Tal parece que Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Pemex, está por seguir los mismos pasos del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, extraditado en 2017 de Guatemala.
Y es que al igual que el exmandatario veracruzano, Lozoya no sólo está por ser trasladado de España para ser puesto a disposición de un juez del Reclusorio Norte de la Ciudad de México –donde actualmente están internados Duarte de Ochoa y otros personajes cercanos a los expresidentes priistas Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, como el abogado Juan Collado–, sino que además habría convenido con las autoridades mexicanas que lo requieren, ser juzgado por lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, casi los mismos delitos que le imputaron al político jarocho y que además, en un proceso abreviado, podría ser beneficiado con una pena mínima como la que le fue impuesta al exgobernador de Veracruz, sentenciado a solo 9 años de prisión.
Recuérdese que a Duarte originalmente se le pretendía juzgar por “delincuencia organizada”, lo que hubiera casi triplicado sus años en prisión. Sin embargo, en un presunto acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) le fue variado el delito por el de “asociación delictuosa”, lo que redujo a menos de la mitad su tiempo de reclusión.
Llamó la atención que este martes el abogado defensor del exdirector general de Pemex, Javier Coello Trejo, después de que el fiscal Alejandro Gertz Manero anunció en conferencia de prensa que Lozoya había presentado un escrito a la Audiencia Española mediante el cual acepta ser extraditado a México, difundiera inmediatamente un comunicado para notificar que “ya desde hace un mes”, por “así convenir a nuestros intereses y de común acuerdo con Emilio Ricardo Lozoya Austin y su familia”, su despacho jurídico había tomado la determinación de “no continuar con la defensa penal en México.”
“Este despacho se ha caracterizado en ser leal hacia sus principios y convicciones, pero debido a la divergencia sobre las decisiones en las estrategias jurídicas tomadas, es que decidimos apartarnos de la defensa y así desearle a Emilio y a toda su familia una conclusión favorable en beneficio de sus intereses”, concluye el comunicado de Coello Trejo, un experimentado abogado de origen chiapaneco cuya tesis de titulación fue paradójicamente la de “El Ministerio Público frente a la corrupción priista” y el cual, en el sexenio del expresidente José López Portillo (1976-1982), se ganó el mote de “Fiscal de Hierro” porque como titular de la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción investigó a tres mil funcionarios, exfuncionarios, empresarios y empleados del sector privado, de los cuales encarceló a mil 200.
¿Cuál habrá sido su “divergencia” con Lozoya, quien será juzgado por la fraudulenta compra de Agronitrogenados y por los millonarios sobornos del consorcio brasileño Odebretch, casos que no solamente podrían alcanzar al expresidente Peña Nieto y excolaboradores cercanos, sino además a los últimos dos exgobernadores priistas de Veracruz, en cuyas administraciones la trasnacional carioca desarrolló el proyecto de Etileno XXI en Coatzacoalcos y con los que el exmandatario mexiquense también terminó políticamente mal, sobre todo con Duarte de Ochoa?
Avanza FGE en crimen de rectora
Por cierto, acerca del aberrante crimen de la rectora de la Universidad Valladolid, Guadalupe Martínez Aguilar, ocurrido este lunes en la zona conurbada de Xalapa y Las Trancas, municipio de Emiliano Zapata, este martes, durante la mesa para la Coordinación de la Construcción de la Paz celebrada en Palacio de Gobierno, la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns anunció que ya se cuenta con dos líneas de investigación.
La titular de la FGE dijo que gracias a los trabajos de investigación de la Policía Ministerial y de la Dirección de Servicios Periciales se consiguieron datos importantes que permitirán dar muy pronto con la captura de los responsables materiales e intelectuales de este hecho delictivo.
Ante los integrantes de la mesa, presidida por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, la Fiscal indicó que gracias a la colaboración y coordinación con fuerzas federales y la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz se pudo obtener información importante sobre este homicidio.
Por ello, Hernández Giadáns garantizo que pronto se dará con los implicados en este caso, con el objetivo de que ningún delito quede impune y se garantice la procuración de justicia en Veracruz.
Ojalá deveras se resuelva pronto y no vaya a sumarse a los miles que siguen impunes, ya que la mayoría de esos casos no tuvieron la resonancia nacional de este deleznable homicidio.