Muchos de quienes defendemos el tema de los fideicomisos lo hemos hecho acusando irresponsabilidad e ignorancia del gobierno -que las hay-, mientras que la feligresía cuatroteísta defiende el argumento del mesías: opacidad y corrupción -que las hay-, aunque que hasta ahora no ha sido comprobada y menos castigada. En ambos casos, se trata de análisis sesgados que debe pasar el tamiz de su naturaleza técnica y jurídica.

La realidad está llena de claroscuros: el gobierno no obtendrá 68 mil millones de pesos –monto que suma el patrimonio de todos ellos- porque no todo es dinero líquido; tampoco todo el dinero es del gobierno sino que procede también de aportaciones, donación y hasta de cooperación internacional, el cual sería retirado si no se ocupa para los fines pactados. El tema de los fideicomisos es mucho más complejo que la monocromía política.

La noche del jueves, tras una larga sesión en la Cámara de Diputados, los partidos de oposición decidieron ‘reventarla’ para evitar que Morena y sus aliados aprobaran la desaparición de 109 fideicomisos (Razones y pasiones 30/09/20) y así entregar al gobierno poco más de 69 mil millones de pesos para financiar sus programas sociales y atender la crisis económica provocada por la pandemia. Será mañana cuando se reanude la discusión, con pocas expectativas de que la sordoceguera oficial haya mostrado mejoría.

Los fideicomisos son contratos entre la administración pública e instituciones financieras para realizar distintos fines con recursos que pueden llegar de muchísimos lados: cooperación, autogeneración y aportaciones. Las empresas y fundaciones no acostumbran entregar dinero para que se ejerza discrecionalmente sino que debe tener un fin específico.

Como lo explica Lisa Sánchez, Directora General de México Unido contra la Delincuencia, el fideicomiso se encarga de que ese fin se cumpla. La idea es que el fideicomiso y la parte social a la que está destinado, tengan dinero disponible independientemente de las prioridades de la política económica y la coyuntura que se viva el país. Se mejora la eficacia del gasto y no al revés.

En casos como desastres naturales, protección de periodistas o la investigación de la vacuna contra el Covid, los fideicomisos pueden utilizar recursos de manera inmediata, obviando la burocracia administrativa o la falta de presupuesto.

El principal prejuicio que tiene el Presidente es que se trata de entidades públicas, con patrimonio propio, que se regulan con reglas distintas al presupuesto y gasto corriente del gobierno y que eso genera corrupción. Lo primero es cierto pero lo segundo tendría que comprobarse.

El argumento de que se trata de organismos opacos y corruptos no tiene sustento técnico, sólo político. Actualmente los fideicomiso se rigen con reglas en las que no hay secreto fiduciario –se sabe el origen, la cantidad y el destino de los recursos-, están sujetos a la Ley de Transparencia y son auditados por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP). Es decir, no se trata de islas que se autogobiernen, como intenta sugerir el Presidente.

Además, los operadores de los fideicomisos están sujetos a las decisiones de un comité técnico –generalmente mixto con representantes gubernamentales y del sector privado- y cada tres meses deben entregar reportes financieros a la Secretaría de Hacienda y a la Cámara de Diputados. Por supuesto, como el propio Indep, no están exentos a casos de corrupción, pero el gobierno federal tiene todos los mecanismos de control para que no ocurra, a menos que actúen en complicidad.

Lo que sí va a suceder, como en el Indep, es que los recursos se reconozcan como excedentes del gobierno, y por tanto, ahora sí gozarán de mecanismos más opacos y una decisión discrecional para su uso y destino. Se hará –como sugiere Lisa Sánchez- una gigantesca “caja china” que sólo existe en la imaginación del Presidente.

Muchos de esos recursos ya están comprometidos bajo contratos o están condicionados para utilizarse en fines específicos, como es el caso de las Afores. Ni son los 68 mil millones que suponen ni todo el dinero le pertenece al gobierno; la desaparición de algunos de estos fideicomisos provocará que la cooperación internacional se cancele y las aportaciones de las fundaciones dejen de llegar porque ya no existe el mecanismo para garantizar sus fines.

De aprobarse la desaparición de los fideicomisos, el Presidente se estaría dando un tiro en la femoral porque tendrá que financiar actividades para lo que ya no tiene dinero. A menos que de ahí salgan los 8 mil millones de pesos de su absurda consulta.

Las del estribo…

1. La incertidumbre sobre el resultado de la encuesta nacional para elegir al dirigente de MORENA alcanza a las aspiraciones de los morenistas de la aldea. Nadie tiene la candidatura segura ni la facultad de gran elector. Por eso la guerra soterrada en el triángulo de las Bermudas: Segob, Congreso y la delegación federal.

2. Ayer el periódico reforma publicó que el vicecoordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Héctor Yunes, demandó que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) sea auditado e investigado por posibles actos de corrupción de funcionarios. El choleño sigue siendo el priista veracruzano mejor posicionado en el altiplano.