Hace tres días, el pasado lunes 20, en el auditorio “Ing. Catarino Morales Hernández” de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) se reunieron representantes de las 26 compañías constructoras que respondieron a la convocatoria SIOP-PF-2020-11 para participar en la Licitación Pública Nacional número LO-930007995-E71-2020 de la obra de construcción de 3.5 kilómetros del camino Sontecomapan-Montepío, en el municipio de Catemaco.

Ese día fue la apertura de las propuestas técnica-económicas y documentación distinta de los participantes. Y la próxima semana se les dará a conocer oficialmente a qué empresa le será asignada esta obra.

Pero entre algunos constructores concursantes ha surgido cierto malestar porque de la misma SIOP les ha llegado la versión de que desde antes de que los sobres sellados fueran abiertos para conocer los montos que cada uno propuso para la ejecución de dicho tramo carretero, este contrato supuestamente ya tendría dueño y que no sería precisamente el que ha presentado el presupuesto más bajo.

Se presume que la compañía que resultaría beneficiada sería la Constructora TERCO, S.A. de C.V., cuya representante legal es Janeth Trujillo Morales pero cuyos dueños son los hermanos Héctor Enrique y Christian Julián Cazarín Meza, que por su apellido paterno resultarían ser familiares de Juan Javier Gómez Cazarín, diputado local por el distrito de San Andrés Tuxtla –al que pertenece el municipio de Catemaco, donde la SIOP realizará esta obra carretera– y quien como presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura local se ha convertido en el principal escudo protector del titular de la SIOP, Elio Hernández Gutiérrez, mismo que casualmente se ha resistido a comparecer ante el Congreso del estado como lo han venido requiriendo algunos legisladores de la oposición para que rinda cuentas sobre varias obras de dudosa calidad que inclusive ya han provocado algunos trágicos decesos.

A principios de junio, por ejemplo, el coordinador del grupo legislativo del PAN y miembro de la Comisión de Comunicaciones del Congreso local, Omar Miranda, demandó la comparecencia de Hernández Gutiérrez tras los lamentables accidentes viales ocurridos en el bulevar Córdoba–Peñuela, en uno de los cuales perdió la vida una menor de 2 años de edad por la falta de señalización. Sin embargo, pese a estas y otras deficiencias de dicha obra que aún estaba inconclusa, fue pagada por la SIOP a la empresa responsable.

Precisamente debido a este caso, el pasado lunes Héctor Montes Parra, dirigente de la Unión General Obrera, Campesina y Popular (UGOCP), presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en contra del titular de la SIOP y del secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, por haber liquidado esta obra a pesar de que presenta varias irregularidades y quedó inconclusa. Pero, inexplicablemente, la denuncia no fue aceptada por Clementina Salazar Cruz, ex jefa de la Unidad de Género de la Oficina del Gobernador a la que sorpresivamente a finales de mayo pasado el Congreso local designó Fiscal Anticorrupción tras caérsele de última hora la candidatura a Aillet García Cayetano, directora Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública y esposa de Elio Hernández, la cual había sido perfilada inicialmente para dicho cargo.

Por otra parte, la solicitud del panista Omar Miranda y del diputado Gonzalo Guízar Valladares para que comparezca Elio Hernández no ha sido avalada por el presidente de la Comisión de Comunicaciones, Antonio García Reyes, recién expulsado del PRI por su apoyo al grupo legislativo de Gómez Cazarín.

En reciprocidad, el titular de la SIOP estaría por asignar la obra de Catemaco a la constructora de los familiares del presidente de la Jucopo, cuyo presupuesto de más de 17.7 millones de pesos está por arriba de los montos propuestos por otros 20 concursantes.

Por ejemplo, la empresa Ingenieros Civiles y Pavimento IKAEM, S.A. de C.V., presentó la propuesta más baja, de 14 millones 941 mil 384.70 pesos.

En este concurso, por cierto, participa también la compañía EYASA, S. de R.L. de C.V., de Julio García, a la que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador le acaba de asignar, por concurso, la construcción del Tramo 1 del Tren Maya.

Como se sabe, para este concurso internacional, la constructora xalapeña se integró al consorcio Lumat Tramo 1 formado por las empresas Mota-Engil México, China Communications Construction Company, Gavil Ingeniería y Grupo COSH, el cual obtuvo el puntaje más alto en la evaluación técnica y económica, por lo que resultó el ganador entre 14 propuestas para construir la vía férrea entre las ciudades de Palenque y Escárcega, en los estados de Chiapas y Campeche, con un costo de 13 mil 394 millones 942 mil 290 pesos con 34 pesos sin IVA.