Independientemente de los magros resultados en materia de seguridad y justicia del gobierno federal, la detención del ex director de Pemex, Emilio Lozoya; y de César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, son hechos que deben celebrarse.

Sin embargo, en medio del beneplácito por la aprehensión de los principales saqueadores del país, flota en el ambiente la posibilidad de que sólo se conviertan en monedas de cambio del Presidente para ir armando el tablero electoral de cara a la próxima elección federal.

Por eso no deja de ser desconcertante la expresión del López Obrador del 26 de junio pasado, cuando dijo que “es posible terminar con la corrupción «perdonando a la mafia en el poder».  «Claro que sí, claro, ¿Por qué no?, si hay una circunstancia nueva, si ya no tienen posibilidades de robar y además son mal vistos», dijo durante su conferencia matutina. ¿A qué se refería? ¿A quién se refería? ¿Puede estar por encima de la Justicia para extender perdón a un delincuente?

Por supuesto nadie ignora el impacto que tendrá el encarcelamiento de dos figuras emblemáticas del priismo en las próximas elecciones. La inmediata reacción de del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno “Alito” no fue más que la expresión del nerviosismo que empieza a arropar al PRI. En ambos casos, se trata de desvío de recursos multimillonarios que no sólo fueron a parar a casas y propiedades, sino principalmente a campañas políticas.

Hasta ahora no está claro quién sería el principal afectado de estas detenciones, si el PRI, el ex Presidente Peña Nieto o ambos. En todo caso, el gobierno de la 4T tendrá oro molido de la información que obtenga de ambos personajes; hasta ahora, persiste la percepción de un acuerdo entre López Obrador y Peña Nieto, lo que generó una transición pacífica y una aparente inmunidad para ambos.

Por supuesto las declaraciones de ambos llevarán irremediablemente a Los Pinos y al edificio de Insurgentes Norte. Y entonces el Presidente decidirá, con base en sus encuestas, cual sacrificio le será más rentable. Defenestrar al PRI –que dicho sea de paso expulsó hace tiempo a César Duarte- no tendría tanto efecto como el que Peña Nieto sea llevado a la justicia.

El problema para el PRI no sólo será el descrédito de dos de sus cuadros –aunque Emilio Lozoya nunca fue un personaje relevante en el Partido-, sino que en efecto, aporten información sobre el dinero que hicieron llegar a las campañas políticas. Información que podría alcanzar a otros connotados personajes, obligando al Partido a abortar una posible alianza electoral y optando por pactar impunidad con el régimen.

Al mismo tiempo, se podrán aportar elementos para acreditar sanciones económicas por parte del INE, lo que dejaría sin dinero al PRI en plena campaña electoral. Sin duda, la pena para Lozoya y Duarte será en la medida en que cooperen con la información que necesita el Presidente. Sin dinero y obligado a abandonar la alianza electoral, el PRI camina rumbo a la extinción.

Confirman reestructuración de la bursatilización

Hace un par de días, en este mismo espacio dimos a conocer que el gobierno estaba negociando un nuevo esquema para reestructurar la bursatilización a la que se inscribieron 199 municipios hace 12 años, durante el gobierno de Fidel Herrera.

Ayer el Secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco, confirmó que este proceso iniciará manera inmediata, aprovechando que los bancos también buscarán formas de enfrentar la crisis financiera a través de la reducción de sus tasas de interés. Si las condiciones de la reestructuración son aceptadas por los Ayuntamientos, el proceso podría concluir antes de que finalice el año, lo que liberaría recursos para el siguiente año fiscal.

Cabe recordar en la emisión bursátil de 2008, durante la administración del entonces gobernador Fidel Herrera Beltrán, participaron 199 municipios, con un crédito inicial de poco más de mil 200 millones de pesos. Doce años después, el saldo de la deuda es de mil 400 millones, es decir, los Ayuntamientos ¡sólo han pagado intereses y la deuda es aún mayor!, por increíble que parezca.

Lima Franco explicó ayer que se trata de una emisión bursátil, por ello la sobretasa es demasiado alta, además de que esta indexado a la inflación, es decir, los pagos de intereses y el pago del principal se van ajustando por el incremento de los precios de bienes y servicios; crece la inflación, crece la deuda, por lo que se trata de un esquema muy caro para los municipios.

Las del estribo…

  1. De la visita del Presidente a Washington, rescato un tuit del diputado federal Héctor Yunes: “¿Los 57 mil 475 mexicanos deportados en el primer trimestre del año, el casi medio millón de ‘dreamers’ mexicanos, las familias que fueron separadas y cuyos hijos fueron confinados en jaulas, también pensarán que Trump “se ha portado con gentileza y respeto” como hoy dijo AMLO?”
  2. El ínclito alcalde xalapeño Hipólito Rodríguez anuncia multas de hasta 1 mil 500 pesos por no usar cubrebocas. ¿Quién cobrará las multas? ¿agentes de tránsito, inspectores municipales, personal del Ayuntamiento? Si en la calle hay cien personas infringiendo esta disposición, ¿a quién cobrarán la multa? ¿a todos, sólo algunos? ¿Cobrarán ahí en efe, darán la multa para ir a pagar a Palacio? ¿Y si no pagan? ¿De cuánto será la mordida? No cabe duda que la ignorancia es osada.