La expresidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Karime Macías de Duarte presentó denuncia formal contra el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares y el exfiscal general Jorge Winckler Ortiz.

En su denuncia formal argumenta que los dos exfuncionarios públicos usaron el cargo que ostentaban para coaccionarla, amenazarla, violar la intimidad de ella y su familia; incurrieron en abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y tráfico de influencia, para capitalizar electoralmente el presunto desvió de recursos en la administración de Javier Duarte.

Lo anterior, para ganar adeptos y permitir que Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del exgobernador diera continuidad, ahora por seis años, a la transición política que se generó cuando el PAN arribó al poder.

Durante la narrativa de la denuncia, la presidenta del DIF del 2010 al 2016, explica que no pudo incurrir en desvío de recursos pues su cargo era honorario y estaba limitada en su operación o actuar en dicha institución, según el reglamento interno del DIF.

A pesar de ello, se inició una campaña de desprestigio en su contra y la de su familia, incluso, se difundió la imagen completa de sus tres hijos, lo que es violatorio a sus derechos humanos, y los ponía en riesgo al ser víctimas de la campaña de desprestigio y odio.

Macías Tubillas confirma que salió del país, luego de que fue acosada en Coatzacoalcos y Chiapas, a donde se fue a vivir con sus hijos, lo anterior, como parte de la campaña que inició Yunes Linares y el propio Winckler Ortiz en su contra. Hecho que después se quiso capitalizar al difundir su forma de vida y denunciar que se había evadido de la justicia.

“Invadían mi intimidad personal y la de mi familia, grabando, transmitiendo y reproduciendo imágenes y sonidos de nuestros domicilios y de nuestra vida personal, ello sin motivo ni justificación alguna, pues reitero, ninguno de nosotros y mucho menos mis menores hijos, tenían injerencia en asuntos donde el investigado era una persona distinta a nosotros, por lo que no existía razón ni fundamento para que ser perseguidos y atacados”.

Consideró que de manera constante provocaron peligro inminente contra su persona y familia, ya que, al haber divulgado y difundido su ubicación y domicilio,” se puso en riesgo que grupos delictivos o terceros motivados por el odio sembrado, realizaran acciones en agravio de la suscrita, de su familia y sobretodo de sus menores hijos, a quienes de ninguna manera se les respetaron sus derechos humanos, ni se les protegió su identidad”, expuso en la queja.

Recordó que el 27 de mayo el 2018 el entonces Fiscal Jorge Winckler lanzó un comunicado oficial donde le vinculaban como partícipe de delitos en agravio del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, y a su vez, anunció una orden de aprehensión girada en su contra, “donde infundadamente me acusa de haberme sustraído de la acción de la justicia”.

Ese mismo mes se presentó un video donde relevaban su ubicación y forma de vida en Reino Unido, en ese caso, explicó, se configura el delito de “tráfico de influencia” de parte del exgobernador, pues se aprovechó de la autoridad que en ese momento tenía para realizar actos que no le correspondían.

“Todavía solicitó mi detención a la Procuraduría General de la República, sin ser esa su función, violentando notoriamente el principio de legalidad y, se insiste, vulnerando mis derechos humanos como el debido proceso y la presunción de inocencia”.

Además, denuncia, Ilícitamente se hicieron valer de su posición jerárquica para lesionar la esfera jurídica de sus hijos, a quienes molestaron, hostigaron y atacaron a pesar de su condición, causando un daño irreparable.

Los abogados de la expresidenta del DIF formalizaron la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández Giadáns.

AVC/Isabel Ortega

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