Personal de la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA) intentó clausurar el crematorio La Luz, ubicado en el fraccionamiento Floresta de la ciudad de Veracruz, supuestamente por el mal funcionamiento de los hornos y por quejas que supuestamente recibieron de los vecinos de la zona.
Sin embargo, los hijos de la dueña del crematorio La Luz se opusieron a la colocación de los sellos de clausura, ya que aseguraron que los hornos funcionan correctamente y cuentan con los permisos correspondientes.
Al lugar llegó la subprocuradora de Asuntos Jurídicos de la PMA, Karina Miranda García, acompañada de más personal de la dependencia, para clausurar temporalmente el establecimiento.
“Tomando en consideración el riesgo que estamos viviendo ante la pandemia no sabemos si están funcionando correctamente los crematorios y sus hornos, por eso hemos decidido aplicar una clausura temporal”, expresó.
El operativo del personal de la PMA se efectuó mientras se cremaba el cuerpo de una persona fallecida por el COVID-19.
Incluso, una carroza arribó al lugar con el cuerpo de otra persona que perdió la vida a consecuencia del COVID-19.
No obstante que los hornos se encontraban en servicio, el personal de la PMA intentó colocar los sellos de la clausura temporal en la fachada del establecimiento, pero se opusieron Bertha y Joaquín Antonio Malpica Martínez, hijos de la dueña, y personal del crematorio.
La subprocuradora de Asuntos Jurídicos de la PMA insistió en que la dueña del crematorio carecía de permisos y licencia de operación, lo cual negaron los Malpica Martínez, entablándose una discusión que se prolongó por minutos.
Durante la discusión, se aclaró que el humo negro que sale por las chimeneas de los hornos es resultado de la cremación de cuerpos obesos, con un peso superior a los 150 kilos, siendo el lugar el único que cuenta con la infraestructura para proceder en esas situaciones.
Ante la oposición a la colocación de los sellos, la funcionaria de la PMA advirtió que la clausura ya no sería temporal, sino que sería total.
Durante la discusión, Joaquín Antonio Malpica Martínez señaló que la PMA intenta imponerles una multa de 4,500 UMAS, alrededor der 393 mil pesos, por supuesto mal manejo del crematorio.
Karina Miranda García afirmó contar con una resolución de una inspección al crematorio, pero Joaquín Antonio Malpica Martínez dijo que eso resultaba imposible, pues no han entrado al establecimiento, incluso se dijo dispuesto a revisar las cámaras de seguridad para comprobar que su dicho era una mentira.
Bertha Malpica Martínez se dijo extrañada del actuar de las autoridades de la PMA, pues se cremaron más de 260 cuerpos de personas fallecidas por COVID-19 tan solo en junio y si hubieran querido actuar en contra del establecimiento se cuestionó por qué no lo hicieron al inicio de los decesos por esa enfermedad.
El personal de la PMA intentó por segunda ocasión colocar los sellos de clausura en el crematorio, pero fueron impedidos de nueva cuenta por los Malpica Martínez y sus colaboradores.
Al percatarse que sería imposible realizar la diligencia, Miranda García y demás personal de la PMA decidieron retirarse del lugar, señalando que los Malpica Martínez rompieron los sellos de clausura, lo cual no fue así, y advirtiendo que se interpondría la denuncia correspondiente.
Finalmente, Bertha y Joaquín Antonio Malpica Martínez consideraron que la PMA solo quiere dinero con la imposición de la multa de 4,500 UMAS y la clausura total del crematorio.
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