembros de la tropa han sido procesados, nunca hasta hoy un general de cuatro estrellas.

Por eso, una de las ventajas de que la detención de Cienfuegos fuera hecha por Estados Unidos, es que López Obrador no tuvo la necesidad de acusar a un militar de alto rango de narcotráfico, ya que eso hubiera significado romper el pacto que existe con el Ejército; la detención lo enfrentaría con grupos al interior de esa institución que no se creerían que estuviera combatiendo la corrupción.

En efecto, la polarización que se vive en México hubiera provocado que ambas detenciones fueran señaladas de una venganza personal y una persecución política del Presidente contra Calderón y Peña, además de que los juzgadores militares y las autoridades ministeriales se hubieran visto sometidas por todos tipo de presiones, lo que tarde o temprano hubiera resultado en su liberación, como suele suceder con los casos del pasado reciente.

Pero es mucho más complejo que la renta política y electoral que pueda obtener el Presidente. Si bien la de Salvador Cienfuegos se trata de la detención del ex militar de más alto rango en México, no es la primera ocasión en que un mando del ejército es detenido. Y esto implica que el Ejército habría estado por muchos años en la ruta del crecimiento exponencial de los cárteles de la droga.
En 1997 fue detenido José de Jesús Gutiérrez Rebollo, quien era director del Instituto Nacional de Combate a las Drogas, bajo cargos de haber facilitado el trasiego de drogas a Estados Unidos del Cártel de Juárez, la organización criminal dirigida por el capo Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”. En 2002, los generales Humberto Quirós Hermosillo y Mario Arturo Acosta Chaparro fueron juzgados y sentenciados a 15 años de prisión, por sus presuntos nexos con el Cártel de Juárez y por su participación en la llamada “Guerra Sucia” en Guerrero, cuando combatieron a las guerrillas de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas.

Además, se cuentan por decenas los episodios donde cuerpos policiacos y militares se han enfrentado en refriegas por la protección de algún capo o los miembros de un cártel, como sucedió hace años en el llano de la Víbora en Veracruz. Son muchos los soldados que han sido acusados no sólo de proteger sino hasta de trasladar la droga en los puntos de mayor conflicto en el país.

La otra lectura es que el gobierno de los Estados Unidos siempre tiene más información que México en materia de narcotráfico. Siempre ha sido así y de ahí deriva su desconfianza en los mandos castrenses, a pesar de que el propio general Cienfuegos fue reconocido por el Pentágono hace apenas un par de años.

Ambas detenciones se informaron al gobierno de López Obrador una vez que se habían consumado, aunque el Presidente quiere sugerir lo contrario. El gobierno de Estados Unidos no confía en el de López Obrador como tampoco ha confiado en las administraciones anteriores. No son prejuicios políticos, es inteligencia militar.

¿Qué hará López Obrador ahora que ha entregado una buena parte de su gobierno al Ejército? ¿Qué pasará ahora que el Ejército controla, por ejemplo, los puertos y aeropuertos del país, el principal acceso de drogas y contrabando? ¿Qué hará el Presidente cuando se descubra eventualmente manejos irregulares en la construcción de las obras que se le han asignado al Ejército?

Por lo pronto, el gobierno de los Estados Unidos ya nos demostró que para impartir justicia no se necesitan de encuestas, se necesitan de datos de prueba y de una investigación sólida.

Las del estribo…

1. Al general Salvador Cienfuegos le rindieron pleitesía el gobernador Miguel Ángel Yunes, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y hasta el pentágono de Estados Unidos. Ahora en desgracia, desde su corta memoria, todos lo quieren ver como el enemigo público número uno.

2. Empoderada y desafiante, la Presidenta del TSJE, Sofía Martínez Huerta sigue operando su red de protección. A través de su comadre Leticia Valencia Bernal –quien en la plantilla sólo aparece como analista administrativo-, usa el archivo de personal para ocultar a sus protegidos y exhibir a sus adversarios. Valencia ha excusado entregar la información, asegurando que está en manos de la Presidencia; en reciprocidad, cobra como jubilada y activa, además de mejorar el salario de sus familiares.