Con la reciente aprobación de las reformas a sus estatutos, el PRI podría haberse dado un tiro en el pie, justo en la víspera del inicio del proceso electoral.

Como aquí mismo se refirió, con los cambios aprobados hace una semana por el Consejo Político Nacional, el Presidente nacional del PRI ahora tendrá facultades para decidir todas las candidaturas en el país –incluidas las listas de legisladores plurinominales a nivel federal y en los estados- con lo que ha arrebatado el poder a los Gobernadores, los grupos parlamentarios y las dirigencias estatales. No se trató de un acto de democracia interna, sino de trasladar el origen de todo poder al CEN del PRI.

Esto implica entre otras cosas, por ejemplo, que la dirigencia nacional priista pueda desconocer y desautorizar cualquier alianza que a nivel estatal o municipal pretenda realizar el PRI. Bajo el argumento de que ya no habrá acuerdos que sólo beneficien a personas o grupos locales –el reparto discrecional de la plurinominales, por ejemplo-, el dirigente nacional podría dinamitar cualquier intento local de enfrentar a Morena con un frente amplio, como hoy se intenta realizar en Tabasco. Ambas acusaciones tienen fundamento.

Esto provocó una airada respuesta de las corrientes internas –muchas de ellas integrantes del propio Consejo Político-, lo que ha llevado que la propuesta final que mañana martes será presentada ante el Instituto Nacional Electoral (INE) ya haya sido impugnada en al menos en dos sentidos: la legalidad de la sesión del Consejo Político y el contenido del acuerdo.

En el primer caso, la inconformidad se refiere a la forma en que se realizó el Consejo Político. Convocado seis horas antes de su celebración –lo que resultó un verdadero albazo-, se establecía que quien quisiera intervenir tendría que hacer la solicitud con 24 horas de anticipación, por tanto no había posibilidad de que hubiera oradores. Ante la queja de cuadros de todo el país, la dirigencia nacional aceptó la intervención de algunos de ellos.

Sin embargo, al tratarse de una sesión virtual realizada en la plataforma de zoom, para los operadores del CEN resultó de lo más sencillo apagar todos los micrófonos, hacer una sesión fast-track con una audiencia amordazada, y acreditar con captura de campaña que los integrantes del Consejo Político habrían avalado con su silencio las reformas propuestas. La sesión del lunes pasado fue la más breve en la historia del Consejo Político.

En el segundo caso, las impugnaciones refieren que se trata de modificaciones a los Estatutos que lastiman los derechos de los militantes, que viola disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos y que incluso, algunas rayan en la inconstitucionalidad, por lo que se tendría que desestimar todo el acuerdo, y en consecuencia, también aquéllos que se han venido tomando en cascada en los Comités Directivos Estatales.

El problemas es que las reformas no sólo empoderan al Presidente del CEN del PRI, sino que en efecto, incluye muchas otras disposiciones que favorecen el reconocimiento de sectores y organizaciones de militantes; como ejemplo están los mexicanos migrantes que viven en Estados Unidos y que han reclamado los espacios de participación y representación que hoy se les ha concedido.

Así que, incluso antes de entregar el documento de reformas estatutarias al INE, el PRI inició un escarpado camino jurídico. En caso de que los tribunales electorales acrediten que el Consejo Político no reunió las condiciones de legalidad y certeza necesarias, y que por tanto, se tendría que reponer el procedimiento, se vendría abajo toda la reforma porque es posible que no haya tiempo –ni las circunstancias políticas- para realizar un nuevo Consejo antes del 31 de agosto, fecha en que vence el plazo para hacer modificaciones a los documentos básicos.

La otra posibilidad es que en efecto, se determine la inconstitucionalidad y la violación a la ley de partidos políticos, con lo habría dos posibilidades: que queden sin efecto aquellas disposiciones que la autoridad electoral considere violatorias o que se anule la totalidad del acuerdo, lo que se llevaría entre la red las urgentes reformas que necesita el PRI de cara al inicio del proceso electoral.

En ambos casos, se trata de al menos 80 recursos de inconformidad presentados por los consejeros políticos que supuestamente aprobaron el acuerdo. Pero eso no es todo. En caso de que el INE reciba y avale el documento que le será entregado mañana por la dirigencia nacional del PRI, los militantes inconformes también podrían recurrir a tribunales para combatir al acuerdo que el INE emita a favor de la reforma estatutaria priista, con lo que se iniciaría otro proceso judicial en paralelo.

En síntesis, quedarse con las reformas aprobadas causaría una ruptura con muchas corrientes políticas locales que ven con desconfianza la cercanía del líder nacional priista con el Presidente López Obrador. Ganar en tribunales y tirar la reforma, implicaría al PRI llegar en franca desventaja al inicio del proceso electoral, dificultando su organización interna e inhibiendo la participación de nuevos sectores de población antes olvidados.

La reforma estatutaria ha resultado un tiro en el pie.

Las del estribo…

1. Ante la falta de perfiles con experiencia y conocimiento de los problemas de la ciudad, el reconocido abogado Bertoldo Reyes Campuzano, fundador de La Academia de Abogados y Profesionistas afines, ex Subprocurador de Justicia, ex coordinador de la policía municipal de Xalapa, ex director de Reglamentos del Ayuntamiento, y experto en seguridad y procuración de justicia –uno de los principales problemas de la capital- alza la mano para contender como candidato ciudadano a la Presidencia Municipal. Las adhesiones no se han hecho esperar.

2. Policías municipales que tienen nexos con la delincuencia organizada en Álamo; elementos de la fuerza civil que siembran droga a motociclista en Martínez de la Torre o que atracan en grupo una papelería en Sayula de Alemán, es la radiografía cotidiana de la inseguridad en Veracruz. Acaso son un botón de muestra gracias a que hubo una cámara cerca. ¿Cuántos casos de delincuentes con uniformes de policía hay en el estado?