Por una mala asesoría jurídica; por la idea de que un conflicto laboral se puede resolver a gritos y no en los tribunales competentes; o simplemente por la calentura de sus dirigentes, los obreros del ingenio La Gloria, en el municipio de Úrsulo Galván, están a punto de enfrentar las consecuencias del bloqueo que realizaron contra dicha empresa.

Es un conflicto que se recrudeció hace un mes y medio, cuando un grupo de trabajadores, pretextando irregularidades en la relación laboral, determinó llevar a cabo un bloqueo a las instalaciones del ingenio.

Entre otros puntos, los inconformes demandan pago de utilidades, pero la empresa ha documentado que éste se cumplió, en los términos establecidos por las leyes; el pago fue superior a los 15 millones de pesos, 20 por ciento más que en 2019.

Probablemente esos trabajadores ignoraban que sin un emplazamiento a huelga, secuestrar la empresa no era una decisión inteligente. El caso es que dicho grupo, encabezado por Ricardo Uribe, comenzó a intentar llevar al extremo su movimiento, recurriendo a presuntas amenazas y actos de intimidación contra quienes sí tienen la intención de mantener una relación sana con el ingenio, básicamente trabajadores de base, sindicalizados, contratistas y jubilados que se oponen al bloqueo.

El caso es que al margen de los verdaderos motivos de quienes promueven la ruptura de las relaciones obrero-patronales en ese lugar, el grupo de trabajadores decidió cerrar el ingenio de manera unilateral, sin proceso legal alguno.

Tal vez pensaron que quienes están al frente del ingenio se asustarían con sus gritos y amenazas; el caso es que si bien en México se reconoce el derecho de los trabajadores a la huelga, la Ley Federal del Trabajo establece los términos del procedimiento (Capítulo XX, Artículos del 920 al 938) y éstos no fueron acatados debido a la ignorancia, al desconocimiento de las leyes o a la manipulación de los líderes o asesores jurídicos.

El problema se ha prolongado mucho más de lo presupuestado por los inconformes y ha representado enormes pérdidas para toda esa región, porque el ingenio La Gloria ha dejado de pagar desde hace un mes y medio a sus trabajadores.

Con el bloqueo, miles de familias son afectadas: productores de caña y jornaleros agrícolas, obreros, contratistas, proveedores y una larga cadena de consumo porque, al final, la derrama que genera una factoría de esas características otorga ingresos para toda la zona.

Recientemente, las asociaciones de cañeros y representantes de productores con presencia en el lugar exigieron levantar el bloqueo de inmediato, debido el severo daño económico generado a más de 15 mil familias: 7 mil 500 productores, transportistas, unos 3 mil 200 cortadores de caña…

Jesús Antonio Valdez, Presidente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar, resumió a la perfección la magnitud del daño: “Ya muchos comercios están vacíos, en ceros, la economía depende del ingenio, aquí toda la actividad es cañera”.

Señala que están a punto de que se les acabe la paciencia; lo que debe ser un llamado de atención a las autoridades, que tienen la responsabilidad de contribuir a resolver el problema.

Las instancias legales prácticamente ya resolvieron el tema; el grupo que mantiene el bloqueo contra La Gloria optaron por el choque en vez de las vías establecidas por las leyes, con lo que condenaron a su movimiento.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social no recibió emplazamiento de huelga de parte de Sindicato de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana, ni de la Sección 20, por lo que no existe fundamento para el bloqueo.

La Ley Federal del Trabajo establece, como un paso previo para el reconocimiento de una huelga, la presentación de un pliego de peticiones y el emplazamiento; todo ese procedimiento no fue cumplido por el grupo inconforme, por lo que la autoridad no reconoce el sustento legal de dicho movimiento.

Probablemente los trabajadores fueron engañados por sus líderes y/o por sus abogados; tomaron de forma arbitraria el ingenio; lo cerraron sin acatar los procedimientos legales que indica la ley; y al invadir propiedad ajena se convierte en despojo y allanamiento.

Hoy, la ignorancia, la mala asesoría y un torpe liderazgo tienen contra las cuerdas a 16 trabajadores, que podrían enfrentar acciones penales por dicho.

@luisromero85