La impartición de justicia es uno de los principales objetivos de todo Estado de Derecho y uno de los métodos con los que cuenta para cumplir con su función esencial de garantizar paz y seguridad a los gobernados, pues uno de sus principales ideales es lograr el bien común y la sana convivencia de todos los miembros de la sociedad.

El sistema de administración de justicia en México se integra por Tribunales y órganos jurisdiccionales federales y locales facultados para resolver controversias surgidas entre particulares o entre éstos y el Estado, así como los conflictos que se presentan entre autoridades, todo ello con el firme propósito de hacer valer la Constitución y las leyes que de ella emanan, además de garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos.

Hacer efectiva la impartición de justicia de manera pronta, expedita, completa e imparcial, tal como lo mandata el artículo 17 constitucional ha sido uno de los grandes retos del Estado mexicano. La actividad jurisdiccional requiere agilidad y prontitud, sin embargo, los procesos judiciales no siempre se llevan a cabo de manera rápida, debido a la cantidad de asuntos que llegan diariamente a los juzgados, problemática estructural que se ha incrementado con la pandemia.

La eficacia procesal es fundamental para lograr una impartición de justicia de calidad, es por ello que además de la vía jurisdiccional tradicional se ha puesto en marcha la justicia alternativa, con la finalidad de dar celeridad a la resolución de conflictos.

La justicia alternativa fue elevada a rango constitucional el 18 de junio de 2008 a través de la Reforma al artículo 17 de nuestra Carta Magna que consagra los mecanismos alternativos para la solución de controversias como un derecho humano, señalando además que, en la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.

Como consecuencia de la citada reforma constitucional, las entidades federativas impulsaron reformas legales con la finalidad de implementar mecanismos alternos para la solución de controversias a través de centros especializados en la materia.

En nuestra entidad federativa, el Centro Estatal de Justicia Alternativa del Estado de Veracruz (CEJAV) es el organismo público descentralizado adscrito al Poder Judicial encargado de prestar de manera gratuita los medios para la solución de conflictos legales, a través de procedimientos de mediación y conciliación.

Es importante diferenciar ambos procedimientos, pues mientras en la mediación interviene un tercero imparcial y neutral llamado mediador, encargado de facilitar la comunicación entre las partes, en la conciliación participan uno o más conciliadores, quienes además de facilitar las vías de diálogo, tienen la facultad de proponer alternativas de solución.

Estos mecanismos tienen el propósito de agilizar y modernizar nuestro sistema de administración de justicia y ofrecer a la ciudadanía una manera más rápida y económica de dar solución a sus conflictos, sin necesidad de que intervengan de manera directa autoridades judiciales, sobre todo en la mediación en donde a diferencia de la conciliación y el arbitraje, las partes son las encargadas de proponer soluciones que pongan fin a su disputa.

El futuro de los mecanismos alternativos de solución de controversias y sobre todo la mediación se vislumbra de manera optimista en nuestro país, debido a su eficacia y brevedad, aunque es necesario aclarar que su objetivo no es sustituir al sistema judicial, sino funcionar como complemento, dotando a las partes de mayor responsabilidad y capacidad de decisión en la resolución de sus propios conflictos.

El propósito es privilegiar la agilidad procedimental para evitar rezago judicial, sobre todo en los tiempos que vivimos actualmente, en donde como consecuencia de la pandemia los procesos de impartición de justicia se vieron afectados; los MASC aún enfrentan muchos retos, mismos que seguramente habrán de superarse de manera exitosa con miras de cambiar el paradigma de acceso a la justicia, siempre en beneficio de los justiciables.

Aprovecho este espacio para reconocer el importante legado que deja a la humanidad la ministra de la Corte Suprema de Estados Unidos, Ruth Bader Gingsburg, quien lamentablemente falleció el pasado 18 de septiembre a la edad de 87 años; mujer aguerrida y profesionista comprometida con la lucha por la igualdad de género y la defensa de las minorías.

La jueza Ruth es un ejemplo de vida y profesionalismo para quienes aspiramos a construir un mundo más justo y equitativo, pues a través de su visión progresista revolucionó la impartición de justicia, participando en la construcción de una sociedad más incluyente y equitativa; el mayor homenaje que podemos rendirle es seguir su ejemplo y determinación, trabajando en favor de causas justas.