Este domingo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) lanzó a través de un comunicado de prensa una retahíla de insultos y descalificaciones a los diputados federales del PRI por proponer que la empresa suspenda los cortes de energía eléctrica a los usuarios domésticos así como a las micro, pequeñas y medianas empresas, por lo que resta de la contingencia sanitaria ocasionada por el Covid-19. En lo que va del año, la CFE ha ordenado el corte del servicio a 2 millones 88 mil 409 usuarios por falta de pago.

Pero en lugar de responder con una respuesta técnica y financiera, la empresa que dirige Manuel Bartlett acusó a los legisladores priistas de exigir “con gran desfachatez” la suspensión de los cortes de energía cuando el PRI fue “el principal promotor de la de la reforma energética que llevó a la CFE a su deliberado debilitamiento favoreciendo la incursión de empresas privada, desplazándola de su principal misión social de llevar electricidad a todos los mexicanos.”

Lo que el comunicado oficial no menciona es que fue durante esta administración cuando el Presidente López Obrador condonó 11 mil millones de pesos a más de 500 mil usuarios en Tabasco, mismos que habrían dejado de pagar el servicio desde hace 25 años, a iniciativa del propio mandatario. De hecho, luego de la condonación en mayo del año pasado, más de 330 mil tabasqueños –quienes gozan de la tarifa más baja del país- siguen sin pagar sus recibos de luz, sin embargo a ellos no se les ha cortado el servicio.

En realidad el PRI no estaba pidiendo condonación –como sí lo hizo el Presidente-, ni prórroga como han pedido millones de usuarios, sino que simplemente la CFE cumpliera con su “misión social” y no los dejara sin el servicio de energía durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria.

El comunicado oficial de la CFE no sólo vulnera el derecho de los legisladores a presentar propuestas legislativas que resulten de demandas ciudadanas –esta ha sido presentada por millones de mexicanos-, sino que implica una flagrante intromisión a las funciones del Congreso de la Unión. En realidad, el insulto no fue sólo al PRI sino también a la Cámara de Diputados, desde donde surgió la propuesta.

Según la CFE, el PRI “exhibiendo ignorancia (o malicia), no reconoce el acuerdo entre la CFE y la Secretaría de Hacienda que establece que, pese al incremento del consumo eléctrico en los hogares del país, producto del confinamiento, estos permanecerán con el subsidio gubernamental que en condiciones normales, los llevaría a pagar tarifas de alto consumo. Esfuerzo que representa altos costos a la CFE en beneficio de la población”, pero seguramente no tan altos como la energía gratuita que se da a los paisanos del Presidente.

“Hoy, la cínica exigencia del PRI para que la CFE suspenda cobros y reconecte a deudores que, antes de la pandemia, arrastran adeudos injustificables, obedece a intereses partidistas en tiempos electorales” acusó la paraestatal, con lo que en los hechos se subió a la arena electoral, algo que las instituciones tienen prohibido.

La furibunda respuesta de la CFE a una demanda social contrasta con la pretensión de hacer excepciones en el Código Civil de la Ciudad de México –no tardan en copiarlo el resto de los gobiernos morenistas-, para que “que en contextos excepcionales y de emergencia como la actual pandemia, los inquilinos puedan solicitarles a los propietarios un arreglo o negociación para ajustar los términos del contrato.” Arreglos que en la misma situación de emergencia la CFE ha considerado como cínicos y maliciosos.

Es evidente que la propuesta de Morena de hacer cambios a las actuales leyes de vivienda, no sólo permitiría que los inquilinos dejen de pagar su renta y se vulneren los derechos de los arrendadores, sino que desalentará la inversión y podría mandar a miles de personas a juicios civiles. Si bien la condición es que haya un común acuerdo, la sola posibilidad de cambiar la ley a favor del arrendador abre la puerta de par en par a cualquier intención de despojo.

La iniciativa busca colocar “candados” a los dueños de inmuebles y flexibiliza la posesión de la propiedad a los inquilinos, al plantear que puedan cambiar el contrato de arrendamiento, e incluso dejen de pagar la renta, en tiempos del Covid-19, bajo el argumento de que “todo ciudadano mexicano tiene derecho a una vivienda digna”. Por supuesto que eso es un derecho constitucional, pero garantizarlo corresponde al Estado y no al arrendador.

“En caso de emergencia, desastres naturales, declaratorias de emergencia ambiental o natural, así como cualquier otra situación de fuerza mayor que paralice las actividades económicas e impida al arrendatario el cumplimiento del contrato, podrá solicitar al arrendador la renegociación transitoria o definitiva de las condiciones del contrato de arrendamiento”, propone en su artículo 2431 BIS.

Otra vez, la propiedad privada amedrentada frente a la intocable propiedad pública.

Las del estribo…

  1. La trifulca interna que se ha armado al interior del Tribunal Superior de Justicia (TSJE) a raíz de la salida de seis magistrados, muestra que se trata del mismo chiquero pero con nuevos marranos. Más empleados de la Secretaría de Gobierno, militantes morenistas sin carrera judicial y hasta la nuera de la magistrada Presidenta se apuntan en la lista de quienes podrían ser los nuevos magistrados a partir del mes de agosto. Antes se pagaban favores políticos, ahora se premia la incompetencia y el nepotismo.
  2. Según dijo el Presidente, se han vendido 1 millón 350 mil cachitos de los 6 millones que se emitieron para la rifa del avión presidencial –que ni es rifa ni se entregará el avión-. Quiere decir que de los 200 empresarios a los que pasó “charola” en febrero, sólo 33 le entraron con la cuota mínima y que por fuera no se ha vendido un solo boleto. Que vayan ahorrando funcionarios federales, gobernadores, legisladores y alcaldes de Morena para pagar las ocurrencias de su jefe.