El gobernador Cuitláhuac García Jiménez se equivocó cuando intentó negar que su administración vaya a contratar un crédito por mil cien millones de pesos y decir que en realidad se trata de un adelanto de sus participaciones federales. Toda proporción guardada, equivale a un crédito simple de nómina: me prestan una cantidad que me irán descontando del sueldo que me deposita la empresa o la institución para la que trabajo. Un préstamo se llama préstamo y la deuda se llama deuda.

Hace algunos días, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) lanzó una nueva licitación para contratar un crédito de mil 100 millones de pesos. El dinero, según lo publicado, se usará para realizar obra pública en zonas de alta y muy alta marginación; los documentos especifican que la nueva línea de crédito será simple, y se pagará antes de noviembre del 2024, un mes antes de que concluya la actual administración;  para garantizar el pago del préstamo bancario se dejará en garantía los ingresos del Fondo de Infraestructura Social Para las Entidades (FISE).

Frente a los señalamientos de que se trataba de más deuda, el mandatario quiso salir al paso para explicar algo en lo que nadie tenía dudas. Se trata de un préstamo simple y llano.

Aún así, quiso explicar que los mil 100 millones de pesos que solicitará por medio de un crédito no representa más deuda para su administración, sin embargo, aceptó que es recurso que deberá pagarse y para ello se empeñan diversos fondos federales. Lo que el gobierno hizo, intentó aclarar, es solicitar a un banco que les entregue lo correspondiente al 25 por ciento de los recursos del Fondo de Infraestructura Social de los Estados (FISE) que recibiría durante lo que resta de su administración.

Y cito: “No se trata de deuda, no es deuda; los estados reciben de los fondos federales una cantidad y lo que hicimos para levantar la economía a través de la obra pública es que nos adelantaran el 25 por ciento de todo lo que vamos a recibir en el sexenio en este fondo. Se hace el adelanto y ¿cómo se va a cubrir? con lo que nos dé la Federación; no es una deuda, es un adelanto de las particiones de este fondo que corresponden al 25 por ciento y son mil 100 millones de pesos”.

Los bancos, todo lo sabemos, no hacen caridad. Las participaciones las puede adelantar el gobierno federal, pero no los bancos. Esos otorgan créditos tomando como garantía los fondos federales –o los ingresos por nómina, en el ejemplo de un particular-, por supuesto aplicando una tasa de interés.

Por eso, Cuitláhuac García cometió un error estratégico. Las mentiras eran innecesarias, sobre todo cuando tenía al menos tres factores financieros a su favor: no se dejaría esta obligación a la siguiente administración, el estado redujo en más de 3 mil millones la deuda pública que recibió –es la cantidad más alta que haya realizado cualquier otro estado-, y que los tres semáforos del sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda están en verde, por primera vez en décadas.

Con esta información, ¿para qué tratar de inventar una mentira? Incluso, el propio periódico Reforma dedicó un editorial para enderezarle la plana al mandatario veracruzano, poniendo en duda su conocimiento sobre el tema o su buena fe. Decir la verdad le hubiera otorgado muchos mejores dividendos.

Ya en mayo pasado, Latinus –el medio de comunicación de Carlos Loret- publicó el contenido de un informe de Transparencia Mexicana señalando que el Gobierno de Veracruz acumulaba $17 mil 522 millones 800 mil 955 pesos en créditos registrados por parte de la administración de Cuitláhuac García Jiménez, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tan sólo durante el 2020.

Aunque cierto, no se dijo toda la verdad. Lo que no se explicó es que estos créditos eran parte del proceso de reestructuración de deuda, misma que se hizo mediante licitación pública y abierta a la banca de todo el país. Los créditos sirvieron para liquidar los anteriores, y en ese proceso, se gestó el ahorro de los 3 mil millones de pesos en el monto total de la deuda del estado, calculada en unos 41 millones de pesos actualmente.

En cuanto al semáforo de alertas Veracruz logró escalar a verde en indicadores como la deuda pública y obligaciones sobre ingresos de libre disposición, el costo de servicio de deuda, y las obligaciones a corto plazo y proveedores y contratistas sobre ingresos totales. Ello sin contar, los grados de confianza que hoy le otorgan todas las calificadoras de riesgo.

No toda la deuda es mala. Y no es mala si –como sucede en nuestra economía doméstica- nos permite resolver una emergencia o emprender un proyecto de largo plazo en función de nuestra capacidad de pago. Incluso, el actual gobierno de Veracruz ha recurrido a esta herramienta para afrontar los compromisos de fin de año, mismos que se han liquidado en el transcurso del año siguiente.

Sin embargo, uno de los compromisos económicos e ideológicos más importantes del morenismo ha sido su negativa a la contratación de más deuda pública. Algo que incluso ha hecho el gobierno federal ante la emergencia sanitaria por la pandemia. Entonces, ¿para qué recurrir a una mentira?

 Las del estribo…

  1. Bajo el auspicio de su manto protector como diputados locales, muchos de ellos, de casi todos los partidos, se han lanzado sin pudor en busca de los votos. Así, lo mismo ayudan y reparten apoyos en colonias de cientos de municipios –Veracruz es un ejemplo- que ayudan a resolver “los problemas logísticos” del DIF Veracruz para repartir despensas; todos ellos con amplia cobertura mediática. ¿Y el OPLE?
  2. El “consumo solidario” se podría convertir en el más exitoso programa de fomento a la comercialización del gobierno estatal. Ya vivimos el éxito de la espontánea vendimia de higos y nueces de Tatatila. Esto generaría ganancia a los productores, precios accesibles a los consumidores y hasta una utilidad razonable a los intermediarios. Pero están tan metidos en las elecciones que no logran ver las soluciones que están en sus narices.