A Álvaro Belin, siempre.
El 3 de septiembre pasado, la Fiscal General del Estado Verónica Hernández Giadáns cumplió un año al frente de la dependencia, luego de una convulsa transición que convirtió a su antecesor Jorge Winckler y principales colaboradores en prófugos de la justicia. El aniversario sirvió para hacer un balance sobre las condiciones de seguridad que hoy se vive en Veracruz.
La funcionaria se adjudicó como uno de sus principales méritos aplicar un nuevo modelo de procuración de justicia, “diseñado para llevar a cabo de manera oportuna la investigación de los delitos, lo que contribuye a que las víctimas accedan a una procuración de justicia plena y expedita”. Dijo también que se acabaron las simulaciones de cifras, la clasificación inadecuada de los delitos a efecto de transparentar la realidad de la incidencia delictiva que ocurre en Veracruz.
Sin embargo, la transparente realidad de la incidencia delictiva que vive Veracruz en la óptica de la Fiscalía no coincide siquiera con las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y menos aún con la brutal realidad. Eso sin contar la cifra negra de delitos que se cometen y que no son denunciados, un vicio que no es propio del estado de Veracruz sino un cáncer de todo el sistema de justicia en México.
Desde hace algunas semanas, el Diario de Xalapa, uno de los principales medios que se publican en la capital veracruzana, ha dado puntual seguimiento al deterioro de la violencia y la inseguridad. En lo que va del año, en el estado se han denunciado más de 50 mil delitos de todo tipo, sin contar por supuesto los otros miles que se han cometido sin que se dé cuenta a la autoridad ministerial, ya sea por negligencia, desconfianza o amenazas contra las víctimas.
Según el reporte del SNSP, del primero de enero al 31 de julio de este año se cometieron en Veracruz 44 mil 495 delitos del fuero común –los 50 mil se habrían alcanzado en el mes de agosto- que incluyen homicidios, lesiones, secuestros, extorsiones, feminicidios, robos y violencia familiar, entre otros. En efecto, se observa un freno a algunos delitos de alto impacto –homicidios y secuestros, particularmente-, sin embargo la violencia feminicida sigue incontrolable.
El tema retoma importancia porque la fiscal puso énfasis en que su designación es la primera que se hace a favor de una mujer veracruzana. Sin embargo, el “cambio de paradigma” no ha tenido eco en un estado que sigue siendo el más peligroso en materia de violencia de género, donde la incidencia es 5 veces mayor que en el resto del país.
Según el recuento del SNSP, Veracruz sigue siendo el primer lugar nacional en delitos de violencia de género con 529 denuncias de enero a junio del 2020. Se han asesinado a más de un centenar de mujeres -52 feminicidios y 59 homicidios dolosos- y es séptimo lugar en delitos de violencia familiar, con 4,899 denuncias en el mismo periodo.
Las cifras de Secretariado Ejecutivo Nacional del Sistema de Seguridad Pública sobre la información sobre violencia contra las mujeres del 25 de julio, confirman que en violencia de género, Veracruz tiene una incidencia de 6.19 por cada 100 mil habitantes, superior a la media nacional que es de 1.41, es decir, cinco veces más.
Las cifras para Veracruz se dispararon en un 50% con respecto al mismo periodo enero-junio del 2019, cuando se tenían 312 denuncias por violencia de género y 2,397 denuncias por violencia familiar. En violencia familiar, la entidad registra una incidencia de 57.4 por cada 100 mil habitantes, por debajo de la media nacional que es de 81.6.
Si suponían que la pandemia nos daría un respiro, se equivocaron. En el recuento puntual de la reportera Itzel Molina, se da cuenta cómo en medio de la pandemia los robos y los homicidios en Veracruz han aumentado. Según la misma fuente del SNSP, entre mayo y junio hubo un incremento de mil 279 delitos. Los homicidios, las lesiones, los feminicidios, los robos, los delitos contra la familia, los fraudes, extorsiones, daño a la propiedad, el narcomenudeo y las amenazas son los delitos que incrementaron en sólo dos meses, es decir, prácticamente todos.
El “nuevo paradigma” de la FGE tampoco ha marcado diferencia con gobiernos anteriores. Según las cifras del gobierno federal, en cinco años y siete meses 55 mil 853 veracruzanos han sido víctimas de homicidio, lesiones, secuestros o extorsiones, cifra que corresponde a los dos últimos años de administración de Javier Duarte de Ochoa, el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares, y lo que va del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.
Durante el actual gobierno que aún no cumple dos años, 2 mil 540 veracruzanos fueron víctimas de homicidio doloso, 15 mil 30 de lesiones, 421 de secuestros y mil 285 de extorsiones. Durante el bienio del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares 3 mil 730 personas fueron víctimas de homicidio, 13 mil 843 de lesiones, 383 de secuestro y mil 206 de extorsiones.
Todas estas cifras corresponden al gobierno federal, las que se alimentan de los registros que envían las entidades federativas. ¡Y lo que falta!
Las del estribo…
- La primera mujer Fiscal en Veracruz, al igual que el gobierno que la impuso, carecen de empatía con las víctimas de violencia de género. Hasta julio, Veracruz sumaba 1,982 llamadas de emergencia por violencia, 58 llamadas relacionadas con incidentes de abuso sexual, 224 relacionadas con hostigamiento sexual, 62 con violación, 2,752 llamadas por incidentes de violencia de parejas y 19,802 llamadas por violencia familiar. Y ni siquiera hay titular del Instituto Veracruzano de la Mujer (IVM). ¿Para qué?
- El regreso de Veracruz a semáforo naranja es responsabilidad de las autoridades de salud a nivel federal y estatal. El uso de dos semáforos –mientras la federación dice amarillo, las autoridades locales dicen rojo-, provoca confusión y una falsa expectativa entre la población. La posibilidad de un rebrote será resultado de la falta de coordinación y no el “relajamiento” de los veracruzanos que necesitan medios para subsistir.