Asesinatos, tortura, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y otros crímenes graves son el comunes de parte de elementos de las Fuerzas Armadas en el país, así como policías estatales y municipales.

De acuerdo con el reporte “Entre la brutalidad y la impunidad. Los crímenes atroces cometidos al amparo de la estrategia d seguridad militarizada”, de 2006 a 2018 se contabilizaron al menos 301 crímenes graves, narrados en 268 recomendaciones por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El informe elaborado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, advierte sobre la existencia de un escenario que propicia y ordena el asesinato de personas, el uso de la tortura como un método de investigación y la desaparición forzada como una herramienta para el ocultamiento de la verdad.

Tan solo en el caso de desaparición forzada, a nivel nacional se reportaron 613 víctimas, de las cuales 22 corresponden a Veracruz. Reporta que en el periodo de análisis se registraron mil 712 víctimas, de las cuales mil 195 fueron torturadas, asesinadas y/o desaparecidas forzadamente; el resto fueron víctimas de detenciones arbitrarias o violaciones a su derecho de propiedad por los robos o los daños causados a sus casas durante sus detenciones o las de sus familiares.

La CNDH registró 221 casos documentados en 190 recomendaciones entre 2006 y junio de 2019; por estos casos la Fiscalía General de la República inició 13 mil 560 investigaciones penales, mientras que la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura reportó 4 mil 655 expedientes en trámite desde la fecha de su creación en octubre de 2015 a 2019.

“La tortura se ha vuelto una herramienta de trabajo común para las instituciones de seguridad del Estado, un elemento que sustituye la debida investigación de los hechos o que sirve para fabricar culpables. Las autoridades no realizan investigaciones profesionales para dilucidar la verdad y así hacer justicia; más bien, recurren a la tortura para obtener confesiones, información, incriminar a inocentes o castigar a personas”, advierte.

Entre los servidores públicos investigados en la Fiscalía Especial está personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina con mil 609 y 780 investigaciones penales respectivamente, las Fiscalías estatales reportaron 21 mil 360 investigaciones penales por el mismo delito, pero el Consejo de la Judicatura Federal sólo emitió 27 sentencias a nivel federal, de las cuales 18 fueron condenatorias; es decir, el 0.19 por ciento de los casos investigados tiene una sentencia.

Casos en Veracruz: 77 horas de tortura

En los primeros minutos del 6 de diciembre de 2011, un hombre fue detenido por militares afuera de su casa en el Puerto de Veracruz; lo golpearon mientras cinco elementos navales con pasamontañas entraron a su hogar y detuvieron a la mujer, le taparon la cabeza con una toalla y la golpearon mientras la interrogaban sobre sicarios y dinero.

Una vez en las instalaciones navales de Veracruz, a ella la encerraron en un cuarto mientras escuchaba los gritos de su pareja y los tocamientos seguían, al tercer día fue interrogada y violada; su pareja fue interrogada y torturada en otro cuarto y lo obligaron a tocar el volante y la palanca de un vehículo que desconocía.

Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público el 9 de diciembre de 2011 a las 05:30 horas. Los dos fueron torturados y amenazados por más de 77 horas, pero la versión de la SEMAR varía al señalar que fueron detenidos el 8 y no el 6 de diciembre cuando hacían vigilancia de rutina. En este caso alegaron que una personas que se negó a dar sus datos personales les informó que por la zona había unos hombres armados que formaban parte de la delincuencia organizada y que un domicilio con una camioneta blanca estaba ocupado por personas armadas.

“Los informes que presenta la SEMAR parecen venir de un formato preestablecido, pues siguen las mismas líneas e incluso el mismo orden de los hechos que en otros casos”, señala.

Bajo este esquema, 35 víctimas aparecieron en informes en los que se decía lo mismo; 88 personas fueron acusadas de estar involucradas con el crimen organizado, 113 fueron señaladas por crímenes contra la salud y 82 más por portación de armas de fuego.

Ejercito con mas casos por tortura

De acuerdo con el reporte, el Ejército es la autoridad a la que se le ha atribuido el mayor número de casos de tortura en las recomendaciones de la CNDH con 97 recomendaciones que comprenden 102 casos en los que se documentó la tortura de 313 personas.

Por lo menos, 239 personas fueron detenidas de manera arbitraria; el 88.2 por ciento de los casos de tortura inició con una detención arbitraria; además, por lo menos 166 de las víctimas fueron torturadas al interior de instalaciones castrenses.

El método más usado es generar la sensación de ahogamiento denominada “waterboarding”; al menos 64 personas fueron asfixiadas de esta forma; además, el Ejército utiliza otros métodos de asfixia, por ejemplo, con una bolsa de plástico, de los cuales hay 107 víctimas.

A ello se suma que por lo menos 280 personas fueron golpeadas por elementos del Ejército; 99 víctimas sufrieron descargas eléctricas; adicionalmente señala que el Ejército ha perpetrado crímenes sexuales de diferentes formas, desde tocamientos lascivos hasta violación sexual.

Se registraron 82 víctimas de tortura sexual, entre ellas 32 por tocamientos lascivos, 43 por desnudez forzada, 42 por toques eléctricos en genitales y 9 por violación sexual. Detalla que en al menos 18 casos los militares aseguraron que recibieron una denuncia ciudadana y las personas fueron acusadas de llevar armas y drogas.

Además, 128 personas más fueron torturadas bajo el supuesto de haber incurrido en delitos contra la salud y/o de portar armas; 97 personas fueron procesadas por delitos contra la salud, 94 por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y 35 por delincuencia organizada.

“Esto provoca que muchas personas acaben en prisión por delitos que no cometieron, pierdan la vida como resultado de la tortura que sufrieron o sean desaparecidas forzadamente”, advierten.

Marina no se salva

De acuerdo con el reporte, se registraron 48 casos en los que elementos de la Secretaría de Marina fueron señalados como responsables de someter a tortura a por lo menos 162 personas, de las cuales 152 fueron detenidas arbitrariamente.

En 25 casos, las víctimas fueron detenidas en sus hogares sin órdenes de cateo y en violación de su privacidad; en tanto que en otros 15, las víctimas fueron detenidas en la vía pública.

A ello agrega que la tortura sexual es uno de los crímenes más frecuentemente perpetrados por elementos de la SEMAR, pues existen 67 personas que sufrieron violencia de carácter sexual a manos de personal naval. De estas, 19 fueron tocadas lascivamente y 13 sufrieron violación sexual. Además, 29 víctimas fueron obligadas a desnudarse y a 32 les dieron descargas eléctricas en los genitales.

“Los golpes y el sufrimiento psicológico, mismo que incluye las amenazas, son los métodos de tortura más usados por las Fuerzas Navales: 140 personas fueron brutalmente golpeadas y 129 fueron sometidas a terror psicológico a través de amenazas, insultos y/o humillaciones”.

Policía federal, segundo con mas casos de tortura

La Policía Federal es la segunda autoridad con el mayor número de casos atribuidos por el crimen de tortura; son por lo menos 61 casos narrados en 47 recomendaciones, sumando 203 víctimas.

De acuerdo con el reporte, la Policía Federal llevó a cabo las torturas en una casa de seguridad en 10 casos; en 22 casos la tortura comenzó al momento de la detención, en 17 más sucedió al interior de los hogares de las víctimas y en 14 ocurrió al interior de las estaciones de la Policía.

Los golpes son el método más usado por la Policía, por lo menos 180 personas fueron brutalmente golpeadas y 120 amenazadas u hostigadas psicológicamente. De las personas sobrevivientes de tortura, a 122 se les inició un proceso penal, a41 víctimas se les acusó por delincuencia organizada, a otras 54 por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y a 36 por delitos contra la salud.

“Las instituciones militares y policiales han demostrado contar con el entrenamiento, infraestructura, herramientas y métodos necesarios para amenazar, electrocutar, herir, ahogar, asfixiar y violar personas”, señala.

Desaparición Forzada

El informe advierte que los casos de desaparición no son consistentes pues mientas en 2019 se decía que había 40 mil personas desaparecidas, a principios de 2020 la cifra era de más de 61 mil, y a mediados de año rebasó las 73 mil.

El reporte advierte 613 víctimas de desaparición forzada entre 2006 y 2018; de esa cifra, 119 desaparecieron en eventos que involucraron a miembros de las Fuerzas Armadas (88 por personal de la SEDENA y 31 por la SEMAR), 27 desapariciones implicaron a policías federales; 9 a estatales y 11 a municipales.

En cuanto a las víctimas de desapariciones cometidas por civiles, 358 fueron atribuidas a presuntos miembros del crimen organizado y una a paramilitares. Otras 22 personas desaparecieron en eventos donde las investigaciones no alcanzaron a determinar al responsable

En el caso de 184 víctimas, los perpetradores fueron exclusivamente fuerzas del Estado; mientras que las 48 víctimas en la intersección corresponden a desapariciones forzadas cometidas por particulares y fuerzas del Estado.

El número de víctimas de desaparición cuyo desenlace es considerado permanente es de 397; dentro de las desapariciones transitorias por la aparición de la persona detenida se registraron a 76 víctimas y otras 54 fueron localizadas luego de haber sido liberadas. También se hallaron los cuerpos de 42 personas y 3 más fueron localizados en fosas.

“Se trata de crímenes atroces consumados a través de una diversidad de acciones y omisiones en la que a menudo se involucran miembros de las Fuerzas Armadas y policías federales, estatales y municipales, en distintos estados de la República. Esto sugiere que existe un modo ilegal de actuar institucionalizado garantizado por la impunidad”.

Asesinato como método

El informe advierte que los elementos castrenses alteran la escena del crimen y colocan droga para incriminar a las víctimas, ya que hay 90 casos reportados que dan cuenta del asesinato de por lo menos 365 personas, que se ve acompañado de otros crímenes como la detención arbitraria, la tortura, la violencia sexual, la fabricación de pruebas, la alteración de la escena del crimen, la falsedad de los informes de partes y la desaparición forzada.

Los principales responsables de estos asesinatos fueron elementos adscritos a la SEDENA con 42 casos, seguidos por miembros de la Policía Federal con 19, la SEMAR con 11, policías estatales con 7 y policías municipales con 5 y hay 8 casos más perpetrados por supuestos integrantes de alguna organización criminal.

Agrega que hay dos contextos principales en los que las víctimas son asesinadas. El primero, cuando las autoridades responsables justifican el asesinato al señalar que se trató de defensa contra una agresión durante un enfrentamiento; de estos hay por lo menos 120 casos reportados, en los que se ha comprobado que los enfrentamientos no ocurrieron y que en cambio las víctimas fueron ejecutadas; además de privar de la vida a las víctimas, les sembraron armas o drogas y alteraron la escena del crimen para justificar sus acciones.

El segundo caso ocurre cuando las víctimas son detenidas de manera arbitraria o bien cuando los hechos suceden en el marco de una operación específica o como parte de un operativo conjunto; por lo menos 139 personas fueron asesinadas bajo este contexto y retenidas ilegalmente fuera del amparo de la ley y sin justificación válida; algunas fueron torturadas y luego ejecutadas; los cuerpos de las víctimas fueron abandonados o enterrados en lugares despoblado.

Los asesinatos documentados a partir de casos narrados en las recomendaciones emitidas por la CNDH sucedieron en 23 estados de la República, siendo Guerrero la entidad donde más personas fueron ejecutadas por las autoridades con 11 casos, seguido de Tamaulipas con 10 casos y Nuevo León y Michoacán, ambos con 9 casos.

El 73.4 por ciento de las víctimas fueron asesinadas con un arma de fuego, prácticamente tres de cada cuatro personas privadas de la vida fue por un disparo. Además, se corroboró la muerte de 22 personas a causa de los golpes y la asfixia a los que fueron sometidas en procesos de tortura.

“El asesinato se ha convertido en una herramienta de los Gobiernos mexicanos para sembrar terror en la población, supuestamente debilitar a las organizaciones criminales y aparentar contar con el control territorial a cualquier costo (…) Los miembros de las Fuerzas Federales del Estado han demostrado una clara organización para cometer crímenes atroces. Actúan con una incuestionable voluntad de aparentar que su proceder se da siempre en el marco de la legalidad”.

AVC/Perla Sandoval

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