Prefacio.
Este jueves el periódico Reforma (ese “pasquín inmundo”, como lo nombra Andrés Manuel López Obrador) apunta que 4 de cada 10 pesos que gasta el gobierno federal en compras, son adjudicados de forma directa, sin licitación alguna. *** Con información del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y luego de revisar los contratos disponibles en Compranet, el periódico señala que en su primer año, la actual administración federal realizó compras públicas por 323 mil 782 millones de pesos, de los cuales 38.9% (que equivalen a 125 mil 951.2 millones de pesos) lo gastó adjudicando directamente el contrato. *** Esa proporción es superior en cuatro puntos porcentuales al 34.9% registrado en 2018, en el último año de Enrique Peña Nieto, y está por encima del 38.2% que se registró en 2015, el año con más adjudicaciones durante el sexenio pasado. *** El IMCO advierte que las adjudicaciones directas representan un riesgo de corrupción: “La tendencia creciente de adjudicaciones directas es un foco rojo para la competencia, ya que este tipo de procesos permiten la asignación de contratos a proveedores sin asegurar, mediante un concurso, que estos pueden proveer las mejores condiciones de calidad y precio disponibles en el mercado”. *** En Veracruz, donde se replica todo lo que sucede en el gobierno federal, el porcentaje de concursos declarados “desiertos” y de contratos adjudicados en forma directa, es aún mayor. *** ¿Y la transparencia? ¿Y el compromiso de no robar?
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Desesperado porque no ha logrado colocar a la gente que le fue encomendada, este miércoles el consejero Humberto Oliverio Hernández Reducindo solicitó mediante oficio a la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Sofía Martínez Huerta, que reponga la sesión extraordinaria del Consejo de la Judicatura para tratar los puntos que quedaron pendientes al suspenderse la reunión programada para el pasado martes.
Aunque en sus argumentos a la prensa el consejero señala que su interés es “que la magistrada presidenta rinda cuentas sobre el manejo del recurso público y la adscripción de los nuevos togados”, en realidad su urgencia por celebrar la sesión es que se confirmen una serie de nombramientos que él está proponiendo, en los que se hace evidente que pretende rescatar a servidores públicos que formaron parte del equipo de trabajo del anterior Presidente del Poder Judicial, Edel Humberto Álvarez Peña.
Hernández Reducindo plantea, por ejemplo, que Gabriela Flores Espinoza, quien fue nombrada por Edel Álvarez como Coordinadora de Visitaduría del Consejo de la Judicatura, ahora sea nombrada directora de Asuntos Jurídicos.
Propone, además, que Elvis Víveros Arroyo, quien se desempeñó como Jefe del Departamento de Servicios Generales en la administración de Edel Álvarez, ahora sea designado subdirector de Recursos Materiales.
Es el mismo caso de Griselda Castillo Clara, quien se encuentra dada de alta como Auxiliar de la Consejera Carla Rodríguez González (Representante del Poder Ejecutivo, designada por Javier Duarte) y ahora pretende ubicarla como Contralora del Poder Judicial.
En el caso de María Hortencia Guillermina Hernández Fernández, actualmente Auxiliar del Consejero Humberto Oliverio Hernández Reducindo (quien, además, es su suegra) pretende reubicarla, ahora como Secretaria de Acuerdos del Consejo de la Judicatura.
En virtud de que la magistrada presidenta se opone a aprobar dichos movimientos, el consejero representante del Poder Legislativo intenta pasar por encima de la propia titular del Poder Judicial y en el punto VI de la orden del día para la sesión extraordinaria que está solicitando, plantea que se acuerde que en caso de que la Presidenta abandone la sesión, ésta continúe y que los acuerdos que se tomen sean transmitidos por la Secretaria de Acuerdos del Consejo.
Esto, por supuesto, está fuera de todo orden, pues los artículos 100 y 106 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado establecen que para poder celebrar las sesiones, se requiere la presencia –obligatoria- de por lo menos tres consejeros y de la presidenta. Si ella no está presente, no se puede continuar con la sesión.
Lo que queda en evidencia es que Hernández Reducindo ha ido ganando espacios gracias a la protección y el impulso de personajes que, en los hechos, no deberían comulgar con la Cuarta Transformación, entre ellos el exgobernador Javier Duarte de Ochoa, de quien fue “analista jurídico”, y a cambio de lo cual consiguió que le otorgara la patente de aspirante a Notario Público, como quedó plasmado en la Gaceta Oficial del Estado del primero de abril de 2015.
El consejero representante del Poder Legislativo propone que en dicha sesión “se aclare la supuesta sustracción de más de 15 mil millones de pesos del Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia”, tema que sólo ha sido comentado en este espacio y del que muy pronto les llegará información, pues en cuestión de días será presentada la denuncia correspondiente.
Las cosas no le están saliendo al consejero Humberto Oliverio Hernández Reducindo y su evidente desesperación lo ha llevado a cometer errores en los que no incurriría ni un estudiante de primer semestre de la carrera de Derecho.
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Epílogo.
Este miércoles el nuevo partido “Unidad Ciudadana” sostuvo una nueva reunión con comunicadores. El Secretario General de ese organismo político, Francisco Hernández Toriz y miembros del Comité Estatal, presentaron las propuestas centrales del partido y su plan de trabajo. Se trata de un partido político con propuestas frescas, con integrantes muy capacitados y comprometidos con el futuro de Veracruz. Seguramente darán una fuerte batalla en las elecciones del próximo año. *** Ya no es el primer señalamiento y el gobernador Cuitláhuac García ya tendría que estar tomandoi medidas al respecto. Este miércoles el empresario constructor Marcos Salas Contreras, titular del grupo empresarial “Taurus”, denunció que funcionarios de la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA) le están requiriendo “moche” a cambio de no clausurarle sus instalaciones. “La intención no es buscar un mejor desarrollo ambiental, el interés único es la extorsión”, acusó. *** Antes de él, hubo señalamientos similares por parte de los propietarios del crematorio La Luz, en el puerto de Veracruz y ya se ha hecho evidente la voracidad de sus titulares. ¿Quién les pondrá freno? *** La pandemia de Covid-19 registró este miércoles 799 mil 188 casos confirmados, lo que equivale a un incremento de 4 mil 580 respecto al día anterior. En tanto, se sumaron 378 fallecimientos para un acumulado de 82 mil 726. El reporte sobre el comportamiento del coronavirus en México, indica que se han notificado 2 millones 37 mil 413 casos, mientras que de las pruebas realizadas 940 mil 994 han tenido un resultado negativo. Hasta ahora, 560 mil 895 personas se han recuperado de la infección. En cuanto a los sospechosos de tenerla, 36 mil 802 están en espera del resultado del examen clínico. ¡Cuídese! Esto aún no ha concluido.
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